“Los centros de acogida no invierten lo suficiente en los menores migrantes”

La fiscal decana y delegada de Menores de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Aurora Pérez Abascal (Santander, 44 años), lleva ejerciendo de fiscal desde 2009 en Gran Canaria. Desde este puesto ha vivido en primera línea las dos crisis migratorias que ha registrado el archipiélago en lo que va de década, y que han dejado a casi 6.000 menores tutelados por el Gobierno de Canarias. Atiende por teléfono a EL PAÍS desde su despacho en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. “Es esencial un acuerdo para derivar menores a otras comunidades, porque el sistema de protección de Canarias está ya muy saturado”.

Pregunta. ¿Qué valoración hace de la gestión de los menores migrantes no acompañados en las islas?

Respuesta: La palabra que yo emplearía es sobresaturación. Es cierto que tanto la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias como los cabildos han abierto recursos en la medida que han podido. Pero no afloja la llegada de personas, entre ellos, un porcentaje elevado de menores, y hay que adoptar las medidas necesarias para garantizar su bienestar y sus derechos.

P. ¿Qué opinión le merecen los dispositivos que se abren?

R. Somos siete fiscales para llevar a cabo las inspecciones en toda la provincia y no nos da tiempo para inspeccionarlos todos con la celeridad y frecuencia que serían convenientes, pero sí vemos que hay cosas que se pueden mejorar, tanto en cuanto a las instalaciones como, sobre todo, en lo que se refiere al personal. Muchas veces el problema con el que se encuentran los centros es que no logran contratar a trabajadores suficientemente cualificados, que tengan conocimientos mínimos o una experiencia previa con menores. De modo que, por un lado, se están ingresando a los menores en centros que, por sus condiciones, no son las idóneas y, por otro, el personal no tiene la cualificación idónea para tratar con ellos. Y recordemos que estos menores son especialmente vulnerables, dado que pueden venir con un estrés postraumático provocado por el viaje y por la separación de la familia y hay que saber cómo tratarlos. Creo que no se está haciendo lo suficiente para favorecer o garantizar su integración. En ocasiones, hemos visto que el centro no está en las condiciones óptimas, tanto porque las instalaciones están deterioradas, viejas, o porque el centro no está, digamos, en el lugar idóneo para los menores. Por ejemplo, cuando no están cerca de los centros urbanos, sino que están en las zonas muy aisladas, sin transporte público, algo que, lógicamente, no favorece su integración.

Por supuesto que valoramos positivamente que se estén abriendo y habilitando recursos. Somos conscientes que resulta muy complicado que la comunidad autónoma pueda hacer frente a este volumen de menores. Lo ideal sería, pues que el día 10 [cuando se celebrará la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Tenerife en la que las comunidades darán su parecer sobre el plan elaborado por el Gobierno central y el de Canarias para derivar menores] se pueda acordar la derivación a otras comunidades autónomas. Este acuerdo es esencial, porque en Canarias todo el sistema de protección está ya absolutamente saturado y desbordado.

P. La semana pasada trascendió el caso del centro de menores en la Casa del Mar en Lanzarote, que no ofrece unas condiciones mínimas, y la fiscal de Extranjería, Teseida García, informó a EL PAÍS que la dirección general se había comprometido al cierre en 15 días…

R. ... Ese centro se inspeccionó el 6 de mayo. Ese día, el director del centro le manifestó a la inspección la decisión de cerrarlo en ese plazo. Incluso le comunicó que ya tenían en mente el inmueble al cual se iban a trasladar a los menores, pero a día de hoy no nos consta que hayan procedido ni a la reubicación de los menores ni al cierre.

P.: Mi pregunta es si existe un listado con más centros que no cumplen con las condiciones mínimas, cuya clausura se haya reclamado al Gobierno.

R. Ahora mismo ninguno. Sí que hemos dado traslado de las infracciones detectadas en algunos centros a la dirección general a la que hemos pedido que corrija esas deficiencias. El primer paso es ‘intente usted corregir las infracciones que hemos detectado’ y si no se corrigen y son graves, la Fiscalía puede instar el cierre del centro en cuestión.

P. ¿Cuáles son las deficiencias más habituales?

R. Las más usuales son las infracciones relativas a la sobreocupación, es decir, el número de residentes excede notoriamente del máximo legal permitido; y las relativas al personal, porque no hay educadores como tales, sino auxiliares técnicos educativos, que no tiene una formación suficiente para tratar estos menores. Por ello, en cuanto hay un mínimo problema de convivencia, no aplican el régimen disciplinario del centro, o acuden a una medida reparadora, o llevan a cabo una mediación, sino que se recurre a la denuncia a la Policía. Y esta práctica lo satura todo. Hay, sobre todo, una gran necesidad de contratar a personal más cualificado. Sé que lograrlo puede resultar difícil, pero a lo mejor las entidades se tienen que plantear también mejorar las condiciones económicas para atraer a personas más cualificadas. Aunque el problema no parece ser económico, dado que vemos que se destinan partidas económicas importantes por parte del Gobierno. Son cantidades suficientes para la correcta atención de los menores, para que tengan ropa y comida suficiente y puedan estudiar. El problema, por ello, parece más bien que no se está supervisando el destino del dinero que sale de las arcas públicas. Tenemos la sensación de que en los centros no se invierte suficientemente en los menores, porque observamos cómo está el inmueble, o cuando los menores te dicen que la comida es deficiente... Algo está fallando.

P. ¿Tiene constancia de casos en el trato o en los centros?

R. Tenemos conocimiento de que se ha denunciado algún caso de maltrato, y que se han abierto las diligencias correspondientes. Este tipo de asuntos corresponden a los juzgados de instrucción, porque, evidentemente, si denuncian un mal trato por parte de los educadores, la jurisdicción correspondiente es la de adultos. Lo que hacemos en estos casos los fiscales de la Sección de Menores es proceder a la inspección de estos centros y ver qué nos cuentan los menores durante la entrevista reservada. Siempre claro está, que quieran hablar con nosotros, ya que esa entrevista es totalmente voluntaria.