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Gibraltar inicia una investigación tras el choque mortal de una patrullera policial con una lancha española

La comisión analizará la marcha anticipada del comisario vinculado al suceso

Jesús A. Cañas
La patrullera de Gibraltar implicada en el accidente con la lancha española, la 'Sir John Chapple', en una imagen de archivo
La patrullera de Gibraltar implicada en el accidente con la lancha española, la 'Sir John Chapple', en una imagen de archivo

Un juez del Tribunal Supremo del Reino Unido investigará las actuaciones de la policía de Gibraltar y su Gobierno tras el accidente en el que dos policías gibraltareños arrollaron mortalmente a una supuesta narcolancha en aguas españolas. El suceso en el que fallecieron dos de los cuatro ocupantes de la semirrígida ya ha motivado una investigación judicial penal en España y el Peñón contra los dos agentes por posibles delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. El accidente motivó además la jubilación anticipada del entonces comisario de la Royal Gibraltar Police, Ian McGrail, después de las “aparentes contradicciones” en su versión de lo ocurrido, según aseguran fuentes cercanas al Gobierno de Fabian Picardo. Ahora una comisión presidida por el magistrado tendrá que analizar las circunstancias que rodearon la abrupta marcha del comisario McGrail.

La madrugada del pasado 8 de marzo una patrullera Sir John Chapple de la RGP colisionó con una lancha cuatrimotora —de tipología similar a las ‘narcolanchas’ declaradas ilegales tanto en España como en Gibraltar— a 6,36 millas al este de la playa de Santa Bárbara, en La Línea de la Concepción. Pese a que la semirrígida iba vacía, los agentes iniciaron una peligrosa persecución de varios minutos que culminó cuando la lancha policial, equipada con una quilla metálica dentada, pasó por encima de la embarcación. En el suceso perdieron la vida Mustafa D.M. y Mohamed A.A., dos ceutíes de 49 y 40 años, respectivamente, ambos con antecedentes policiales y penales por tráfico de drogas. Tanto la huida como el impacto se produjeron en aguas españolas que Gibraltar ni reclama como suyas, según las diligencias previas de la Guardia Civil española y como reconoció el propio ministro principal Fabian Picardo en unas declaraciones parlamentarias tras el suceso.

El accidente provocó una oleada de reacciones en cadena en plenas negociaciones por el Brexit. En España, el Juzgado de Instrucción Número 4 de La Línea ya ha solicitado a Gibraltar la identificación de los agentes que pilotaban la patrullera y el acceso a pruebas esenciales, como las autopsias y las embarcaciones siniestradas. En el Peñón, la Policía Metropolitana de Londres investiga a los policías por posibles delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro o actuación negligente, aunque aún no se ha formalizado su imputación. A estos dos procesos se sumó la jubilación anticipada del comisario de entonces, Ian McGrail, a quien el Gobierno gibraltareño despidió con una gélida nota el pasado 9 de junio, después de 36 años de servicio y dos años antes de lo previsto.

Picardo reconoció este pasado lunes que el funcionario fue “invitado a retirarse”, en una comparecencia en el Parlamento de Gibraltar. La revelación provocó que, a través de su abogado, el excomisario aseguró que decidió marcharse por sí mismo. Ni tres días tardó el ministro principal en contestar al órdago del excomisario para confirmar el inicio de una investigación pública sobre la retirada anticipada de McGrail y “las acciones y decisiones” de la Autoridad Policial, la Oficina del Gobernador y el Gobierno.

La Ley de Comisiones de Investigación vigente en Gibraltar establece que este tipo de pesquisas públicas deben desarrollarse por un juez del Tribunal Superior del Reino Unido o un miembro de mayor rango de la judicatura. El magistrado deberá analizar si las distintas partes incurrieron en algún error o irregularidad en el proceso de la jubilación anticipada del comisario. El atropello de la lancha provocó que Picardo tuviese que recurrir por primera vez al artículo 15 de Ley de Policía de 2006 que obliga a la policía a remitir informes oficiales sobre sus investigaciones al Gobierno gibraltareño. El ministro principal recurrió a esta vía tras comprobar “la falta de información correcta y fidedigna o de aparentes contradicciones en la versión de lo ocurrido” que proporcionaba el entonces comisario, según han apuntado fuentes cercanas al Ejecutivo de Picardo.

Para este mes está previsto que los dos supervivientes del accidente, Nordin D.L. y Bruno M.G.S. declaren en Gibraltar. Por su parte, la investigación española tuvo un avance el pasado 17 de julio con la declaración de los dos testigos en la que ratificaron lo ya declarado ante la Guardia Civil: que la patrullera realizó la persecución sin señales visuales y geoposicionamiento y que negaron el auxilio tras el choque a Mustafa, pese a que siguió con vida minutos después del suceso. Por ahora, el Juzgado de La Línea aún no ha recibido las pruebas solicitadas a Gibraltar por medio de una solicitud internacional, tal y como han confirmado fuentes de la Fiscalía española.

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Sobre la firma

Jesús A. Cañas
Es corresponsal de EL PAÍS en Cádiz desde 2016. Antes trabajó para periódicos del grupo Vocento. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y es Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico por la US y el IAPH. En 2019, recibió el premio Cádiz de Periodismo por uno de sus trabajos sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

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