Dos muertes sin justicia a bordo de una narcolancha

El ceutí Mohamed A. A. acordó con su mujer dos llamadas la noche del 8 de marzo de 2020. Había decidido volver a embarcarse en una de esas narcolanchas que había dejado atrás después de casarse. Solo tenía que aguantar en el mar una goma vacía con problemas técnicos, según le contó a su esposa, sin entrar en más detalles, en el primer telefonazo. Pero nunca llegó la segunda comunicación. “Estaba esperando que volviese al día siguiente, pero recibí la llamada de un familiar que me dijo que había fallecido. Fue muy impactante”, rememora Fátima, que pide ocultarse tras un nombre ficticio. Su marido, de 40 años, y otro acompañante, Mustafa D. M., de 49, habían muerto en un choque accidental cuajado de aparentes irregularidades en el que estuvo implicada una lancha de la policía de Gibraltar.

Cuatro años y cinco meses después del accidente, el caso judicial está archivado provisionalmente en España; y atascado aún en la fase de instrucción forense en los tribunales de Gibraltar. Las familias de los dos fallecidos ni siquiera han recibido aún el certificado de defunción, pese a que están enterrados desde entonces en el cementerio de Ceuta. “Estamos en un limbo”, apunta Rafael Jiménez de Vicuña, uno de los abogados de las acusaciones: “No sé si hay una situación diplomáticamente tensa y no les interesa remover, pero a nivel judicial nos tienen atados de pies y manos”. Y esa realidad estrangula a las familias. “Mis tres hijos de nueve, ocho y seis años se han quedado huérfanos y sin documentación. Les están negando derechos. No pueden ni tener pasaporte, ni pensión de orfandad”, se desespera Fátima.

El suceso ahora encallado en la Justicia ocurrió en la madrugada del 8 de marzo de 2020. Junto a Mustafa y Mohamed, en la semirrígida viajaban Nordin D. L., sobrino del primero, y Bruno M. G. S., los dos supervivientes de la tragedia. Corrían las 3.34 cuando la patrullera de la Royal Gibraltar Police (RGP) Sir John Chapple inició una persecución contra la narcolancha, a pesar de que la embarcación —considerada género prohibido en ambos lados de la frontera— se encontraba en aguas que Gibraltar ni reclama como suyas. Apenas nueve minutos después de giros y pasadas, la escaramuza acabó en un violento choque en el que la lancha policial, reforzada con una quilla dentada, pasó por encima en diagonal, de popa a proa, de la semirrígida, que en ese momento viajaba sin carga. La embestida hirió a Nordin y Bruno, mató en el acto a Mohamed e hirió mortalmente a Mustafa.

Justo después de la colisión, ocurrida a 6,36 millas (11,78 kilómetros) al este de la playa de Santa Bárbara de La Línea de la Concepción, la lancha policial amarró la narcolancha y la remolcó hasta el puerto de Gibraltar. Todos esos movimientos, incluido el choque, quedaron registrados en las cámaras y sensores del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) y acabaron formando parte de un atestado elaborado por la Comandancia de Algeciras de la Guardia Civil. Los agentes españoles incluso llegaron a tomar declaración a los dos supervivientes. Ambos aseguraron que los dos policías gibraltareños que viajaban en la lancha de la RGP no proporcionaron auxilio a Mustafa y que realizaron el viaje de regreso con el GPS apagado, hasta poco antes de llegar a tierra.

