El juez propone juzgar al exconsejero madrileño Granados por el amaño de obras del Metro para la trama Púnica

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, ha propuesto este jueves sentar en el banquillo de los acusados a Francisco Granados, exconsejero de Esperanza Aguirre y ex secretario general del PP de Madrid, por su presunta implicación en el amaño de adjudicaciones de varias obras del Metro y de suelo público para la construcción de viviendas. El magistrado considera que el antiguo dirigente del PP madrileño, condenado ya en firme a dos años de cárcel por otra pieza de esta macrocausa de corrupción, aprovechó que, entre 2003 y 2011, ocupó primero la consejería de Transportes y, posteriormente, la de Presidencia, Justicia e Interior, para beneficiar a empresarios de su entorno, que posteriormente le entregaron millonarias comisiones ilegales en dinero en efectivo y regalos.

Además de a Granados, el juez plantea juzgar a otras 42 personas, entre ellas a su esposa, Nieves Alarcón, y a los empresarios Javier López Madrid y David Marjaliza. El testimonio de este último, convertido en el primer gran arrepentido de la corrupción española, permitió ahondar en la investigación de la trama de corrupción. Para otras cuatro personas investigadas, entre ellas el también empresario José Luis Ulibarri, el magistrado acuerda el sobreseimiento de la causa. García-Castellón considera que los hechos investigados en esta pieza del sumario son constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad documental. La Fiscalía, las acusaciones y las defensas tendrán ahora 10 días para formular escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o soliciten el sobreseimiento de la causa.

Esta decisión de García-Castellón supone un nuevo varapalo judicial para Granados. Además de la condena ya firme de dos años de cárcel que tiene por recibir un chivatazo de un guardia civil sobre la investigación, el ex número dos de Aguirre arrastra otros tres procesamientos dentro del caso Púnica. Uno de ellos, por la financiación irregular del PP de Madrid, por la que la Fiscalía le pide casi ocho años de cárcel. Otro, por maniobrar en favor de otro amigo (el empresario José Luis Huerta, ya fallecido) para que varios ayuntamientos madrileños y el propio Gobierno regional contrataran a su mercantil para organizar festejos. En esta se enfrenta a una petición de pena de seis años de cárcel. Y, finalmente, por el supuesto amaño de contratos públicos en tres municipios de la Comunidad en favor de su antiguo socio y amigo, David Marjaliza.

En la pieza concluida ahora, el juez concluye que Granados aprovechó su nombramiento como consejero de Transportes del Gobierno madrileño en noviembre de 2003 para “enriquecerse” al pasar a estar bajo su gestión el Plan de Ampliación del Metro de Madrid que iba a abarcar hasta 2007. Por su nueva responsabilidad en el ejecutivo autonómico, el dirigente del PP madrileño pasó a presidir el Consejo de Administración de la empresa pública Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra), a través de la cuál se tramitaban los expedientes para contratar las obras y que tenía un presupuesto de 4.700 millones de euros. El magistrado destaca que Granados supuestamente se concertó con otro de los investigados, el entonces consejero delegado de esta empresa pública, Jesús Miguel Trabada, “a fin de lucrarse en algunas adjudicaciones”. Según detalla el auto, los contratos presuntamente adjudicados de manera irregularmente fueron la construcción de varios tramos de Metrosur, Metronorte y el Metro Ligero a Boadilla. En el amaño jugó un papel clave Marjaliza, quien posteriormente confesaría al juez que por ellas se repartió 3,6 millones de euros en comisiones ilegales con Granados y otro de los principales implicados, López Madrid.

García-Castellón destaca que el dirigente del PP madrileño duró poco más de un año al frente de la Consejería de Transportes después de que “las críticas de sectores empresariales y políticos en el seno de la Comunidad de Madrid, por el protagonismo que estaban tomando las empresas referidas del círculo de los investigados Francisco Granados y David Marjaliza” en las obras del Metro madrileño llevaran a la entonces presidenta madrileña Esperanza Aguirre a cesarlo. Sin embargo, ello no supuso el ostracismo del dirigente del PP madrileño que pasó a ocupar la Consejería de Presidencia del ejecutivo regional y, con ello, el control de otra empresa pública, Arpegio, gestora del suelo público de la Comunidad.

A través de Arpegio, Granados pasó a gestionar los consorcios urbanísticos municipales para la construcción tanto de vivienda protegida como libre, así como las adjudicaciones de obras y servicios de los llamados Fondos Prisma, que contaban con un presupuesto de 3.000 millones de euros. Desde esta sociedad, opaca a la fiscalización de los funcionarios, Granados controló, gracias a personas de su confianza, todas las fases de las operaciones de venta de parcelas públicas durante los años centrales de la burbuja del ladrillo, especialmente hinchada en Madrid.

El juez destaca que Arpegio también fue utilizada por el exdirigente popular madrileño para agasajar a familiares y amigos. Así, destaca que tanto él como su esposa gastaron más de 100.000 euros públicos en enviar cestas navideñas en 2006 y 2007 “a personas de su círculo íntimo de confianza y a otros conocidos del matrimonio como, compañeros de trabajo, profesores de las hijas o profesionales de la medicina de los que habrían recibido algún tipo de atención médica”. El auto también detalla todos los regalos que Granados “disfrutó de manera continuada durante casi una década” y que incluyeron un piso en Barcelona, billetes de avión para él y su familia, estancias en hoteles de lujo, un crucero, relojes, una televisión valorada en 7.000 euros, el disfrute de un yate o un chalé en una urbanización de Marbella. Como parte de estos regalos, el magistrado incluye los 922.000 euros en efectivo que la Guardia Civil localizó ocultos dentro de un maletín en un altillo de la casa de los suegros de Granados, y que estos intentaron atribuir a un olvido de los “fontaneros” y trabajadores “de Ikea” que habían pasado por la vivienda.