Gibraltar investiga a dos policías por el homicidio imprudente de dos narcos en aguas españolas

Gibraltar investiga a dos de sus agentes por su posible implicación en el homicidio imprudente de dos supuestos narcos a los que arrollaron con su patrullera en aguas españolas. La Policía Metropolitana de Londres ha iniciado pesquisas para averiguar si los sospechosos no proporcionaron auxilio a uno de los traficantes españoles que, malherido, murió poco después. Además, las instrucciones judiciales a ambos lados de la frontera pueden acabar en un conflicto de jurisdicciones en plena negociación por el Brexit.

Ocurrió en la madrugada del 8 de marzo a 6,36 millas al este de la playa de Santa Bárbara de La Línea de la Concepción. Dos de los tres agentes de la Royal Gibraltar Police (RGP) que estaban a bordo de la patrullera esa noche están ahora investigados por la policía de Scotland Yard de Londres —desplazada a la zona por petición de la RGP— por posibles delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, actuación negligente contra sí mismos y terceros y por desobedecer órdenes de salir de aguas jurisdiccionales, según explican fuentes conocedoras del caso a EL PAÍS. Que unos narcos mueran por un choque durante una persecución policial es casi un gaje del oficio en el Estrecho, lo que no es habitual es los agentes que han provocado el accidente se enfrenten a tal rosario de cargos. El caso, además, puede llegar a provocar un conflicto de jurisdicciones entre los juzgados españoles y gibraltareños en plena negociación de las relaciones entre ambos territorios por el Brexit.

En el suceso perdieron la vida Mustafa D.M. y Mohamed A.A., dos ceutíes de 49 y 40 años, respectivamente. Los dos viajaban en la narcolancha junto a Nordin D.L., sobrino del primero, y Bruno M.G.S., los dos supervivientes de la tragedia. “Han venido fuerzas policiales de otro país y lo han asesinado en el nuestro”, denuncia Abdelmalik D.M., hermano del fallecido Mustafa. El familiar sustenta una de las acusaciones particulares de un caso que se instruye desde el pasado mes de marzo en un juzgado de La Línea de la Concepción. Hoy, tanto Nordin como Bruno están llamados a testificar sobre lo ocurrido aquella madrugada en la que porteaban bidones de gasolina, según apunta la Guardia Civil en unas diligencias previas a las que ha tenido acceso EL PAÍS.

Todo se complicó para los cuatro ocupantes de la semirrígida —todos con antecedentes policiales por tráfico de drogas, según estas diligencias— cuando, a pesar de encontrarse en aguas españolas que Gibraltar ni reclama como suyas, la patrullera Sir John Chapple de la RGP inició una persecución de la lancha cuatrimotora, una embarcación ilegal a ambos lados de la frontera. “La intención en todo momento era de embestirnos”, aseguró Bruno en su primera declaración ante la Guardia Civil. Apenas hicieron falta nueve minutos de huida en zigzag para que las cámaras infrarrojas del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) recogiesen el violento impacto entre ambas lanchas a las 3.43 de la madruga. Las diligencias apuntan que los agentes gibraltareños solo reconocieron lo ocurrido después de que la Guardia Civil se pusiera en contacto con ellos al ver la colisión.

La patrullera policial, reforzada por una quilla metálica dentada, golpeó por detrás a la lancha de los traficantes y pasó por encima de ella en diagonal hasta salir por la proa. Con la embestida, empujó a Nordin y Bruno —ambos presentan fracturas óseas y lesiones varias—, mató en el acto a Mohamed e hirió mortalmente a Mustafa. Ambos testigos aseguraron que los agentes no auxiliaron al tripulante más grave y pusieron rumbo al puerto de Gibraltar sin activar los indicativos luminosos ni el GPS, hasta que llegaron a las inmediaciones de las aguas que el Peñón considera suyas.

Buena parte de estos testimonios coincide con los hechos que ya ha comenzado a investigar también en Gibraltar la Metropolitan Police de Londres, que tras marcharse por la pandemia, tiene previsto regresar en agosto. Los agentes ingleses ya avanzaron que los policías gibraltareños podrían haber cometido posibles delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro o actuación negligente, aunque aún no se ha formalizado su imputación. También que hicieron parte del trayecto con el sistema de geolocalización obligatorio para buques apagado, apuntan las mismas fuentes.

“A mi sobrino le han destrozado la vida, su tío se ha muerto en sus manos”. Abdelmalik muestra la rabia que siente por la muerte de su hermano Mustafa, mientras que su sobrino Nordin gritaba a los policías que lo auxiliaran. Abdelmalik no perdona esos minutos en los que la narcolancha fue remolcada hasta Gibraltar sin que, supuestamente, nadie ayudase a su hermano, que incluso estuvo consciente en un primer momento antes de morir. “Levantadme, levantadme”, rogaba Mustafa recostado en la lancha. El fallecido era viudo, pero deja huérfanos a dos hijos de 17 años. “Vamos a llegar a donde haga falta para que se haga justicia. ¿A España le da igual que invadan sus aguas para matar a dos ciudadanos españoles?”, cuestiona Abdelmalik.

Lancha mortal

La RGP solo ha confirmado oficialmente a EL PAÍS la existencia de una investigación penal, otra disciplinaria y una tercera forense, sin entrar en detalle. Sin embargo, ya el propio ministro principal Fabian Picardo reconoció en mayo ante el Parlamento gibraltareño que es “un incidente muy grave” que ocurrió “fuera de las aguas territoriales británicas de Gibraltar”. También llamó la atención la gélida despedida que el Gobierno gibraltareño dio públicamente Ian McGrail, el comisario que dirigía la RGP en el momento de los hechos, por su jubilación anticipada. Además, los dos policías han sido apartados provisionalmente de sus puestos.

La duda está en quién juzgará el caso que ya provocó el 9 de marzo una queja verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores. Con la vía judicial a punto de comenzar en la Corte de Gibraltar, la española ya ha reclamado al Peñón acceder a pruebas como la identificación de los agentes implicados, las dos lanchas siniestradas o la autopsia de los fallecidos. La RGP asegura que su sistema local “puede abarcar esta investigación con plenas garantías procesales”, aunque apunta la necesidad de definir competencias “para evitar una situación donde estén en marcha dos procesos judiciales paralelos”. “Lo normal es que el caso se remita a España ya que es donde se cometió el posible delito”, ha defendido el fiscal en España, Juan Cisneros.

Si no hubiese acuerdo, Cisneros aclara que “sería necesario acudir a Eurojust”, la agencia de la UE encargada de la cooperación judicial entre sus estados. Pero el tiempo apremia con un Brexit que dejará a Gibraltar fuera de la UE a finales de 2020. Mientras los equipos negociadores trabajan en los tratados que regularán las relaciones con la colonia en cuestiones como la colaboración policial, fiscal o contra el contrabando, el caso de los dos agentes gibraltareños es ya un ineludible telón de fondo.