La reforma de la ley de extranjería echa a andar en el Congreso con el Gobierno y el PP alejados del acuerdo

La reforma de la ley de extranjería, con la que se pretende imponer a las comunidades autónomas la acogida de menores extranjeros no acompañados para aliviar a Canarias, Ceuta y Melilla, ha iniciado este lunes su tramitación en el Congreso, pero con pocos visos de prosperar. Este lunes el PP presentó un documento con medidas “irrenunciables” para el acuerdo, entre las que exigen un mayor control de fronteras o la declaración de emergencia para todo el territorio. A pesar de esta iniciativa, fuentes de la dirección del partido admiten en privado las dificultades para dar luz verde a la reforma de la norma que promueven el Gobierno central y el de Canarias, del que forma parte el PP: “A día de hoy, estamos muy lejos de apoyarlo. El Gobierno tiene que hacer un movimiento de calado, no nos vamos a dejar arrastrar”. En un foro en La Razón, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció el “efecto llamada” de la reforma del Gobierno y volvió a hablar del riesgo de “avalancha”, llegando a cifrar en “70.000 personas más” las posibles llegadas en los próximos meses, una previsión difícilmente calculable. Para Feijóo, uno de los problemas del texto registrado en el Congreso es que solo atiende a Canarias, Ceuta y Melilla, que es la prioridad expresada por el Gobierno desde que, de la mano del Ejecutivo insular, puso encima de la mesa la opción del reparto obligatorio de menores migrantes.

La semana pasada, el PP aceptó en la Conferencia Sectorial de Infancia un reparto voluntario de 347 menores migrantes (insuficiente para aliviar el colapso de Canarias), que provocó que Vox rompiera sus cinco Gobiernos autonómicos. Con el envío de una propuesta por carta al Ministerio de Política Territorial, la dirección nacional del PP mueve ficha presionada también por varios de sus barones, que rechazan la reforma. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la calificó este lunes como “una verdadera tomadura de pelo”. Su homólogo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que gobierna en minoría tras la ruptura Vox, sostuvo con claridad que el PP no puede apoyar esa ley, que es “frívola, no es seria y no es rigurosa”. Y en este contexto se va a abordar en el Congreso la reforma legal, en la que el apoyo de los populares es indispensable para que la proposición de ley se tome en consideración el próximo 23 de julio, en el último Pleno antes del receso vacacional.

La misiva del PP comienza con una advertencia: “Si hubiese un verdadero sentido de la responsabilidad por parte del gobierno, estaría tomando medidas dentro de sus competencias migratorias para resolver la causa que origina esta crisis migratoria”. Y añade: “Sin un plan económico potente para invertir en el control de fronteras, que incluya medios técnicos, tecnológicos y humanos, ayudas a las comunidades, políticas de cooperación con los países emisores y de repatriación de las personas en situación de irregularidad que tengan expedientes de expulsión, el Partido Popular, no apoyará lo que no es más que un parche”. Estas son las condiciones de los populares:

Declaración de emergencia migratoria para todo el territorio nacional. El PP reivindica que la declaración de emergencia vaya más allá de Canarias, Ceuta y Melilla. La medida tiene una intención simbólica —“por las cifras que en este momento existen, sino también por las previsiones para los próximos meses”—, pero además práctica porque con la declaración de emergencia, como ocurrió en la pandemia, pueden realizarse adjudicaciones directas y de forma urgente lo que garantizaría un rápido despliegue de instalaciones o contrataciones. La habilitación de recursos y contratación de personal suficiente es una de las preocupaciones de las comunidades (no solo del PP) ante la hipotética aprobación de esta medida. La reforma contempla dos tipos de derivaciones que, según el territorio, pueden dar poco margen de actuación. La principal es con la que pretende aliviar a las islas y consiste en trasladar, en 12 meses, a un número suficiente de menores (3.000 en la coyuntura actual) para que Canarias, Ceuta y Melilla no superen el 150% de su capacidad. La segunda derivada implica que una vez que alguno de estos territorios esté por encima de ese 150%, las comunidades tendrán 15 días para asumir la acogida de cada nuevo menor que llegue, un margen pequeño si no se está preparado para la acogida. En cualquier caso, cada comunidad autónoma tiene la facultad de declarar la emergencia para agilizar sus contrataciones de obras y servicios, por lo que la petición del PP sugiere que pretende que el Estado se haga cargo de todos los costes, a pesar de ser una competencia autonómica y de que la reforma ya incluye una dotación específica para desplegar recursos, más allá del gasto diario de cada menor.

