El Congreso tramita el primer pacto de Estado entre ataques de todos contra todos

El primer gran pacto de Estado en seis años llegó este jueves al Congreso y allí fue recibido con el paisaje habitual, a saber: gresca a discreción. El PP se afanó en demostrar que la firma del acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no supone una rendición ante el sanchismo y abrió el debate poniendo en liza a su más acreditada fuerza de choque: Miguel Tellado. La torrentera de reproches del portavoz popular tuvo su réplica en el PSOE. Y este, a su vez, recibió ingentes cantidades de leña de parte de quienes cotidianamente sustentan su Gobierno. En ese ambiente, aderezado con protestas, aspavientos y algún grito procaz ―”¡venga, a tomar por culo!”, se oyó desde la bancada popular al término de la intervención del portavoz de ERC, Gabriel Rufián― el Congreso aprobó el primer trámite para la reforma de la ley del Poder Judicial, presentada conjuntamente por socialistas y populares entre las más cálidas muestras de enemistad.

Viendo el espectáculo cualquiera diría que allí se estaba poniendo fin a cinco años y medio de anomalía constitucional, en el que el órgano de gobierno de los jueces se aferró a un mandato legalmente caducado. Lo que PSOE y PP presentaron como un gran éxito solo logró el respaldo de Cristina Valido, la diputada de Coalición Canaria, y del socialista expulsado José Luis Ábalos. Hasta el socio minoritario del Gobierno, Sumar, rehuyó el apoyo y se quedó en la abstención, en la que lo acompañaron el PNV y un incondicional del bloque de la derecha, UPN. El variopinto frente del no lo engrosaron Vox, Junts y Podemos, mientras que ERC, EH Bildu y BNG boicotearon la votación “para no participar en esta farsa”, en palabras del gallego Néstor Rego. Ni siquiera votó Pedro Sánchez, reunido en La Moncloa con el candidato a presidir el Consejo Europeo, el ex primer ministro portugués António Costa.

En las calles próximas al Congreso se captaba antes del mediodía una premonición de lo que esperaba dentro. Una camioneta paseó por la zona mientras se celebraba el pleno mostrando grandes carteles de la plataforma ultracatólica Hazte Oír con insultos al presidente de Gobierno y su mujer, y llamando a concentrarse este viernes ante los juzgados de Madrid donde prestará declaración Begoña Gómez como investigada. Ya en el hemiciclo, las intenciones del PP quedaron claras cuando se vio que el elegido para abrir el debate era Tellado. El portavoz popular llegaba de calentar motores en Antena 3, donde pidió la intervención de la Armada para frenar la inmigración y colocó una ocurrencia más sobre la esposa de Sánchez, a la que ha venido dedicando un chiste diferente cada día como parte de lo que llama la “semana fantástica de la corrupción del PSOE”.

En la tribuna de oradores, Tellado se reprimió de sacar el asunto de Begoña Gómez. Por lo demás, todo su discurso consistió en una sucesión de descalificaciones al PSOE. Su tesis fue que el “populismo de Sánchez” aspira a “un poder sin límites”, pero que “ha encontrado por fin sus límites: la UE, la Constitución y el PP”. Glosó las medidas contenidas en la reforma legislativa para reforzar la independencia de los jueces, como los obstáculos a las puertas giratorias entre la magistratura y la política. Y concluyó con un mensaje para los sectores de la derecha reacios al pacto con los socialistas: “Esto no es un balón de oxígeno al Gobierno, sino a la justicia para garantizar su independencia”.

“Parece que el pacto le da vergüenza”, le replicó el socialista Patxi López, antes de añadir sus propias dosis de malicia: “Igual es que algunos o algunas [el pronombre femenino pronunciado con gran retintín] están enfadados y usted viene aquí a disimular”. López sostuvo que el acuerdo entre los dos grandes partidos abre una “rendija” por la que podrían colarse más. El portavoz del PSOE puso dos sobre la mesa, ambos muy conflictivos para el PP: la renovación del pacto de Estado sobre la violencia de género ―que enfrenta a los populares con Vox― y otro para el reparto de menores inmigrantes. Sobre esto último también reclamó la canaria Valido “altura de Estado” a los partidos ante la situación que vive el archipiélago.

Sumar hizo equilibrios entre su apoyo a la fórmula para poner fin a la anómala situación del CGPJ y la distancia respecto a algunos de los acuerdos. Su portavoz de justicia, Enrique Santiago, criticó que se haya encargado al Consejo revisar el sistema de elección de sus miembros, cuando “no tiene competencias para ello”, y que el PSOE haya aceptado nombrar para el Constitucional al magistrado José María Macías, con un currículo de feroces críticas al Gobierno.

De los grupos soberanistas, el PSOE no recibió una palabra amable y escuchó descalificaciones muy gruesas contra miembros del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional por su hostilidad a la ley de amnistía. La más ruidosa, como de costumbre, fue Míriam Nogueras, de Junts, que, entre las protestas del PP, denunció la existencia de una “mafia togada” que “prevarica”. La portavoz de Carles Puigdemont en Madrid vaticinó que los planes de regeneración anunciados por Sánchez serán “papel mojado”.

Rego, del BNG, habló de “jueces fascistas”. Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, señaló que la magistratura ·”se ha autoerigido en pilar fundamental del régimen del 78″ con el objetivo de “criminalizar” a “cualquiera que intente sobrepasar sus límites”. Con el frenazo en el Supremo a la amnistía, abundó Ione Belarra, de Podemos, “la derecha judicial ha querido demostrar que manda más que este Congreso”. Rufián se centró en el pacto PP-PSOE, que “juegan a odiarse, pero para las cosas de comer, para el reparto del Estado, se ponen de acuerdo”.

De entre los aliados del Gobierno solo el PNV evitó la confrontación con los jueces. Es más, defendió, como la derecha, que deberían ser ellos quienes eligiesen el CGPJ. Su diputado Mikel Legarda dejó constancia de que su formación no fue consultada para el acuerdo y anunció su abstención.

Al PP también le tocó escuchar lo suyo de boca del aliado en autonomías y municipios. Pepa Millán, de Vox, lo acusó de “salir al rescate del Gobierno” y “legitimarlo” después de haberlo denunciado en Europa por “autócrata”. Y deploró que se hubiese recurrido a la mediación de Bruselas para negociar el acuerdo, “como si España fuese un Estado fallido”.

Este es el clima en que, a lo largo de este mes, se tramitará la reforma de la ley del Poder Judicial, tanto en el Congreso como en el Senado, y se votarán los nombres de los 20 nuevos vocales del CGPJ. Un pacto de Estado entre improperios.