Ángel Víctor Torres: “Si la reforma no sale, los menores y el Gobierno de Canarias tienen un problema”

Ángel Víctor Torres (Arucas, Gran Canaria, 58 años), ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, lleva meses negociando con el Gobierno de Canarias una reforma legal para que las comunidades autónomas se vean obligadas por ley a compartir la acogida de menores migrantes no acompañados. Pero el miércoles, durante la Conferencia Sectorial de Infancia que se celebró en Tenerife, las representantes de las comunidades del PP dejaron claro que no lo tendrá fácil para que la reforma salga adelante en el Congreso con los votos de los populares. Torres, en cualquier caso, confirma que el PSOE, Sumar y Coalición Canaria presentarán el texto este mismo lunes.

Pregunta. ¿Está Canarias abocada a gestionar sola la acogida de más de 6.000 menores migrantes no acompañados?

Respuesta. Para eso [no ocurra] solo hay una salida, la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. Esa es la única solución para que hoy Canarias, como antes Andalucía en 2018 o Ceuta en 2021, no tenga que gestionar sola la acogida de los menores no acompañados.

P. No parece que el PP esté por la labor de aprobar esa modificación legislativa y sin el PP no se puede realizar.

R. El comienzo de la próxima semana será definitorio. Hay un pleno el 23 de julio, si tenemos el sí del PP manifiesto, incluso se podría aprobar por decreto-ley porque tendríamos suficiencia para la convalidación parlamentaria. Quedan diez días claves.

P. Pero les faltan los votos necesarios. No tienen ni los del bloque de investidura. Junts exige la delegación integral de las competencias en inmigración y que esos menores no lleguen a Cataluña.

R. Eso es jurídica y políticamente inaceptable e inviable.

P. ¿Qué ganan el Gobierno de Canarias y el Gobierno central forzando la votación en el Congreso?

R. No lo forzamos. Estamos terminando un proceso que empezó hace siete meses. Me resisto a pensar que tienen que buscarse otras soluciones a la única posible. Lo otro son medidas paliativas. No puede ser que se condene a un territorio, porque sea frontera, a que sea el que tenga que acoger a todos los menores, porque así está en la Constitución y los estatutos de autonomía. Hoy es el momento de un debate histórico, de decir hay que cambiar las leyes para que esto no ocurra.

P. Los gobiernos del PP y de Vox han aprobado leyes de concordia para suprimir la palabra dictadura, para no retirar símbolos franquistas, han legislado contra la violencia machista... ¿Cuál es su lectura de que rompan sus gobiernos ante la acogida de unas decenas de migrantes de menores no acompañados?

R. Es asombroso que lo que fragmente a la derecha y la ultraderecha sea la respuesta a unos niños y niñas. Ambas formaciones están demostrando una insolidaridad... Vox se niega a acoger a 340 menores en el conjunto del país, pero le parece perfecto que se queden 6.000 en Canarias. Y el PP no es capaz de aprobar una modificación de ley para distribuir a 3.000 menores por el conjunto del territorio español. La ruptura es una buena noticia para el conjunto de la sociedad.

P. ¿La ruptura de PP y Vox en sus gobiernos autonómicos abre una ventana de oportunidad?

R. El PP tiene que demostrar ser un partido de Estado. Ponemos sobre la mesa una solución definitiva para el presente y para el futuro, para cualquier comunidad que tenga la presión que hoy tiene Canarias. Para que el resto de las comunidades dijeran que están tan saturadas como las islas, tendría que haber en el resto de España 130.000 menores migrantes no acompañados y hay 15.000. Ahora el PP tiene una oportunidad única para desmarcarse de quienes han sido sus socios tomando decisiones lógicas: romper con Vox también en los ayuntamientos donde gobiernan y decir sí a la modificación legislativa para la acogida de menores entre todas las comunidades autónomas. Ahora el PP tiene la oportunidad de rectificar cosas que han dicho estos días como la propuesta de sacar la Armada contra los cayucos o reconsiderar las llamadas “leyes de concordia” con las que han derogado varias leyes autonómicas de memoria democrática.

P. Dice que la reforma de la ley se trata de la solución definitiva, ¿no es muy ambicioso?

R. A falta de conseguir una iniciativa mejor, esta es la que entendemos que responde a lo que no se ha conseguido en todas las [crisis] anteriores. Por eso digo que es una solución definitiva para un territorio frontera para que sepa que esos menores no quedarán todos en su territorio. No solamente hay que darles de comer; hay que darles formación, hay que hacer un seguimiento de la etapa de escolarización obligatoria, hay que tutelarlos hasta que son mayores de edad, en algunas comunidades incluso hasta que tengan 21 años... Hasta que se descubra otra, es la mejor solución posible.

