El PP celebra el pacto judicial con el PSOE llamando a Sánchez “depredador del Estado de derecho”

PSOE y PP han sacado holgadamente con sus votos este martes, en el último pleno de la temporada en el Congreso, su pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces; pero nadie ha mostrado en el debate algo parecido a la satisfacción por ese acuerdo. Más bien, al contrario. El PSOE, partido que encabeza el Gobierno, subrayó su “desazón” por el tiempo perdido hasta llegar al pacto: “Seis años tarde ante las excusas del PP”. Los socios progresistas del Ejecutivo, incluido Sumar, que participa en la coalición, lamentaron que los socialistas se hayan decantado por apañar el consenso con un PP al que acusan de beneficiarse de ese bloqueo y de la llamada persecución judicial contra sus adversarios políticos. El PP fue más allá. Su secretaria general, Cuca Gamarra, destacó la “importancia” del día porque, al arrancar ese pacto, “el final de Pedro Sánchez está más cerca” y acusó al presidente de ser “un depredador del Estado de derecho”. Los diez candidatos (cuatro juristas y seis jueces o magistrados) han sido elegidos por 284 votos a favor.

El pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y cambiar ya de paso el estatuto del Ministerio Fiscal para impedir las puertas giratorias desde cargos políticos, pasó así sin pena ni gloria su trámite del debate y aprobación en el pleno del Congreso. No hubo ningún entusiasmo. Los 256 escaños de que disponen el PSOE y PP han sobrado esta tarde, al final de la jornada, para que la votación prosperase, incluso con los 27 votos de Sumar, pero no hubo en todo el debate ni una sola intervención que se ahorrase todo tipo de ataques a esta solución final encontrada, que se evidenció como un mal menor para sus promotores, los dos principales partidos de la Cámara.

Tanto ERC, como EH Bildu y el BNG anunciaron que no participarían en la votación y señalaron, en un comunicado conjunto, que el pacto entre PP y PSOE “perpetúa las estructuras y dinámicas reaccionarias del régimen del 78″. El PNV también ha abandonado el hemiciclo y no votará la elección de los vocales.

La primera que arremetió contra el acuerdo fue la secretaria general de Podemos, la exministra Ione Belarra, que advirtió al PSOE de que se “arrepentirá” de haber optado por negociar el reparto del Poder Judicial con el PP, cuando “la derecha judicial ha tomado como rehén a la mujer del presidente”, en alusión a las actuaciones del juez Juan Carlos Peinado sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez. Belarra volvió a solicitar a los socialistas que rectificasen y rompieran ese acuerdo; que, según su criterio, perpetúa la “impunidad” de la persecución de una serie de jueces contra rivales políticos. El portavoz del PNV, Mikel Legarda, también expresó su rechazo por no haber sido consultados y por mantener con ese pacto, por parte del PSOE y PP, “el reparto de personas ideológicas afines”. Criticas muy parecidas a las del portavoz de Junts o de ERC.

Gerardo Pisarello, portavoz en este asunto de Sumar y miembro de la Mesa de la Cámara, conectó todo tipo de críticas al acuerdo con el PP, judiciales y de otro signo, frente a las alianzas que hubiera preferido con la mayoría progresista de la legislatura. Este parlamentario lanzó igualmente duras invectivas contra la derecha judicial, José María Aznar, la FAES, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, los borbones “ladrones”, el golpe de Estado de 1936 y el régimen militar franquista.

En ese clima, el portavoz de Vox, Javier Ortega, criticó la consumación “del compadreo del Pepesoe”. El ultraderechista quiso incidir así en el discurso que mantiene esta formación ultra, que afirma que PP y PSOE votan juntos habitualmente. La renovación acordada del CGPJ le parece a Vox “una indecencia y una vergüenza” y más si requiere, “como los paletos”, la mediación de la Unión Europea.

El diputado encargado por el PSOE de defender las supuestas virtudes del pacto, Francisco Aranda, intentó obviar los aspectos más espinosos de esta eterna negociación con el PP y se centró mucho en lamentar que ese partido haya puesto tantas excusas para demorar la solución, pues los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial a renovar llevan fuera de mandato desde 2018. Aranda recalcó su “desazón por el tiempo perdido” y por “la pérdida de legitimidad y degradación” del propio CGPJ.

La traca final le correspondió a la número dos del PP, Cuca Gamarra, encargada de negociar con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, los pormenores de este pacto. No pareció en nada la exposición de un acuerdo, aunque Gamarra comenzó por destacar que era un “día importante para la democracia”. A partir de ahí, hilvanó tal catarata de reproches, quejas y acusaciones que no se vislumbraban por ningún lado las virtudes de lo que se votará esta tarde. La portavoz popular se apuntó el mérito del acuerdo y afirmó que se producirá así “el primer paso para terminar con 40 años de injerencias en el Poder Judicial”.

Gamarra admitió que este “punto de partida, no de llegada”, supone para el PP “una moción de censura a la política de muros y bloques”, que atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez. Y ahí engarzó todo el argumentario de ataques al jefe del Ejecutivo, tras un pequeño toque de atención también a Vox, su exsocio en varias autonomías: “Preferimos las homologaciones con Europa que las peligrosas amistades que ustedes están frecuentando últimamente”. Luego, la secretaria general del PP destacó que el pacto “no elimina el papel del Parlamento, sino que lo acota, pero sí las tropelías de este Gobierno”. Ahí apuntó contra “las puertas giratorias del sanchismo”.

La dirigente del PP habló, en ese contexto del teórico acuerdo con el PSOE, “de la corrupción de la mujer del presidente y su entorno familiar”, de sus “incontables muestras de despotismo” y de que había que parar “ya de defender áreas de impunidad para el coto privado de la familia de Sánchez”. Gamarra acabó definiendo al jefe del Ejecutivo como un “depredador del Estado de derecho y su principal amenaza”; y presumió de que, con el acuerdo alcanzado, su partido “había blindado todo lo posible que España no sea un país fallido y que exista una oposición responsable y alternativa” que etiquetó como “moderada y centrada”. Y acabó: “Con la aprobación de esta ley el final de Sánchez está cada vez más cerca”.