Verdades y mentiras del debate sobre la regeneración democrática: la propuesta de Sánchez y todo lo que queda fuera

Tanto el PSOE como el PP han planteado en distintos momentos la necesidad de combatir la desinformación y han criticado mutuamente a lo largo de los años las medidas que uno y otro ponían sobre la mesa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este miércoles al Congreso para, en un pleno extraordinario, exponer su “plan de regeneración democrática”, muy focalizado en los medios de comunicación, antes de negociarlo con los grupos parlamentarios para su aprobación. “La única razón por la que está teniendo lugar este debate”, denunció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ”es porque la mujer del presidente del Gobierno está siendo investigada”. Sánchez anunció efectivamente ese plan de regeneración el pasado abril, tras concluir los cinco días de “reflexión” que se tomó para meditar si seguía o no en La Moncloa después de que un juzgado admitiese a trámite una denuncia de Manos Limpias contra su esposa. Pero a continuación Feijóo acusó al presidente de querer “controlar” a los medios: “Si publican lo que a usted le gusta leer, ver y escuchar, entonces merecen toda la inversión del Estado. Si publican lo que a usted les molesta, entonces merecen todo el castigo del Estado”. En realidad, las medidas anunciadas por Sánchez se corresponden con las aprobadas en el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que apoyaron los populares europeos y que deben estar en marcha en los 27 Estados miembros antes de agosto de 2025. Lo que sigue es un análisis de las medidas anunciadas por el presidente y las que se han quedado fuera, de momento, del plan para mejorar la calidad democrática y tratar de devolver a la ciudadanía la confianza en las instituciones.

El diagnóstico

“Los datos indican que el consumo reiterado de noticias falsas está directamente ligado al voto de la ultraderecha y el auge de la xenofobia, la homofobia y el antisemitismo. Hay un vínculo probado entre la circulación bulos y el aumento de los delitos de odio”.

El informe del Parlamento Europeo “sobre el refuerzo de la libertad de los medios de comunicación: protección de los periodistas en Europa, discurso del odio, desinformación y papel de las plataformas” advertía, ya en 2020, de que las noticias falsas “han sido utilizadas por grupos y políticos de extrema derecha y populistas para atacar a grupos minoritarios y contribuir a la retórica contraria a la inmigración, lo que ha llevado a un aumento de los episodios de discurso del odio racista y xenófobo, así como de la discriminación”. Las Fuerzas de Seguridad del Estado investigaron el año pasado 2.268 delitos o incidentes de odio, un 21,3% más que en 2022, la mayoría (856) relacionados con el racismo y la xenofobia; 522 con la orientación sexual; 352 con la ideología y 206 con el género. Para oponerse al reparto de menores extranjeros no acompañados, Vox aseguró que no será cómplice de “violaciones, robos y machetazos”.

“El periodismo comparte con la democracia viejos enemigos con nuevas herramientas que permiten falsear la realidad, como la Inteligencia Artificial, o multiplicar su difusión mediante la proliferación de pseudo-medios digitales cuya forma de competir por la audiencia con los verdaderos medios de comunicación no es ofrecer información rigurosa, sino hacerse eco de mentiras que confirman sesgos y arrastran clics”.

España, con un medio digital por cada 16.000 habitantes (mayores de 14 años), es decir, más de 4.000, es el tercer país del mundo, solo por detrás de EE UU y el Reino Unido, con mayor producción de artículos científicos sobre la desinformación. El eurobarómetro y el Digital News Report, que coordina la Universidad de Óxford, muestran que la población española se siente más expuesta al fenómeno que la de otros países del entorno. El reglamento europeo explica: “El buen funcionamiento del mercado interior de los servicios de medios de comunicación se ve puesto en peligro por prestadores, incluidos los controlados por determinados terceros países, que practican de forma sistemática la desinformación, o la manipulación de información y la injerencia, y utilizan las libertades del mercado interior con fines abusivos, lo que impide el correcto funcionamiento de las dinámicas del mercado”.