P. ¿La solidaridad de las comunidades autónomas tiene que ser forzada y no voluntaria?

R. Si funcionase la voluntaria, no estaríamos hablando de modificación de ley alguna. La Historia está para aprender de ella y no repetir errores. Llevamos desde 1999 con un fenómeno migratorio que conocemos bien en Canarias desde que llegaron los dos primeros inmigrantes, que venían del Sáhara, a la isla de Lanzarote. Desde entonces hemos tenido flujos diversos, es cíclico. Ni en 2006, ni en 2018, ni en 2022 se respondió a comunidades que clamaban una solución. Ocurrió en Ceuta, en Melilla, en Andalucía, en el Levante y ahora en Canarias.

P. Habla de aplicar el cambio legislativo a cualquier territorio que esté saturado. En principio, la reforma legislativa incluye Ceuta, Melilla y Canarias, pero ¿se podría aplicar a otros territorios como Andalucía?

R. Si Andalucía tuviese una presión como la que en estos momentos tiene Canarias, indudablemente podría hacerse la modificación pertinente de la ley. Andalucía tuvo esta presión en 2018, con el 50% de los menores no acompañados, porque la ruta [migratoria] entonces era a través del Estrecho. Entonces se aprobó un real decreto que incluso incentivaba con un 25% más de recursos económicos a las comunidades que acogieran a menores no acompañados de Andalucía y el mecanismo no funcionó porque dependía de la voluntariedad del resto de las comunidades. Por eso insisto: la única solución es que los menores estén distribuidos por el conjunto del país mediante un procedimiento que esté reglado.

P. ¿Cómo es posible abordar un tema tan sensible, tan complejo y tan poliédrico sin tener ni siquiera datos fiables? Se desconoce cuántos niños tiene acogidos cada comunidad autónoma.

R. La Conferencia Sectorial de Infancia debería establecer desde el consenso qué capacidad para acoger menores debiera tener cada comunidad. La Comunidad Valenciana afirma que está saturada con mil menores: para poder decir que tiene la misma presión que hoy tiene Canarias, debería tener 15.000 menores. Se tiene que establecer cuál es la capacidad mínima que tienen las distintas comunidades: pero son las que son territorio frontera, Ceuta, Melilla, Andalucía, Canarias, Baleares, las que van a tener esa presión migratoria.

P. Usted dice que no hay plan B para el caso de que no se apruebe la reforma legislativa, pero Canarias está al límite. ¿El Estado tiene capacidad para intervenir de manera urgente habilitando instalaciones militares, que ha negado hasta ahora, o inyectando fondos?

R. Lógicamente habría medidas paliativas que el Gobierno podría acometer, pero me niego a pensar que la solución no es modificar la ley. ¿Por qué tenemos que fracasar en modificar la ley?

P. En los traslados de adultos que ha hecho el Ministerio de Migraciones a la Península han surgido cientos de casos en los que hay sospecha de que esos adultos son menores.

R. Existe un protocolo y hay responsabilidades civiles y penales ante el hecho de que tú dejes que un menor transite por el territorio sin tutela, y por eso el papel del forense, el papel del fiscal, el papel del observador, del médico... Puede ocurrir que una persona mayor de edad diga que es menor, ocurre mucho, porque esa persona no quiere ser deportada. Y se puede dar el caso contrario, que diga que es mayor siendo menor, porque quiere llegar a Bélgica, a Francia, donde tenga sus familiares. Esas dos realidades se dan.

P. ¿El Gobierno va a asumir una compensación por esos niños que se han demostrado menores y que han sido trasladados desde Canarias?

R. Si han sido trasladados como mayores, o se ha incumplido la ley o es que es lo que acabo de decir. Lo que no es verdad, y esto se lo niego a [Alberto Núñez] Feijóo, es que se llevan menores en guaguas a los aeropuertos para llevarlos a la Península y dejarlos a su suerte en los parques. Eso es una ilegalidad y un absoluto bulo.

P. Si se aprobase el cambio de la ley, ¿cree que estará suficientemente blindada como para que no haya una cascada de recursos ante el Tribunal Constitucional?

R. En la conferencia sectorial hubo intervenciones acerca de que invadía competencias autonómicas. Los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado, si fuese decreto ley, tenían algunas dudas porque pueden ser competencias autonómicas, pero como proposición de ley entendemos que está salvada su constitucionalidad. Ahora, no sé si alguien puede ir al Tribunal Constitucional ante una competencia que entendiera que fuera autonómica y se pudiera invadir. Lo que querríamos es que saliera adelante con el voto mayoritario de los 350 diputados del Congreso.

P. Si no se aprueba el cambio de ley, ¿puede terminar provocando la ruptura del Gobierno de coalición entre Coalición Canaria y PP y que, como alternativa, hubiera un Gobierno entre Coalición Canaria y PSOE?

R. Es evidente que, si esto no saliera, los menores en Canarias tienen un problema tremendo porque se están vulnerando sus derechos. El Gobierno que gestiona Canarias no tiene infraestructuras, ni recursos, ni espacios y, lógicamente, el presidente de Canarias tiene un problema. Pero eso se dará cuando se tenga que dar. Mi organización política no está por desestabilizar absolutamente nada, sino todo lo contrario.