Un horizonte sin elecciones generales

No hay una sola pieza del puzle de la gobernabilidad en Cataluña que encaje. Tampoco las piezas del tablero para la sostenibilidad de la legislatura tienen pulidas sus aristas. Este martes, 25 de junio, el presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull, hará lo que está en su mano: un simulacro de acto de investidura, pero sin candidato. Ni el ganador de las elecciones autonómicas, el socialista Salvador Illa; ni el segundo en votos, Carles Puigdemont, de Junts per Catalunya, tienen los apoyos necesarios para resultar investidos. El acto tiene la relevancia de que a partir de ese momento empieza a correr el plazo de dos meses para tratar de conseguir una mayoría en torno a uno u a otro. Si no se consigue, el efecto es automático: nuevos comicios el 13 de octubre. La dificultad de contentar las demandas independentistas sobre financiación sin violentar las reglas que defiende el Gobierno central levanta un muro elevado para el acuerdo. En paralelo, la reactivación o aparición de nuevos presuntos delitos dirigidos a líderes secesionistas, y que entorpece la aplicación de la ley de amnistía, complica aún más la normalización que buscaba Pedro Sánchez; allí, en Cataluña, y en Madrid. Aun así, el Gobierno de coalición sostiene que en su horizonte no se vislumbra la convocatoria de elecciones generales.

“De momento”, no hay la menor probabilidad de que el PP vea cumplido su deseo de que las elecciones generales se celebren el próximo otoño. La referencia temporal suele acompañarse, entre numerosos interlocutores del Gobierno, tanto socialistas como de Sumar. Solo una circunstancia imprevisible conduciría a la disolución de las Cortes. Más allá de las obligadas afirmaciones de cualquier Ejecutivo de que a la legislatura le quedan tres años, sí puede constatarse la decisión de seguir adelante. Con Presupuestos, sin Presupuestos y con la repetición de las elecciones en Cataluña el próximo octubre. Nada llevará a Pedro Sánchez a anticipar los comicios.

Todas las energías gubernamentales se concentrarán en las cuentas del Estado, aunque es del todo descartable que se presenten antes de que termine el año. En las mismas se quieren incluir las propuestas económicas y de fiscalidad que se ofrecerán a ERC y a Junts. No es concierto fiscal propio, que ellos exigen, pero sí propuestas que ampliarán el autogobierno. Entre la opción de los soberanistas y la que pueda ofrecer el Gobierno hay un terreno amplio de posibilidades, que los socialistas no dejarán de explorar y ofrecer, en medio de un ambiente crispado y sin concesiones al diálogo. La celebración dentro del mes de julio de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están las comunidades autónomas del régimen común, todas menos el País Vasco y Navarra, pondrá de manifiesto si el PP, que gobierna en 11 comunidades y cogobierna en Canarias, se aferra a no entrar en materia, aunque la mayoría de ellos necesita imperiosamente una actualización de su financiación. Todo el PP sabe, como partido de gobierno, que la financiación autonómica se negocia bilateralmente y, después, la puesta en común se desarrolla en el Consejo de Política Fiscal y en las Cortes. De entrada, prima la crítica global de que con Sánchez no se negocia nada.

En el PP son conscientes de que su deseo de elecciones legislativas prontas no está en el terreno de la realidad, pero aun así no parece decidido al cien por cien si pactan la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Mantenerse en la oposición absoluta es la opción que, finalmente, se ejecuta en el día a día. No hay alicientes para aflojar, porque siguen a la cabeza en las encuestas y Vox les vigila.

El Gobierno, las más de las veces, tampoco evita el choque. Los planes de Pedro Sánchez de poner en marcha la máquina de iniciativas y que las propuestas primen sobre la bronca y el exabrupto político aún está por engrasar, aunque sí se aprecia mayor ritmo. Sumar, al tiempo, empuja para que se vaya en esa dirección y se deje a un lado, o que no sea abrumadoramente preponderante la denuncia y la contradenuncia.

Del lado gubernamental, a pesar de todo, no se tira la toalla en mantener la negociación sobre financiación autonómica y justicia. El ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, trabaja con la expectativa de que habrá acuerdo con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No todos en el Gobierno son tan optimistas, sino que están persuadidos de que va en cabeza el criterio que, entre otros, sostiene con ahínco la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Nada con Pedro Sánchez. La realidad es que esa es la línea que practica su partido.

Las elecciones europeas han pasado y, sin embargo, el marcaje a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, no cede un ápice. Todas las semanas es interpelada y este miércoles está de nuevo convocada en el Congreso por el PP para que explique todas las políticas de su departamento. En el Gobierno consideran que el PP, como ocurrió en campaña, no se ha desprendido de la inercia de tratar de erosionar su imagen ante su candidatura, defendida por el presidente español, a ocupar una cartera en la Comisión Europea. La semana pasada se extendió sobre energías y temas cruciales de la agenda 2030. Le respondieron con críticas “al sanchismo”. Mientras tanto, en Bruselas las negociaciones entre los primeros ministros europeos del PPE y socialdemócratas para el nombramiento de los cargos avanza con paso firme.