El Gobierno espera que el nuevo CGPJ reequilibre la correlación de fuerzas en la justicia a favor de los progresistas

En público, solo se habla de la gran satisfacción por el desbloqueo del Poder Judicial después de cinco años y medio y el regreso a la normalidad. Solo la ministra portavoz, Pilar Alegría, señaló en dos ocasiones con timidez la condición de “progresista” de Isabel Perelló para reivindicarla, mientras ponía el foco en la elección de una mujer y en el regreso a la normalidad del Poder Judicial. Pero en privado, diversas fuentes del Ejecutivo, del PSOE y de Sumar muestran su enorme satisfacción por lograr que al fin, después de 28 años de presidentes del CGPJ conservadores, se haya podido votar a una progresista, aunque no fuera la primera opción de este sector, Pilar Teso, ni la segunda, Ana Ferrer. La correlación de fuerzas queda ahora 11-10 a favor de los progresistas, que era lo que estaba encima de la mesa en todas las negociaciones con el PP: 10-10 en los vocales y una presidenta progresista.

Tanto en el PSOE como en Sumar y en sectores progresistas judiciales confían ahora en que este nuevo CGPJ con esta presidenta y esta nueva mayoría a la izquierda por la mínima reequilibre en los próximos cinco años la correlación de fuerzas en la cúpula judicial, tanto en el Supremo como en tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales y los lugares clave en los que los puestos decisivos los elige el CGPJ. Algunas de las fuentes consultadas recuerdan que además del hecho muy significativo de que es la primera mujer al frente del Poder Judicial, hay otro con una lectura política muy de fondo: no había una presidencia progresista desde hace 28 años.

Desde que el progresista Pascual Sala, en 1996, dejó ser presidente del CGPJ y dio paso al conservador Javier Delgado Barrio tras la victoria de José María Aznar en las elecciones, la derecha judicial ha tenido el dominio directo o indirecto del CGPJ y eso ha provocado un claro desequilibrio a favor de los conservadores en los nombramientos clave. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder, en 2004, y tenía votos en el Congreso para renovar el CGPJ con una mayoría progresista, el PP bloqueó durante casi dos años la renovación. El PSOE finalmente aceptó, para buscar el desbloqueo, poner de presidente del CGPJ a un conservador, Carlos Dívar. Aunque había una mayoría equilibrada, lo cierto es que los conservadores siguieron teniendo mucho peso en los nombramientos durante los años de Dívar.

Después volvió el PP al poder con mayoría absoluta en 2011 y ahí, en 2013, se renovó el CGPJ en tiempo y forma con una clara mayoría conservadora, que siguió decantando la balanza a favor de este sector en los nombramientos. Son los años de Carlos Lesmes al frente del CGPJ, que son los que más claramente han desequilibrado la balanza, según distintas fuentes jurídicas progresistas, a pesar de que este sector tenían alguna capacidad de bloqueo y los nombramientos eran en teoría por consenso. Incluso Pedro Sánchez, en 2018, con una mayoría progresista en el Congreso, ofreció al PP una presidencia del CGPJ conservadora, la de Manuel Marchena. Ese acuerdo estaba cerrado pero se truncó por problemas internos en el PP que acabaron con Marchena renunciando a su candidatura cuando se conoció un mensaje del portavoz del Senado del PP, Ignacio Cosidó, en el que decía que iban a controlar la sala segunda del Supremo “por detrás”.

Ahora, después de 28 años, una progresista vuelve al frente del CGPJ con una mayoría exigua que le exigirá pactar con el sector conservador todos los nombramientos. Pero diversas fuentes del Gobierno, del PSOE, de Sumar y de sectores progresistas judiciales consultadas se muestran optimistas y convencidas de que poco a poco -los nombramientos son lentos y las renovaciones dependen de jubilaciones y cambios de destino- se ira reequilibrando la balanza. “Ya solo con que fueran nombramientos equilibrados entre progresistas y conservadores cambiaría mucho las cosas, porque en los últimos años el desequilibrio a favor de los conservadores ha sido muy evidente, basta ver la composición de las salas importantes como la de Lo Penal”, resume una de estas fuentes. Si en los 80 y 90 esta sala, la más importante porque juzga los asuntos políticamente más delicados -desde el procés a los casos de corrupción más sonados- tenía una ligera mayoría progresista, en la actualidad tiene un dominio aplastante de los conservadores que diversas fuentes sitúan en un 11-4 para estos.

El nuevo CGPJ con su presidenta progresista tendrá ahora que tomar muchas decisiones, y no solo los 140 nombramientos que tiene pendientes después de un bloqueo de cinco años y medio, en los que se podrá notar la influencia de este cambio de mayorías dentro del consejo. También tendrá que elegir comisiones y reactivar muchas decisiones que estaban paradas y reconstruir cuestiones sensibles como la disciplinaria, en la que ha habido muy pocas medidas importantes en los últimos años. El mundo judicial y político progresista está pues expectante ante la posibilidad de que este cambio tenga consecuencias muy relevantes para el equilibrio de fuerzas en la justicia, pero el análisis real solo se podrá hacer con el tiempo.