Los aliados del PSOE le reprochan que reinicie la legislatura con el PP como nuevo socio

El esperado pacto entre el PSOE y el PP para renovar finalmente el Consejo General del Poder Judicial, tras cinco años y medio de bloqueo por parte de diferentes cúpulas populares, ha satisfecho solo a esos partidos, que lo tildaron de “hito”, pero no a ninguno de los socios de la mayoría progresista de la investidura. Ni tampoco a Vox, que arremetió casi con más dureza contra el PP por lo que entienden como “una estafa” que contra el PSOE. Los aliados de investidura, y muy particularmente ERC, Podemos y EH Bildu, pero también el PNV, reprocharon al PSOE las formas ocultas con que ha llevado esta negociación solo con el PP. ERC y Podemos auguraron incluso un reinicio de la legislatura con una alianza diferente a la actual entre PSOE y PP. Solo Podemos, y en el lado opuesto Vox, anticiparon su voto contrario a esas reformas. Sumar se contentó con que el pacto “acabe con el secuestro por parte del PP del Poder Judicial”.

El único partido de la mayoría progresista que refrendó la investidura de Pedro Sánchez hace ocho meses y que valoró en parte el pacto suscrito este martes en Bruselas entre PSOE y PP para renovar el CGPJ como una victoria fue Sumar, pero con muchos matices. La excoordinadora de Sumar, Yolanda Díaz, lo que quiso subrayar más fue que su formación había estado “en permanente contacto para conocer de primera mano con el ministro de Justicia”, el socialista Félix Bolaños, los pormenores del acuerdo, que concedió como “un paso adelante”. Pero tanto Díaz como el portavoz en materia de Justicia, el diputado y secretario general de Izquierda Unida, Enrique de Santiago, sí aprovecharon para “criticar de manera rotunda el secuestro hasta ahora y durante más de cinco años por parte del PP” de ese órgano clave de gobierno de los jueces.

Enrique de Santiago, además de aceptar que este desbloqueo final es “una victoria muy positiva para la democracia” y de asumir que el perfil de los 20 candidatos a vocales impulsados ahora para el Consejo como de “una trayectoria profesional acreditada”, también quiso introducir algunas precisiones. Para Sumar e IU no hay ninguna novedad en que se persiga que los jueces tengan algún rol en la elección del CGPJ, porque constatan que eso ya sucede ahora, con la ley en vigor desde 1985, y los acuerdos alcanzados en 2001 y 2013, pero también anticipa que su partido está en contra de que el Parlamento, como representante de la “soberanía popular”, pierda su competencia de poder proponer candidatos a vocales del nuevo CGPJ “porque la soberanía popular y el voto importan en democracia”. A Sumar no le gustó nada tampoco el currículo del aspirante pactado entre PSOE y PP para cubrir una vacante del Tribunal Constitucional, José María Macías, vocal del Consejo actual de tendencia conservadora y que para De Santiago “es un caso claro de puerta giratoria judicial”, uno de los puntos que se intenta evitar en el ámbito político con el acuerdo.

Al que no gustó nada el consenso del PP y PSOE fue a Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, que recordó cómo hace unos días el Ejecutivo de Pedro Sánchez le lanzaba al PP de Feijóo la acusación de poner en marcha “la máquina del fango” y ahora labra acuerdos con esa formación. El diputado republicano fue así de tajante: “El PSOE anuncia hoy un nuevo socio, el PP, la gran coalición”. ERC lamentó no haber sido informados de nada y Rufián destacó también que de esta manera se ha resuelto esta crisis como se ha hecho en los últimos 40 años: entre los dos grandes partidos nacionales del país y sin abordar soluciones “a la guerra judicial existente”. ERC, eso sí, no quiso poner en cuestión la continuidad de la mayoría progresista de investidura que apoya al actual Ejecutivo y Rufián reconoció ahí que tienen asumido que siempre será mejor un Gobierno del PSOE con Sumar que uno del PP con Vox, pero cuestionó que con este pacto a los socialistas “se les ha visto la pulsión” de llegar a acuerdos con los populares. Y terminó con una de sus recurrentes sentencias: “Esto no es un pacto de Estado es una patada hacia adelante”.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también fue muy contundente contra el pacto y lo descalificó como “la legitimación de la guerra judicial y como un mensaje peligroso a los españoles sobre que a la justicia no llega la democratización”. Belarra reprochó como hizo Rufián que el presidente, Pedro Sánchez, no haya cumplido así con la promesa de propuestas de regeneración democrática que hizo hace varias semanas. Belarra concluyó: “Este pacto inaugura una nueva legislatura, la de la gran coalición del PSOE y el PP, la restauración del bipartidismo”. Y adelantó que en la votación no contarán “con la complicidad de Podemos”. Y tachó como “un hecho sin precedentes” y “una anomalía democrática” que los jueces se puedan “arrogar el poder legislativo” al intentar poder nombrar entre sus componentes, una atribución que negó el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López.

Para EH Bildu es el propio CGPJ el que “supone la máxima expresión de la justicia española y de su evidente sesgo político y antidemocrático desde hace décadas” y mantienen que esta renovación bilateral entre PSOE y PP “no arreglará ese carácter y no resolverá el problema de fondo” sino que perpetuará “la politización de la justicia” y su utilización “para sus intereses y fines políticos”. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, fue más cáustico, admitió no haber conocido nada sobre las negociaciones, avanzó que su partido no votará a ningún candidato y remachó que el consenso entre PP y PSOE era lo previsible: “Tienen “mayorías cualificadas suficientes para hacer los cambios que les dé la gana”.

El líder de Vox, Santiago Abascal, también cuestionó el pacto: “La traición se ha consumado”, escribió primero en su cuenta oficial de X, antes Twitter. “La dirección nacional del PP se reparte los jueces con el PSOE y entrega la justicia a Sánchez, justo cuando la corrupción le rodea, y en mitad de su golpe a la Constitución, a la separación de poderes y a la igualdad de los españoles ante la Ley”, censuró Abascal y luego, ya en los pasillos del Congreso, tildó de “estafa” que el PP llevara más de dos años en esa negociación mientras sacaba a miles de personas a la calle en manifestaciones “contra el golpe de Estado de la ley de amnistía”.