Isabel Perelló, la magistrada con fama de buscar consensos que ha desatascado la presidencia del Poder Judicial
La jueza, miembro de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, ha recabado el apoyo de 16 de los 20 vocales del pleno
![La nueva presidenta del CGPJ y el Supremo, Isabel Perelló, en marzo de 2024.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/XKVUS5WBYJEVDM2Z6BXAXPG5ZM.jpg?auth=91c34fe24037e036bb6e72b2650480842b574a9be57dc3a52df33083d2330ca1&width=414)
![Reyes Rincón](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F0c42f657-bf64-40e4-999b-ded8a0acefc9.jpg?auth=5b3f0921110c660825b9f146fd6eb9da124c726b0e8fe0d13ae2b693afe02da0&width=100&height=100&smart=true)
Isabel Perelló ha roto este martes el techo de cristal más infranqueable que quedaba por traspasar en la carrera judicial: situar en su cúspide a una mujer. Tras el acuerdo alcanzado por el bloque progresista y el conservador del órgano de gobierno de los jueces, Perelló será la primera mujer en presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, un hito que llevaban años reclamando muchas voces dentro y fuera de la judicatura y que llega cuando las mujeres son ya una mayoría consolidada en la carrera (actualmente, el 57%, pero el 73% entre los miembros de la última promoción).
Magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde 2009, Perelló, de 66 años, ejercía hasta ahora en la sección tercera de la Sala de lo Contencioso, la que dirime, entre otros, los conflictos que afectan a órganos reguladores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) y el Banco de España. Aunque su candidatura no estaba entre las impulsadas por el sector progresista del Consejo en las primeras votaciones, fuentes de este grupo y del alto tribunal la consideran una jueza de claro perfil progresista y es miembro desde hace años de la asociación Juezas y Jueces para la democracia (JJPD), que representa a este sector de la carrera.
Antes de llegar al Supremo, Perelló ocupó destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mahón (Menorca), en la Audiencia Provincial de Barcelona y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Especialista de lo contencioso-administrativo, ha ejercido también en la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla (1991) y en la de la Audiencia Nacional (1994). Entre 1993 y 2003, fue letrada en el Tribunal Constitucional.
La nueva presidenta de los jueces es considerada una magistrada empática y discreta, que en el Supremo ha ejercido con perfil bajo, sin buscar el protagonismo, pero con capacidad de liderazgo y mano izquierda para lograr consensos. “Lo hará bien como presidenta”, vaticina un compañero de sala, que destaca su sensibilidad en temas como el medio ambiente y la protección de menores. También en la defensa de la igualdad, una reivindicación que hace diez años le llevó a protagonizar, junto a otras dos magistradas (una de ellas la ahora ministra de Defensa, Margarita Robles), uno de los pocos conflictos que se le conocen en el alto tribunal: una carta enviada al entonces presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, quejándose de su “lenguaje sexista” porque en los escritos enviados a la carrera se expresaba en términos exclusivamente masculinos.
Esta magistrada nacida en Cataluña tiene fama de dictar resoluciones “ponderadas y equilibradas”, según define un miembro del alto tribunal. Entre otras, la que en mayo pasado dio la razón a la Comunidad de Madrid en el pleito que planteó contra el Gobierno por la distribución de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinado a reactivar la economía tras la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Esa sentencia implicó anular las ayudas directas de seis millones de euros concedidas por el Ejecutivo central a tres comunidades (Extremadura, País Vasco y Comunidad Valenciana) al entender que el Gobierno no justificó suficientemente por qué concedió la ayuda a estas comunidades en detrimento de otras. También fue ponente de la sentencia que rechazó el recurso del PSOE para tratar de recontar el voto nulo de Madrid en las últimas elecciones generales.
Perelló se postuló en 2022 como magistrada del Tribunal Constitucional durante la renovación que correspondía hacer al CGPJ y que, ante la falta de acuerdo entre los vocales para elegir a los dos magistrados que le tocaban, acabó precipitando la dimisión de Lesmes como presidente. En aquel momento el nombre de Perelló no recabó apoyos y la magistrada se quedó en su plaza en el Supremo, donde ha trabajado 15 años a la sombra y del que ahora ocupará la presidencia.
La magistrada tiene ante sí dos retos de gran envergadura. El más urgente, acabar con las vacantes que han diezmado la cúpula judicial en los últimos años debido a la reforma legal que vetó los nombramientos discrecionales por parte del CGPJ mientras tuviera el mandato prorrogado. El órgano más perjudicado es el Supremo, que tiene sin ocupar 25 de sus 79 plazas, lo que ha dejado al borde del colapso a algunas de sus salas. Magistrados consultados confían en que el nuevo Consejo inicie en los próximos días los procedimientos de selección para que estos puestos empiecen a cubrirse en las próximas semanas.
El segundo gran frente que tendrá que afrontar Perelló es recuperar la credibilidad del CGPJ, enormemente dañada tras cinco años de bloqueo en los que el sector conservador acabó convirtiendo el órgano en una trinchera desde la que hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. Los primeros pasos del nuevo Consejo, que ha tardado más de un mes en ponerse de acuerdo para elegir a su nueva presidenta, han causado rechazo en diversos sectores de la carrera por perpetuar la imagen de polarización de la justicia. A Perelló le corresponde ahora ponerse al frente del pleno para tratar de dar la vuelta a esa imagen.
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