La Audiencia Nacional propone juzgar al exconsejero Granados por otra trama de corrupción

Al PP de Madrid se le complica otro frente en los tribunales. El juez Manuel García-Castellón, instructor de la trama Púnica de corrupción, ha propuesto este miércoles sentar en el banquillo a Francisco Granados, exconsejero de Esperanza Aguirre y ex secretario general del partido regional, por el supuesto amaño de contratos públicos en tres municipios de la Comunidad en favor de un antiguo socio y amigo, el empresario David Marjaliza. El magistrado de la Audiencia Nacional considera que el antiguo dirigente del PP autonómico, condenado ya a dos años de cárcel por otra parte de las pesquisas, influyó directamente en las irregularidades. Además, el juez también procesa a otros cuatro exalcaldes y dos exconcejales de la formación conservadora.

Esta decisión de García-Castellón inflige un nuevo golpe a Granados. Además de la condena de dos años de cárcel que tiene por recibir un chivatazo de un guardia civil sobre la investigación, el ex número dos de Aguirre arrastra otros dos procesamientos: por la financiación irregular del PP de Madrid; y por maniobrar en favor de otro amigo (el empresario José Luis Huerta), al que contrataron varios ayuntamientos madrileños y el propio Gobierno regional —la Fiscalía le pide seis años de cárcel por estos hechos—. A su vez, el partido también sale tocado de la instrucción, convertido en un auténtico epicentro de corrupción.

En el caso concluido este miércoles, el juez concluyó que la trama amañó adjudicaciones de los consistorios madrileños de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle para “asegurarse” que se otorgasen contratos a las compañías decididas por Marjaliza. Gracias a sus contactos, el empresario “influía en los responsables del procedimiento de licitación”, apunta el magistrado, que añade: “El punto de partida es, por tanto, Marjaliza y su vinculación con determinados cargos y autoridades, con la finalidad de lograr la obtención de contratos administrativos, disfrutando de un trato privilegiado en materia de adjudicaciones”. Según el sumario, el empresario era informado, incluso, con suficiente antelación sobre el inicio de las licitaciones para poder preparar la documentación necesaria.

Además de a Granados, el juez procesa a Marjaliza, a su mujer, a su secretaria y a su antiguo abogado. También propone sentar en el banquillo a cuatro exalcaldes del PP de Madrid —tres de Valdemoro (José Carlos Boza, José Miguel Moreno y Manuel Salguero) y uno de Moraleja de Enmedio (Carlos Alberto Estrada)—; y a dos exconcejales populares (José Javier Hernández Nieto y Juan Francisco Pérez Cabrera). La trama implica igualmente a técnicos municipales.