Las recetas: transparencia y límites a la publicidad institucional

“Es obligación de los poderes públicos desarrollar lo acordado en Europa. En especial, cuando con ello garantizaremos una mayor transparencia, pluralidad y rendición de cuentas en el ecosistema mediático”.

Sánchez citó varios artículos del citado reglamento europeo, los que establecen que los medios de comunicación han de facilitar información detallada sobre todos los que “posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas”; así como “el importe anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado”, y que obligan a quienes miden las audiencias a garantizar que sus sistemas de medición son transparentes, imparciales y verificables. Esta exigencia de transparencia es una de las medidas compartidas en los últimos meses por diversos expertos y asociaciones de la sociedad civil para mejorar la calidad democrática del país. “Saber qué tipo de subvenciones o ayudas reciben los pseudomedios”, afirmó el pasado abril a EL PAÍS José Julio Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional, licenciado en Ciencias Políticas y en Periodismo y responsable del proyecto La manipulación informativa como problema de seguridad y de calidad democrática, ayudaría mucho a identificarlos”.

“Debemos limitar la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios que tengan más financiadores públicos que lectores. Y asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de los contribuyentes”.

El artículo 25 del citado reglamento europeo establece que la asignación de fondos públicos a medios de comunicación o plataformas a través de campañas de publicidad institucional “o cualquier otra ventaja o remuneración” se concederá “de conformidad con criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios, puestos a disposición del público de antemano”. Y añade que los Estados miembros “procurarán” que ese gasto público se distribuya teniendo en cuenta la pluralidad y la “representación en el mercado”. Sánchez explicó que para trasladar a la normativa española ese reglamento habrá que actualizar la Ley de Publicidad Institucional, “aprobada hace casi 20 años, cuando aún se leían más periódicos en papel que en pantalla y no existían las redes sociales”.

“Habrá medidas para proteger la independencia editorial y los derechos de los profesionales de los medios. Para evitar las presiones del ámbito político y empresarial sobre los profesionales de la información”.

“Los servicios de medios de comunicación de calidad”, afirma el reglamento europeo, “son un antídoto contra la desinformación y la manipulación e injerencia por parte de agentes extranjeros. También debe garantizarse el acceso a estos servicios evitando los intentos de silenciar a los periodistas, que van desde las amenazas y el acoso hasta la censura y la supresión de opiniones discrepantes”. Recientemente, como ha recordado durante el debate Sánchez, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, amenazó directamente a periodistas —”os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”— e intentó intimidar a informadores de este periódico que investigaban los escándalos que afectan al novio de la política. Sánchez no detalló cómo será esa protección, aunque aclaró que en los próximos días hablará, además de con los grupos parlamentarios, “con representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación” para definir esos mecanismos. “No corresponde al Gobierno evaluar los contenidos informativos. Al contrario, son los propios medios quienes deben autorregularse y fomentar las buenas prácticas a través de la elaboración de códigos deontológicos”. La organización +Democracia propone, además, que los medios se sometan a auditorías (sobre sus cuentas fiscales, condenas por desinformación, medición de audiencias...) para poder acceder al dinero público de las campañas de publicidad institucional.

“Vamos a poner en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación, crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoren su productividad y calidad informativa y reforzar su ciberseguridad. Provendrán de fondos europeos e irán a parar a todos los medios que los necesiten, con independencia de su línea editorial”.

Tanto el PP como Vox tacharon la medida como un intento de “comprar” a los medios de comunicación, pero el reglamento europeo recuerda: “Los retos derivados de la transformación digital merman la capacidad de las empresas de todos los sectores de los medios de comunicación de competir en igualdad de condiciones con las plataformas en línea (...) Los medios de comunicación deben tener una determinada magnitud para seguir siendo competitivos, responder a las necesidades de su audiencia. A tal fin, la posibilidad de ofrecer servicios a través de las fronteras y obtener inversiones, incluidas las de otros Estados miembros o en otros Estados miembros, reviste una particular importancia”.