Sin embargo, las declaraciones de Feijóo —“entonces, cuando Valencia, que está fuera de su capacidad, o Murcia o Andalucía tengan los problemas de Canarias, ¿volvemos a modificar la ley orgánica?”— dejan entrever que la pretensión es que todas las comunidades puedan acogerse al reparto, aunque no lo dice expresamente en la carta. El Gobierno no se ha cerrado a esta posibilidad una vez aprobada la reforma, aunque pone en duda cómo se calcula la capacidad de acogida de una comunidad como la valenciana, que denuncia estar saturada con 1.000 menores cuando Canarias acoge 6.000.

Garantizar la minoría de edad. Los populares quieren implicar a la Fiscalía en el procedimiento de reparto, con una petición casi idéntica a la realizada por ERC para aprobar la ley. Ambos grupos quieren asegurarse de que los menores que salgan de Canarias lo hagan con un decreto de minoría de edad emitido por la Fiscalía, el órgano competente en el procedimiento. El problema de esta petición es que la Fiscalía ya está saturada en este ámbito, en Canarias y en el resto de territorios, y, según denuncian las comunidades, tarda meses en emitir estos certificados. El atasco depende además de los recursos a disposición de los centros médicos ya que el decreto requiere de un examen forense previo y realización de radiografías. La exigencia podría aplicarse en la reubicación principal que tiene 12 meses de plazo, pero parece inviable en los traslados que deben hacerse en menos de 15 días.

Presentación de un plan de política migratoria. En su carta, el PP demanda un plan para que ejerza “con mayor intensidad y eficacia sus obligaciones en materia de inmigración para contener sustancialmente las entradas irregulares”. Demanda un refuerzo del control de las fronteras marítimas y más visados de tránsito para viajeros de países que han usado los aeropuertos españoles para hacer escala y pedir asilo. También piden “las inversiones necesarias con los países de origen”. Es una petición genérica que se entromete en la política interior y exterior del Gobierno. Fuentes gubernamentales mantienen que ya se está ejecutando todo lo que el PP reclama en ese sentido.

Compromiso financiero. El PP reprocha la falta de una memoria económica de la financiación que se va a destinar a esta acogida obligatoria y afirma que solo hace referencia a una financiación exclusivamente del primer año de acogida “cuando se debería soportar por parte del Gobierno su totalidad durante el tiempo de tutela”. Es imprescindible, afirman, que haya “un compromiso financiero mediante un fondo de contingencia plurianual”. La propuesta de reforma establece “una financiación suficiente en tanto los menores mantengan esta condición”. Fuentes que han participado en la elaboración de este texto consideran que el dinero “no es un problema”, pero que la letra pequeña debe debatirse una vez que se haya aprobado.

Cubrir la acogida hasta su emancipación. Aquí el PP vuelve a coincidir con ERC, que ha reivindicado que el sistema de acogida catalán acompaña a los menores extranjeros más allá de su mayoría de edad (hasta los 21 años) y que esta atención debe estar incluida en su financiación. La propuesta de ley deja claro en varias ocasiones que el coste se cubrirá mientras “se mantenga la condición de menor de edad”.

El Gobierno debe habilitar los medios y su gestión directa. Los populares piden que se recoja de forma expresa que, una vez que una comunidad autónoma “exceda la capacidad de los recursos instalados, corresponderá a las autoridades del Gobierno central habilitar los medios y su gestión directa”. Argumenta que la imposición del reparto, “sin existir los medios para la acogida” hace “imposible” que esta sea “efectiva”. La cuestión en este punto es que la competencia de la tutela y acogida de menores es autonómica y no estatal.

Sin excepciones para Cataluña. Ante las exigencias de Junts de que Cataluña quede fuera del reparto, el PP “exige garantías” de que la acogida será obligatoria para todas las comunidades, “sin excepción”. “Debe quedar reflejado, de forma que no pueda evitarse posteriormente mediante transferencias de competencias en inmigración a ninguna comunidad, tal y como se ha expresado en estas últimas semanas”. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya declaró en una entrevista a EL PAÍS que esa supuesta cesión es “jurídica y políticamente inaceptable e inviable”.