La Fiscalía advierte al Gobierno canario de que podría incurrir en un delito de abandono de menores si se niega a acogerlos

La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha emitido este viernes un decreto en el que avisa al Gobierno canario de que puede cometer un delito de abandono de menores si pone impedimentos al acogimiento de niños y adolescentes migrantes llegados a las islas, según fuentes del ministerio público. La iniciativa de Martínez se produce un día después de que el Boletín Oficial de Canarias publicase el nuevo protocolo de admisión de menores migrantes no acompañados aprobado por el Ejecutivo de Coalición Canaria y PP: un protocolo que condiciona la acogida de menores a la realización de una serie de trámites previos que van desde la reseña policial a entrevistas individuales a los chicos. Esos trámites dilatarían el tiempo que un niño recién desembarcado pasaría en una instalación policial en lugar de en un centro especializado.

La fiscal superior de las islas establece los pasos que han de seguir a partir de ahora los fiscales que se encuentren de guardia en el momento en el que arribe un cayuco con uno o más menores no acompañados. Si los fiscales tienen conocimiento de que el Ejecutivo autonómico se niega a ingresar en la red de acogida a ese menor a pesar de que este haya sido “debidamente reseñado de acuerdo a lo establecido en el Protocolo Marco del 2014″ (el que estaba vigente antes de la iniciativa lanzada esta semana por Canarias), los funcionarios tendrán que dirigirse de oficio inmediatamente a la Dirección General de Protección de la Infancia y de la Adolescencia de las islas. Y ante ella reclamarán que se adopten las medidas necesarias a fin de que dicho menor sea acogido “de forma inmediata” en el centro que se indique. La fiscal asume que, hasta que se haga efectiva esa acogida, serán los agentes de la Policía Nacional quienes deban atender a los menores con las “medidas de protección” que precisen (comida, alojamiento, etcétera).

Además, el fiscal de guardia tendrá que remitir a la Fiscal Delegada de Trata de Personas y Extranjería, Teseida García, un “informe detallado” de las circunstancias personales del menor y de las de su llegada (personas que iban en la embarcación, días de navegación, si ha habido algún fallecimiento), además de su estado de salud.

Ese documento, recalca el decreto fiscal, deberá “identificar de forma detallada a las personas de la Dirección General de protección de la Infancia que o bien no responden a las llamadas o bien les contesten que no tienen capacidad de acogida para dichos menores o bien que no se van a hacer cargo de los mismos con base en el Protocolo publicado el día 12 de septiembre del 2024 en el BOC”. Cuando este sea el caso, los fiscales de Trata de Personas y Extranjería deberán incoar las correspondientes Diligencias preprocesales de investigación por si se hubiese cometido por parte del Gobierno de Canarias un delito de abandono de menores, “sin perjuicio de cualquier otro delito que pudiera aparecer en el curso de la investigación”.

Este decreto de la fiscal María Farnés Martínez constituye un nuevo capítulo en la escalada de tensión en torno a los menores migrantes desatada en las últimas semanas entre el Gobierno central y el presidente canario, Fernando Clavijo. Su Ejecutivo tutela en la actualidad a unas 5.300 personas de menos de 18 años llegadas en barco a las islas, situación que lo ha llevado a declararse “desbordado” en repetidas ocasiones.

El 23 de julio, el Congreso de los Diputados rechazó la reforma de la ley de extranjería que buscaba hacer obligatoria para las comunidades la acogida de menores migrantes. Junts, Vox y el socio de gobierno de Clavijo en las islas, el PP, votaron en contra de esa reforma. Clavijo, sin embargo, ha cargado contra los socialistas, partido con el que elaboró la propuesta legal. “Estoy profundamente decepcionado con el PSOE”, aseguró en una entrevista reciente con este periódico. Desde el 23 de julio, el PSOE, el PP y el Gobierno de Canarias han mantenido diversas reuniones para acercar posturas, con las dos partes —Gobierno central por un lado, Ejecutivo autonómico y PP por el otro— acusándose mutuamente por la falta de acuerdo.

El 2 de septiembre, Clavijo pasó abiertamente al ataque y lanzó varios mensajes: en primer lugar, que los menores que llegaban sin progenitores no están desamparados sino bajo la custodia policial, por lo que son competencia del Estado y no de las comunidades autónomas. En segundo lugar, exigió que se cumpliesen a rajatabla los exhaustivos protocolos fijados en 2014 antes de aceptar un niño sin tutor, lo cual puede dilatar durante horas ―si no días― el ingreso en un centro. Y diez días después, el pasado jueves, aprobó un nuevo protocolo que endurece esos trámites. El archipiélago sostiene que muchos de los menores son entregados a las organizaciones que gestionan los centros sin pasar por el Gobierno canario y sin que se hayan elaborado los informes preceptivos.

Ese mismo día 2, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó una propuesta de acuerdo que prohibía a las entidades colaboradoras recibir a nuevos migrantes “salvo la previa comunicación de conformidad o la autorización expresa” del Ejecutivo autonómico. Esta decisión llevó a la ONG Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado a registrar el día 10 ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias un recurso contencioso-administrativo en contra de este movimiento, que considera “contrario a los derechos fundamentales de los menores y del interés superior del menor”. A finales de esa misma semana, el Gobierno lanzó otro mensaje al anunciar que instalaría una carpa en el muelle de La Estaca, en El Hierro, para atender a menores.

La tensión se ha incrementado esta semana. El martes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajó a Tenerife para anunciar junto a Clavijo un acuerdo conjunto para aunar criterios de cómo debería ejecutarse la derivación de menores migrantes entre comunidades. Este anuncio irritó a La Moncloa. Dos días después, el Boletín Oficial de Canarias publicaba un nuevo protocolo que actualizaba el de 2014, el cual ha provocado el decreto de la fiscal superior de Canarias.

Este viernes, Clavijo ha defendido su nueva normativa y ha dicho que está orientada a “garantizar la seguridad de los niños”, pues “no era normal que, sin tomar huella, fotografía o identificar, los niños fuesen entregados a una ONG, ni siquiera a la comunidad autónoma”, según recoge Efe. “Está hecho con toda la buena intención. Nos hubiese gustado, de alguna manera, haber tenido más fluidez con el Gobierno de España para poder pactar las cosas, pero es que si no se quieren sentar es complicado que podamos avanzar y lo que nosotros no vamos a hacer es ser cómplices, porque en estas situaciones no hacer nada también es una decisión”, ha rematado.