Sánchez y Feijóo sellan su primer pacto de Estado con el Poder Judicial, que ayuda a consolidar la legislatura

Se había convertido casi en una obsesión. La prueba de fuego definitiva de la relación entre los dos grandes partidos, que estaba en uno de los peores momentos desde la recuperación de la democracia en 1978. Alberto Núñez Feijóo se quejaba sistemáticamente, como antes lo hacía Pablo Casado, de que Pedro Sánchez no contaba para nada con el líder de la oposición. Y el presidente, en su círculo, contestaba que no podían reclamarle nada mientras no cumplieran con su obligación constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo intentó con ambos líderes hasta cuatro veces, tres con Casado, en las que estuvo casi cerrado, la primera en 2018 y la última en 2021, y una con Feijóo, en octubre de 2022. Pero siempre había una marcha atrás en el último momento, con una fortísima presión del mundo conservador que insistía en la misma idea: “a Sánchez ni agua”.

El primer gran pacto de Estado entre Sánchez y Feijóo no solo normaliza la relación entre los dos grandes partidos, y abre la puerta a otros acuerdos en los que el PP tiene mucho que ganar ―Banco de España, CNMC, CNMV, RTVE― sino que, además, según una interpretación muy extendida este martes entre diversos sectores políticos consultados, lanza un mensaje de fondo a todas las esferas, también al mundo económico, de que Feijóo asume que no puede seguir alentando permanentemente la idea de que el Gobierno está a punto de caer y habrá un adelanto electoral en otoño.

El acuerdo, que finalmente es muy parecido al que los dos partidos tenían prácticamente cerrado en 2022 y, por tanto, podría perfectamente haberse firmado entonces, es en sí una señal clara de que Feijóo asume finalmente salir del ambiente de excepcionalidad permanente en el que se ha instalado la política española, arrastrado por la idea de la ilegitimidad del Gobierno que alientan tanto Vox como Isabel Díaz Ayuso y con el que el líder del PP ha coqueteado en varias ocasiones. Ahora, con el acuerdo encima de la mesa, será mucho más difícil para algunos sectores del PP defender que Sánchez está llevando a España a una dictadura, como plantea Ayuso, que dice “Sanchismo es chavismo”. Porque el PP se ha metido de lleno en el control democrático con una reforma pactada con el PSOE para garantizar una mayor independencia del CGPJ.

Para lograrlo, los dos han tenido que ceder y tragar sapos importantes. Para empezar, el PSOE, que tiene mayoría en el Congreso con sus aliados, y sobre todo lleva 10 años aceptando un CGPJ conservador que respondía a un Parlamento de 2013, con mayoría absoluta del PP, asume ahora olvidar los cinoc años extra de control que ha tenido la derecha y pacta un reparto de igual a igual con el PP ―10 vocales conservadores por 10 progresistas―, pero es de presumir que el desempate llegará con una presidenta ―es muy probable que sea mujer― del CGPJ progresista, que era lo que estaba de manera indirecta encima de la mesa en el anterior pacto de 2022.

El sapo más difícil de todos, para el PSOE, es asumir que José María Macías, una persona con un estrecho vínculo con el PP que tiene una larga trayectoria de duros ataques al Gobierno y al propio negociador socialista, Félix Bolaños, al que ha llamado “mentiroso”, y que ha maniobrado desde el actual CGPJ contra el Ejecutivo. De la misma manera que en el anterior acuerdo, entonces con Casado, el PSOE se tragó el enorme sapo en Enrique Arnaldo, un abogado muy ligado al PP, ahora lo hace con Macías. A cambio, Bolaños tiene el premio más deseado, el que lleva buscando cinco años: la renovación del CGPJ. Y el Constitucional, ahora completo, se quedará con una mayoría progresista de 7-5 (y no 7-4, como ahora). Con la inhibición del exministro Juan Carlos Campo en asuntos muy sensibles como la ley de amnistía, la mayoría quedará muy ajustada, un 6-5, pero en el PSOE confían en que no habrá fugas de jueces progresistas hacia el sector conservador como sí sucedió cuando se juzgó el Estatut y Manuel Aragón Reyes se sumó a los conservadores para recortar esa norma que ya había sido aprobada en referéndum en Cataluña. Bolaños recibió también muchas críticas en 2021 al dar entrada a Arnaldo, pero el resultado, con el tiempo, fue un Constitucional de mayoría progresista que la tendrá previsiblemente durante 9 años, hasta que se renueven los dos miembros que corresponden al Gobierno.