El accidente, ocurrido en pleno transcurso de las negociaciones post-Brexit entre el Reino Unido y España, pronto se convirtió en una maraña legal. El lugar del suceso, en aguas españolas, derivó en la apertura de una investigación judicial en el Juzgado de Instrucción Número 4 de La Línea de la Concepción que apenas ha podido avanzar en estos años. El Juzgado llegó a emitir una orden europea de investigación para intentar identificar a los implicados en el accidente, que tardó más de un año en acabar rechazada por un defecto de forma. Tras reiteradas peticiones no satisfechas, las pesquisas acabaron sobreseídas provisionalmente en abril del año pasado a petición de la Fiscalía de Algeciras, que se opuso a las peticiones que hicieron los abogados de la acusación —con duras críticas hacia ellos— para intentar impulsar la causa. El Ministerio de Justicia español ha eludido aclarar, a preguntas de EL PAÍS, cuántos requerimientos llegó a realizar al Peñón para que respondiese a la orden de investigación.

Al otro lado, Gibraltar abrió su propia instrucción forense, aún inconclusa. En ella se basan en la Fiscalía del Peñón para asegurar que “Gibraltar no puede, de momento, dar curso a requerimientos judiciales” españoles. En 2021, un jurado de aquella instrucción —el sistema procesal inglés es distinto al español— emitió un veredicto por el que consideraba que los dos agentes sospechosos podrían haber cometido un “homicidio ilegítimo”. Pero los dos agentes —que ya no forman parte del cuerpo desde hace dos años— recurrieron ante un tribunal de apelación, que ha ordenado una nueva investigación. A su vez, las familias de los fallecidos recurrieron ese pronunciamiento el pasado junio al Comité Judicial del Consejo Privado del Reino Unido, el máximo tribunal de apelación de Gibraltar.

La maraña legal también llegó a los certificados de defunción, nunca emitidos para los dos fallecidos, pese a que los allegados sí recibieron autorización en su día para repatriar los dos cuerpos desde Gibraltar y enterrarlos en Ceuta. La complejidad del suceso —uno de los finados falleció en España, pero acabó en el Peñón; y el segundo ya murió allí— complicó el trámite hasta el extremo de que los tres hijos que dejaron cada uno, Mohamed y Mustafá —en este caso, totalmente huérfanos—, nunca han podido reclamar a una pensión de orfandad. En el caso de los vástagos menores, como el caso de Mohamed, el agravio se hace mayor. “No puedo gestionar nada del día a día que necesite la firma de su padre. Estamos en limbo. Lo que estamos viviendo es de película”, se queja Fátima.

La viuda asegura haber ido con el papel que le dieron para el traslado del cadáver en su día “a todos lados y no vale de nada”. El abogado de la familia, Rafael Jiménez, reconoce su estupefacción por la falta de certificado que, en el caso de España, debería haber expedido el Registro Civil de La Línea que, durante un tiempo, estuvo dirigido por la misma juez que instruía la causa española. “Esto es una cuestión de voluntad. Si estás investigando un delito que le ha costado la vida a unas personas, podría haberse hecho la solicitud para registrar el fallecimiento”, se queja el letrado. Mientras, en Gibraltar aclaran que son las familias las que deberían pedir el certificado a su Registro Civil para Mustafá, que murió en aguas que considera suyas, y plantear el caso al instructor forense para Mohamed. Al saber de la reivindicación de las familias, desde Gibraltar aseguran que “el magistrado instructor se ha dirigido en este sentido a los familiares”.

Pero Fátima no tiene aún constancia alguna de esa comunicación, asegura. Desesperados, ella y unos 60 familiares y allegados han protagonizado ya dos manifestaciones a las puertas de la comisaría de Gibraltar. Exigen justicia para sus familiares, a los que consideran que las Administraciones de uno y otro lado están proporcionando un trato degradante por viajar en una narcolancha. “No veo lógico que su vida valga menos que la de otros. ¿Qué son? ¿Dos perros? Eran ciudadanos con derechos y deberes”, explica indignada otra de las familiares de los fallecidos, que también pide anonimato. “Yo lo he pasado muy mal, pero mis hijos me dan la fuerza para seguir adelante. Llevamos cuatro años y medio sufriendo”, reconoce Fátima, determinada a manifestarse las veces que sean necesarias hasta conseguir respuestas.