El Gobierno no cambiará a Illa por presupuestos y estabilidad

“La legislatura está muerta y nunca debió comenzar”. Es la declaración de principios de la dirección del PP con la que acompaña sus manifestaciones políticas. El rodaje de la legislatura transita por vías repletas de baches pero el Gobierno no tiene intención de bajar los brazos. El más pronto que tarde que invoca el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para aventurar la caída de la mayoría gobernante y su sustitución por otra encabezada por él no tiene fecha aproximada. Los interlocutores socialistas consultados aseguran que no darán un paso atrás pase lo que pase esta semana clave para la estabilidad de la legislatura por las negociaciones con ERC para que el socialista Salvador Illa sea investido presidente de la Generalitat de Cataluña y por la toma de declaración en La Moncloa del juez Juan Carlos Peinado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Todas las expectativas del Gobierno de coalición están depositadas en conseguir la presidencia de la Generalitat de Cataluña para Illa, exministro y ganador de las últimas elecciones autonómicas. Las negociaciones avanzan, siempre con paradas en la discusión sobre la autonomía de Cataluña para gestionar sus impuestos. Si la cabeza visible del poder en ERC, Marta Rovira, abraza definitivamente la opción de pedir a los militantes de ERC que avalen la investidura de Illa —ella ha asegurado que sólo pedirá que lo apoyen si considera que el acuerdo es bueno—, la premisa fundamental quedará cumplida.

Ese era el camino por el que había optado Oriol Junqueras: apoyo al socialista con una negociación exigente y no menos vigilante y fiscalizadora desde el primer momento de la oposición. La pelea interna en Esquerra, de alta intensidad, o el no reconocimiento de Rovira a Junqueras, que se solventará en noviembre cuando el partido celebre su congreso, abocaban a rechazar a Illa. La negociación va en serio, no solo por la trascendencia de los contenidos, sino porque los militantes que deben dar su aval a investir a Illa constatarán que sus líderes, enfrentados entre ellos, convergen en el apoyo al exministro de Sanidad, siempre con las medidas favorables para el autogobierno de Cataluña como carta de presentación. No es fácil. Ni por los contenidos ni por la incesante campaña de Carles Puigdemont, de Junts, dirigida a los militantes de ERC, en el sentido de que votar al socialista “más español” entre todos los candidatos que ha tenido el PSC supone una traición a Cataluña. Además, la corriente interna de ERC contraria a ese acuerdo, y favorable a repetir las elecciones, no ha desfallecido aún. Tampoco quienes escuchan con agrado la oferta de Junts de una candidatura independentista común para esos eventuales comicios en caso de que no hubiera acuerdo.

Las demandas del expresidente de la Generalitat para que el PSC apoye su investidura y restituir así lo que considera “una injusticia” no serán atendidas. Tampoco puede satisfacer el Gobierno de España las reclamaciones del líder de hecho de Junts Per Catalunya para que se le aplique la amnistía porque, una vez aprobada la ley, ya no está en manos de los socialistas o del Gobierno, sino en las del poder judicial, el considerar o no amnistiables los delitos que se imputen a Puigdemont. El Tribunal Supremo acaba de llevar la ley de amnistía ante el Constitucional por considerarla “arbitraria”, “discriminatoria” y contraria a la igualdad. El supuesto de detención policial de Puigdemont si decidiera volver en estos días a España sería un mazazo emocional en el independentismo y un inconveniente para las conversaciones del PSC con ERC.

Los contratiempos del expresidente catalán tienen una traducción inmediata y perjudicial para el Gobierno. El rechazo de Junts en el Congreso a la senda de estabilidad presupuestaria —previa a toda ley de presupuestos— y a la modificación de la Ley de Extranjería así lo evidencian y esa sería la marca del partido en Madrid si el candidato del PSC es investido presidente de la Generalitat. Pero no habrá trueque de Illa por presupuestos, remachan en fuentes gubernamentales.

Perturbación por el caso de Begoña Gómez

El Gobierno no oculta la perturbación que produce en el seno del Ejecutivo de coalición el cariz judicial que puedan tomar las actuaciones contra Begoña Gómez, esposa del presidente, Pedro Sánchez. En público repiten que “no hay caso”, pero empiezan a encajar que el juez Peinado abrirá todas las diligencias que estime, por mucho que la Fiscalía y la Guardia Civil no las encuentren sólidamente justificadas.

La decisión de tomar declaración al presidente este martes en La Moncloa de forma presencial, y no por escrito, abunda en la creencia de que también él puede verse judicialmente afectado. Al ser aforado, en último caso, debería decidir el Tribunal Supremo. Este martes, los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial elegirán a su nuevo presidente, que lo es también del Supremo, poniendo un broche final a cinco años y medio de bloqueo por la negativa del PP a renovar el organismo.

Desde el Gobierno de coalición se reconocen las enormes dificultades que envuelven su andadura. Pero de inmediato muestran agendas y planes. Aparente normalidad en medio de la incertidumbre.