Los siete meses entre la apertura del centro de menores en Lanzarote y la petición de cierre por su “pésimo” estado

Apenas siete meses han pasado entre la apertura del centro de menores migrantes no acompañados en Lanzarote, un contrato valorado en 536.850 euros, y el requerimiento de la Fiscalía reclamando su cierre al Gobierno de Canarias debido al mal estado de las instalaciones, la calidad de la comida e, incluso, la probable presencia de cucarachas. El Gobierno de Canarias adjudicó a la asociación andaluza Fundación Samu en octubre la puesta en marcha de un dispositivo de emergencia de menores migrantes no acompañados en la Casa del Mar de Lanzarote con 50 plazas, a razón de 90 euros por día y menor, según el pliego de adjudicación al que ha tenido acceso EL PAÍS. En mayo, una inspección de la Fiscalía constató las deficiencias de las instalaciones. El Ejecutivo se comprometió a cerrarlo en 15 días. Sigue abierto.

Canarias delega en asociaciones sin ánimo de lucro la gestión de los dispositivos en los que atiende a los casi 6.000 menores migrantes no acompañados que tutela en la actualidad. La Fundación Samu es de las más activas en la gestión de estos recursos. A finales de 2023, gestionaba una docena de dispositivos en Gran Canaria y Lanzarote, en los que se atendían a unos 350 niños y adolescentes. Uno de ellos es el de la Casa del Mar, una propiedad del Instituto Social de la Marina (organismo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) en Arrecife que aloja a los marineros cuando no están embarcados y que llevaba meses cerrado. La entidad asumió el inmueble a mediados de octubre. Una denuncia de las abogadas Irma Ferrer y Loueila Sid Ahmed Ndiaye, miembros de la Red Ciudadana de Solidaridad con las Personas Migrantes en Lanzarote, ha puesto de manifiesto el estado en el que están las instalaciones poco más de medio año después de su puesta en funcionamiento. Este periódico se ha puesto en contacto con la Fundación Samu, que ha rechazado comentar la noticia.

El informe de las letradas describe un escenario tenebroso: Hay “unos espacios muy sucios, descuidados, con cables sueltos por todas partes, pinturas escamadas, sofás viejos y rotos”. Las 20 habitaciones se encuentran “en pésimo estado sin reunir las mínimas condiciones de habitabilidad”. En la cocina se ven “unos fregaderos muy sucios, con hormigas y se reporta también la presencia de cucarachas”. Los baños “no cuentan con mantenimiento ni limpieza. No están aptos para el uso, mucho menos para menores”. La lavadora del centro “no funciona desde hace mucho tiempo. No tienen sábanas, la ropa no se limpia”. Además, no hay personal de limpieza ni de mantenimiento. “Muchos miembros del personal no tienen formaciones específicas correspondientes a sus puestos de trabajo. Varias personas están siendo contratadas sin la cualificación adecuada” y no es infrecuente que “está generalizado por parte del equipo tratar a los adolescentes con desprecio”. Los testimonios recabados, prosigue el texto, alertan sobre la salud mental de los niños, sobre adicciones que no están siendo tomadas en cuenta, ni mucho menos tratadas como deberían. La dirección del centro mantuvo el martes una reunión con la plantilla. En ella, apuntan fuentes cercanas, la dirección minimizó las posibles consecuencias de la denuncia, se anunció la contratación de una persona de mantenimiento y el refuerzo de los equipos de fin de semana.

La directora general de Protección a la Infancia, Juana de la Rosa, explica que está en la intención del Gobierno canario clausurar el centro en cuanto haya una alternativa viable. Matiza, en todo caso, que buena parte de las fotos que trascendieron la semana pasada “no se corresponden con la realidad actual”, que en las áreas en las que se produjo el incendio el 14 de febrero ya no residen los menores y que tanto la consejería como la empresa adjudicataria han hecho obras de acondicionamiento. Y recalca: “Por encima de todo está el bienestar y el interés superior del menor, y este hecho deja claro que la Comunidad Autónoma de Canarias no puede seguir sosteniendo sola tal cantidad de menores migrantes no acompañados, es una corresponsabilidad absolutamente de todo el Estado español”. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se lamentó el lunes en declaraciones a TVE por la insalubridad de la Casa del Mar. “¿Cerramos ese centro y los dejamos en la calle? ¿Los ponemos en carpas? A nosotros este informe nos llena de vergüenza, pero le debería llenar de vergüenza a Europa y a España. Está ocurriendo porque lo están permitiendo”.

El Gobierno declaró en 2023 la situación de emergencia ante el repunte de llegadas en Canarias, lo que ha permitido agilizar los trámites, de modo que las adjudicaciones no requieren un concurso previo. El Ejecutivo, eso sí, echa mano para ello de asociaciones que lleven dos años en el registro, según explica De la Rosa. En todos ellos, la asignación por menor y día asciende a 90 euros. La propia Fundación Samu ganó otro contrato a la vez que se adjudicó el centro de Lanzarote: el de la Casa del Mar en Fuerteventura, un dispositivo de 24 plazas por 216.090 euros. Cada uno de los pliegos es muy detallado con los aspectos que han de cumplir las asociaciones, que van desde la atención inmediata en un sitio seguro, el alojamiento, la manutención, el apoyo para la elaboración de su proyecto de vida, aprendizaje del idioma o aspectos más concretos como productos y materiales para la higiene de los centros.

Clavijo ha reclamado en incontables ocasiones la ayuda para afrontar la crisis, y confía en aliviarla con el reparto de menores migrantes que el Gobierno central y el canario quieren convertir en obligatorio por ley. Ambos Ejecutivos han elaborado una modificación de la Ley de Extranjería que estipula que cuando algún territorio vea superada su capacidad de acogida en un 150% se active un mecanismo de reparto obligatorio de menores por todas las comunidades. El texto ha de ser votado en el Congreso y necesita el concurso del Partido Popular, tanto porque resulta difícil que logre la mayoría simple necesaria (Junts rechaza apoyarla). El PP, sin embargo, no ha podido pactar una posición común y traslada este posible sí a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se ha adelantado al 10 de julio, en la isla de Tenerife.