“Nos gustaría reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía”. “Propondremos una nueva reforma de la Ley Mordaza en lo relativo a la libertad de expresión”.

Sánchez no detalló en qué consistiría ese refuerzo del derecho al honor y a la rectificación, pero esta es una de las propuestas realizadas por diversas organizaciones y expertos, como +Democracia, o el magistrado Ximo Bosch, de Jueces para la Democracia, quienes opinan que la legislación actual en la materia, de principios de los ochenta, ha quedado desfasada. “Ahora”, explica Bosch, “un medio difunde un bulo, vas al juez, hay una condena a la rectificación, pero el bulo se ha difundido a tal velocidad que ese derecho apenas tiene ya efectos. La legislación debe ampliarse para que haya un mayor control, siendo el parámetro que la información se haya difundido con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad. Posteriormente, una vez que un juez ya ha hecho esa condena, un órgano gubernativo podría imponer sanciones”. La reforma de la ley mordaza en lo que afecta a la ley de expresión es otra de las reivindicaciones planteadas en un manifiesto firmado por 35 organizaciones, entre ellas, la Fundación Alternativas, Hay Derecho y Greenpeace.

“Aprobaremos una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y presentaremos a los grupos una nueva Ley de Administración Abierta, que amplíe la información gubernamental”. (...) Propondremos una reforma de la Ley Electoral. Queremos establecer la obligatoriedad de celebrar debates electorales entre los candidatos en los medios de comunicación, y que todas las encuestas publicadas incorporen los microdatos y la metodología de estimación de resultados”.

La mayoría de organizaciones de la sociedad civil que han presentado propuestas de regeneración de la democracia planteaban la necesidad de reforzar la transparencia de la información que suministra el Gobierno, por ejemplo, el contenido de las reuniones con grupos de presión o lobbies, así como de abrir y mejorar los canales de participación o consulta ciudadana. Sánchez no ha detallado este miércoles mucho más de esa propuesta de Gobierno abierto y sigue pendiente desde hace años la ley de secretos oficiales. En cuanto a la reforma de la ley electoral, una encuesta de la agencia de comunicación 40dB. para EL PAÍS ya reveló que una amplia mayoría (el 74%) de la población ve “necesario” que se celebren debates electorales y hasta un 71%, que sean “obligatorios”. Normalmente, el favorito en las encuestas, sea del partido que sea, es el más reacio a debatir. La encuestadora de esa casa ofrece ya esos microdatos a sus lectores. El CIS, que depende del Ministerio de Presidencia, está muy cuestionado por su método y fallos recurrentes en sus estimaciones, generalmente, a favor del partido en el Gobierno.

Qué ha quedado fuera del plan de regeneración

El plan anunciado por Sánchez, y al que ahora pueden incorporarse propuestas de los grupos parlamentarios y la sociedad civil, deja fuera, de momento, numerosas medidas planteadas en los últimos meses por diversas organizaciones, especialmente en cuanto a la Justicia y la imagen de neutralidad e independencia de las instituciones. Así, por ejemplo, +Democracia planteaba que los mandatos del fiscal general del Estado no coincidan con los del Ejecutivo, para que esa autoridad conviva con dos gobiernos, o que cargos de responsabilidad en organismos como el CIS o la oficina del Defensor del Pueblo no tengan vínculos políticos recientes. Tampoco ha habido alusiones a lo que los expertos llaman “alfabetización digital”, es decir, enseñar a la ciudadanía a identificar contenidos desinformativos para que la gente sepa, por ejemplo, que las grandes plataformas basan su negocio en la interacción y que los contenidos falsos y de odio la aumentan”, como recuerda Ramón Salaverría, catedrático de Periodismo de la Universidad de Navarra que lidera el proyecto europeo sobre desinformación Iberifier.