PP y Vox convierten el Parlamento Europeo en una tercera cámara para hacer oposición a Pedro Sánchez

La derecha española ha hecho del Parlamento Europea su tercera gran cámara para ejercer la oposición al Gobierno. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox usaron durante la pasada legislatura el órgano legislativo de la UE para atacar al Ejecutivo de Pedro Sánchez al llevar hasta Bruselas debates de carácter nacional, como la ley de amnistía o el uso del catalán en las escuelas. Los partidos de la coalición tachan incluso al PP de “desleal” al considerar que ha puesto en riesgo paquetes clave para España, como la llegada de 163.000 millones del fondo de recuperación o la aprobación de la llamada “excepción ibérica”, que logró poner a raya los precios de la luz. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo está dispuesta a seguir con esa estrategia de desgaste en la capital comunitaria y ya ha avanzado durante la campaña que insistirá con sus denuncias sobre la amnistía, los fondos europeos o las relaciones con Venezuela.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, encabezaba en febrero de 2022 una delegación de regidores que acudía a Bruselas para denunciar la falta de “mecanismos de control” en la gestión de los fondos de recuperación y un supuesto reparto injusto de esos recursos. El uso del dinero europeo es un asunto delicado, tanto por su cuantía como por las resistencias que exhibieron los países del Norte —con Berlín y La Haya al frente— para su despliegue. Y aun así, la denuncia de esos alcaldes no mereció apenas atención por parte de la Comisión Europea. El Ejecutivo presidido por la conservadora Ursula von der Leyen se limitó a tomar nota de las quejas y, unos meses después, España se convertía en el primer país de la UE en obtener un segundo desembolso de dinero al haber cumplido con todos sus deberes.

Los fondos de recuperación, en cuyo diseño España fue clave, han sido siempre una de las palancas empleadas por la oposición para apretar las tuercas al Gobierno. Ciudadanos criticó de forma feroz la calidad del plan español, mientras que el PP se alineó con los países del norte para exigir más condiciones en la entrega de los fondos. Desde entonces, los populares no han hecho sino criticar la gestión del dinero. Hace apenas una semana, Feijóo volvía a insistir en ese extremo, pedía menos burocracia y lamentaba que ese dinero procediese de deuda pública comunitaria. “Cuando viene un político a decir que ha conseguido [fondos] preguntad de dónde [los] ha sacado. Probablemente de que ha incrementado la deuda. Ese no es un buen político”, afirmó en un acto con empresarios en Alicante.

La principal plataforma del PP en Bruselas ha sido, sin embargo, una ventanilla llamada comisión de peticiones. Ese órgano, al que puede acudir cualquier ciudadano, está presidido por la diputada y candidata Dolors Montserrat. Según datos de la Eurocámara, España es el país que, año tras año. presenta más quejas. En concreto, alrededor del 17% del total, tanto en 2021 como en 2022, muy por encima de Alemania (11,5%), Italia (8,3%) o Polonia (5,9%). Entre otros asuntos, en esta legislatura se han llevado a esa comisión el aterrizaje en el aeropuerto de Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, una antigua solicitud sobre los asesinatos sin resolver de ETA, el caso que afectaba al marido de Mònica Oltra o la inmersión lingüística en Cataluña. El PP siempre ha negado que dé prioridad a unos asuntos sobre otros, pero la agenda marcada por Montserrat ha suscitado al menos dos cartas de protesta a la presidencia de la Eurocámara de los grupos de los socialdemócratas, Los Verdes y La Izquierda, que ven un “uso partidista” de esa comisión al abordar asuntos que no son competencia europea.

Debate en el pleno de Estrasburgo

A raíz de la ley de amnistía, el PP decidió elevar el choque con Sánchez al máximo nivel. La amnistía a los encausados por el procés acabó discutiéndose en un pleno de alto voltaje en la Eurocámara en noviembre del año pasado. El líder del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, reclamó una “reacción clara” a esa norma por parte de la Comisión Europea, cuya presidenta, la también conservadora Ursula von der Leyen, siempre se ha mostrado cauta. Apenas tres semanas más tarde, el alemán se vio las caras con Sánchez en Estrasburgo. Y Sánchez no dejó pasar la oportunidad para afearle los acuerdos del PP con Vox. “¿Sabe que están eliminando las políticas de violencia de género, censurando conciertos, películas y obras de teatro, a la vez que recuperan los nombres de calles de personas vinculadas con la dictadura franquista? ¿Ese sería su plan para Alemania? ¿Devolverles a las calles y plazas de Berlín los nombres del III Reich?”, le devolvió Sánchez.

La guerra contra Sánchez también se ha extendido a otros cargos vinculados con el PSOE. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, tuvo que comparecer en octubre de 2022 después de que los populares, arropados por Ciudadanos y Vox, lo acusaran de seguir los dictados del presidente de Sánchez al mandar una misión comunitaria a Caracas. A Nadia Calviño, los diputados populares la recibieron en la Eurocámara como presidenta del Banco Europeo de Inversión (BEI) pidiéndole que no repitiese su “gestión” de los fondos europeos en España. Y, por último, la vicepresidenta tercera y actual candidata socialista también vio desacreditada sus propuestas sobre la llamada “excepción ibérica” y el impuesto a los ingresos extraordinarios. Von der Leyen acabó zanjando ese debate cuando defendió esa tasa: “En los tiempos en que vivimos no puede ser que algunos obtengan unos beneficios extraordinarios y sin precedentes gracias a la guerra y a costa de los consumidores. En estos momentos, los beneficios deben compartirse y canalizarse hacia quienes más los necesitan”.

Ante la visita de la alemana el pasado sábado a España, Feijóo insistió en pedir que la UE “active” el Estado de derecho en España después de la aprobación de la ley de amnistía. Von der Leyen, que ha exhibido una buena sintonía con Sánchez esta legislatura, se resistió a pronunciarse sobre esa norma. Defendió los valores europeos y el Estado de derecho, pero no quiso ir más allá. En la recta final de la campaña, nada indica que el PP vaya a cambiar su estrategia esta legislatura. Es más, en su programa plantean asuntos como la “independencia del CIS”, cambios en la directiva europea para evitar que haya ongi etorris y la reforma de la ley electoral española para poner fin a las “papeletas trampa” de los partidos nacionalistas.