El PP también ha tenido que ceder en su principal batalla: la idea de que los jueces tienen que elegir directamente a 12 de los 20 vocales del CGPJ. Los populares llegaron a decir que nunca habría pacto si el PSOE no aceptaba esa idea, algo que los socialistas rechazan de plano porque creen que supondría asumir que el CGPJ tendrá eternamente una mayoría conservadora, ya que esta ideología es claramente mayoritaria en la carrera y al ser 12 de 20 descompensaría cualquier número surgido de unas Cortes progresistas. El PP se ha tenido que conformar con una redacción de una proposición de ley muy similar a la que tenían pactada en 2022, cuando Feijóo dio marcha atrás.

La norma es lo suficientemente ambigua como para que pueda pasar cualquier cosa en el cambio del sistema de elección, y en cualquier caso será algo controlado por los progresistas, que tendrán que dar su visto bueno a cualquier reforma. “En el plazo de seis meses, computados desde la entrada en vigor de la presente ley orgánica, el Consejo General del Poder Judicial elaborará un informe con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados aprobada por una mayoría de tres quintos de sus vocales, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución que garantice su independencia y que, con la participación directa de jueces y magistrados que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos. Dicha propuesta será trasladada al Gobierno, al Congreso y al Senado para que, por los titulares de la iniciativa legislativa, basándose en ella, se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación”. Todo queda muy abierto, y ese “en su caso” final es una prueba evidente. Además, otras aparentes novedades, como la prohibición de saltar del Gobierno a la fiscalía general, o las limitaciones para volver de la política a la justicia, también estaban en el acuerdo de 2022.

Feijóo dijo que asume “todo el coste político de la coherencia” ante la posibilidad de que los sectores conservadores le critiquen por no haber logrado lo que había prometido, pero después de las elecciones europeas, en las que logró una victoria por cuatro puntos que le dio fuerza internamente, el líder del PP parece haber tomado la decisión de decirle al ala dura de su partido y a Vox que llegó el momento de normalizar las cosas.

Se trata, pues, de un pacto que podría haberse hecho en 2022, e incluso mucho antes, y tal vez habría cambiado las cosas entre los dos grandes partidos y sobre todo habría desbloqueado mucho antes la justicia, que ya estaba lanzando mensajes al PP de que la situación ya era insostenible. Pero el acuerdo llega en un momento en el que dice muchas cosas: pasadas cuatro elecciones, y con la incógnita de Cataluña encima de la mesa, llega un momento decisivo para saber si la legislatura se consolida y si es cierto, como dice Sánchez, que quedan tres años por delante. El mensaje del PP en este sentido es rotundo: nadie haría un pacto con alguien a quien cree que le quedan pocos meses en La Moncloa. El PSOE también cree que ha tenido su efecto el ultimátum lanzado por Sánchez, que amenazó con quitarle al PP toda influencia en el nombramiento de jueces del Tribunal Supremo al cambiar el sistema para que se hiciera solo por méritos con criterios objetivos. Esa reforma vuelve ahora a un cajón.

Las cosas serán más o menos como siempre —la mayoría de 13 vocales para nombrar que obliga a un consenso interno ya existe en la ley actual— pero ahora lo harán con una mayoría progresista muy ajustada. Eso siempre que la presidencia corresponda a este sector, porque de lo contrario el PSOE y Sumar habrían cerrado un pacto muy perjudicial para sus intereses. Las primeras consecuencias se verán rápidamente en el Supremo, con 27 plazas por renovar. Ahí se verá el efecto de un nuevo CGPJ después de 10 años de dominio conservador. Pero más allá de las consecuencias para el mundo judicial, desde el punto de vista político, el acuerdo pone fin a una etapa de excepcionalidad y abre una cierta normalización de la legislatura que le interesa mucho al Gobierno. Nadie espera una calma absoluta impensable en la política española, pero va a ser muy difícil ahora hablar de dictadura si el principal partido de la oposición ha pactado con el supuesto dictador para desbloquear la justicia.