El Gobierno y Canarias pactan el reparto obligatorio de menores migrantes a otras comunidades

El Gobierno central está a punto de cerrar con el Gobierno de Canarias un nuevo modelo de reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. El objetivo es aliviar a los territorios más expuestos a la inmigración irregular, como las islas, Ceuta y Melilla. La premisa de la solidaridad territorial, aparentemente sencilla, ha tardado años en concretarse. Según los documentos oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS, el cambio de modelo exige una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería con la que se dictarán los criterios que se seguirán para el reparto y en qué circunstancias podrá activarse. Teniendo en cuenta la coyuntura actual, se prevé una redistribución inicial de 2.500 menores, así como una financiación de 125 millones de euros para las comunidades acogedoras.

La propuesta está pendiente de varias modificaciones que ha pedido el Ejecutivo canario para garantizar más agilidad en el reparto. “Hubiésemos querido que fuese mejor”, ha dicho el presidente canario, Fernando Clavijo, en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Clavijo ha emplazado a las próximas conversaciones técnicas para pulir un texto que, aunque no satisfaga al 100% a las partes, “mejorará las condiciones de los menores”. Clavijo espera que en septiembre, como máximo, el texto pueda estar aprobado.

De los 2.500 menores extranjeros que se espera redistribuir, 2.350 saldrán del archipiélago, mientras que los otros 150 lo harán desde Ceuta, según la propuesta recogida en un documento interno al que ha tenido acceso EL PAÍS. El futuro reparto se basa en criterios ya ensayados en los distintos intentos para imponer una solidaridad territorial con este colectivo. Se tendrán en cuenta la población, la renta, la tasa de paro, el esfuerzo que cada comunidad emplea en la acogida de menores extranjeros y la dispersión de la población. Según estos criterios, la campeona en acogida será La Rioja. La comunidad, que a lo largo de los últimos años ha destacado por las pocas plazas destinadas a menores inmigrantes, tendrá ahora que desplegar 285 camas para ellos. Tras ella, destaca Cataluña (191 menores), Madrid (187) y Andalucía (186). La comunidad que menos niños y adolescentes deberá acoger será Navarra, con solo 97 nuevas plazas.

Esta nueva solidaridad “vinculante” contará con una financiación específica para compensar el esfuerzo de los territorios. Así, según la propuesta, La Rioja recibiría 15,3 millones de euros para la acogida de los 285 niños que le corresponden. El montante destinado a cada comunidad se va recortando conforme se reducen las plazas comprometidas, partiendo de la base de que el gasto por cada menor es de 52.925 euros anuales a los que habría que añadir previsiones de gastos adicionales.

La reubicación de los niños estará regulada por ley cuando se considere que un territorio se encuentre ante una “contingencia migratoria extraordinaria”. Pensada para Canarias, Ceuta y Melilla, estas deberán acreditar “la insuficiencia de los servicios autonómicos” para garantizar el interés superior del menor o, dicho de otro modo, que el sistema de protección de menores tenga una ocupación por encima del 150% de su capacidad, una situación de emergencia. Ante esa contingencia, se prevé, primero, elevar una propuesta de distribución a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y si no hubiese acuerdo, se aplicaría la ley.

Ambos gobiernos negocian también si la propuesta se aprobará mediante Real Decreto-ley, como pide Canarias porque entraría en vigor en cuanto lo aprobase el Consejo de Ministros con una posterior convalidación de las Cortes, o a través de una proposición de ley de los grupos parlamentarios que requeriría más tiempo hasta su votación, como propone el Gobierno central. Ambos han confiado en que todos los partidos, menos Vox, acaben apoyando la modificación legislativa. En febrero, el vicepresidente del Gobierno canario, el popular Manuel Domínguez, dio por hecho que su formación respaldará en el Congreso las modificaciones legislativas propuestas desde el archipiélago para que la derivación de migrantes menores no acompañados sea vinculante.

El Gobierno central y el autonómico llevan meses negociando este nuevo modelo. Era una prioridad para las islas y fue, por ello, una de las exigencias de Coalición Canaria para apoyar la investidura de Pedro Sánchez del pasado noviembre. Se jugaba parte de su gestión en ello. Tras la formación de Gobierno, en mayo de 2023, Coalición Canaria se encontró con las cifras de inmigración irregular de nuevo en alza y con una llegada inédita de menores migrantes no acompañados.

40.000 llegadas a Canarias en 2023

Entre el 1 de enero hasta el 15 de abril, arribaron a las islas 14.115 personas, frente a las 2.376 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un 491% más. Solo en 2023, el total de llegadas ascendió a casi 40.000 personas. Según el registro de menores extranjeros no acompañados que maneja la Policía Nacional, Canarias acoge ahora a 4.321 menores extranjeros de los 12.922 que hay en todo el territorio. El Gobierno regional eleva el número a 5.477. Ambas cifras son inmanejables para ser asumidas por un territorio como el archipiélago. El propio presidente canario, Fernando Clavijo, ha reconocido las limitaciones que tiene su Gobierno en la atención de menores, empezando por la imposibilidad de matricularlos en los colegios para garantizar su derecho a la educación. “Tenemos que parar la sangría. Tenemos que evitar que el problema se vaya agravando y esto lo evitará”, ha dicho Clavijo.

El acuerdo será un hito si, finalmente, se aprueba. La cuestión de la acogida proporcionada de los menores extranjeros no acompañados está sobre la mesa en cada repunte migratorio y no se había resuelto hasta ahora, a pesar de las recurrentes quejas de las comunidades más afectadas. En los últimos años, ha habido varios intentos, como los acuerdos que se firmaron en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia con los que se pactó trasladar a 774 niños y adolescentes desde Canarias y Ceuta, pero todos fracasaron.

Este nuevo modelo no resuelve los desafíos de inclusión, documentación y atención que requiere un colectivo considerado vulnerable, pero sienta las bases para que algunos territorios más expuestos por su situación geográfica no vean sus infraestructuras y presupuestos totalmente sobrepasados.