La Fiscalía carga contra el plan del Gobierno canario para alojar a menores migrantes bajo carpas en los puertos

Tensión entre el Gobierno de Canarias y la Fiscalía a cuenta de la atención a los menores migrantes que llegan sin acompañamiento de tutores. El Gobierno canario (una coalición de Coalición Canaria y PP) ha dado instrucciones a la Consejería de Bienestar Social para que solicite a Puertos del Estado que habilite espacios en los recintos bajo su gestión para acoger y atender a los menores migrantes. El motivo, según informó el martes el portavoz del Ejecutivo autónomo, Alfonso Cabello, es “la situación de colapso y totalmente insostenible” que atraviesa la comunidad ante el volumen de llegadas. La idea es desplegar la primera de estas iniciativas en el Puerto de Los Mármoles, en Arrecife.

Sin embargo, la fiscal delegada de Extranjería de Canarias, Teseida García, no tardó en manifestarse públicamente contra este anuncio. En declaraciones en la SER el mismo martes, dijo que no permitirá que los menores inmigrantes no acompañados permanezcan en carpas en los puertos de las islas como si se tratase de centros de acogida. La fiscal matizó que solo podría aceptar esa situación en momentos puntuales. “El muelle de Arguineguín fue lo que fue”, ha subrayado, en referencia al hacinamiento de personas que se produjo durante meses en el puerto de la localidad grancanaria entre 2020 y 2021. Y esgrimió, para justificar su oposición, que “España ha asumido una serie de obligaciones internacionales al firmar la Convención de los Derechos del Niño” y que estos son “personas muy vulnerables, no solamente porque son extranjeros sino porque son niños que viajan solos”.

Pocas horas después, también el martes, el propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo, respondió a la fiscal: “Nos encontramos con una imposibilidad de recursos. Si la fiscal de Extranjería nos da otra alternativa... Hemos pedido las instalaciones de Defensa y el Gobierno de España nos lo niega, aunque estén en desuso”, protestó Clavijo, de Coalición Canaria, en la SER.

El enfrentamiento ha proseguido este miércoles. El vicepresidente del Gobierno de las islas, el popular Manuel Domínguez, ha señalado en declaraciones a los medios que la comunidad autónoma no tiene más remedio que atender en los puertos a los niños que lleguen en patera por no contar con otra alternativa. “La pregunta es: ¿dónde y cómo los atendemos, qué hacemos? Ya no solo estamos hablando de espacio físico, sino de personal cualificado para poder atenderlos como se merecen”, ha apostillado, según recoge Efe. Domínguez ha puesto la mira en La Moncloa, ha remarcado que el archipiélago “merece, necesita, urge, suplica y ruega una atención por parte del Gobierno central” y ha advertido de que “todo obstáculo que se pueda colocar en el camino va a llevar a un desencuentro mayor”.

El vicepresidente canario se encuentra en una posición delicada como presidente del PP en Canarias y miembro del Ejecutivo autonómico. El Gobierno central y el canario, al que pertenece, han elaborado una modificación de la Ley de Extranjería que estipula que, cuando algún territorio vea superada su capacidad de acogida en un 150%, se active un mecanismo de reparto obligatorio de menores por todas las comunidades. El texto ha de ser votado en el Congreso y necesita el concurso del PP, porque Junts la rechaza. Los populares, sin embargo, no han podido pactar una posición común antes de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebrará el 10 de julio en Tenerife.

No está clara, sin embargo, la posición del Partido Popular, que ha endurecido esta semana su discurso acerca de esta reforma de la Ley de Extranjería. El lunes, varios barones de la formación ya cuestionaron la posibilidad de un acuerdo. El martes, tanto su líder, Alberto Núñez Feijóo como el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, atacaron duramente al presidente, Pedro Sánchez, por la política migratoria. Este miércoles, el propio Feijóo ha dado un paso más al reclamar ayuda a la UE para un mayor control de la inmigración. “Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes irregulares en España”, ha alertado en Cascais (Portugal) en presencia de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.