El PP se alía con los ‘halcones’ para pedir férreos controles por la ayuda de la UE

Los eurodiputados del Partido Popular Europeo han cerrado filas con los llamados países frugales para intentar imponer una condicionalidad muy estricta y exigente en el Fondo de Recuperación de la UE destinado a paliar los daños económicos de la covid-19. La delegación española del PP, encabezada por Dolors Montserrat, ha secundado una iniciativa que aspira a garantizar que los 750.000 millones se destinan a inversiones con valor añadido, pero que podría acabar por convertirse en un campo minado de obstáculos políticos y cortapisas reguladoras para el desembolso de la ayuda.

La ofensiva de los populares se pactó en una reunión el pasado martes de los principales dirigentes del grupo, liderado por el eurodiputado alemán Manfred Weber. El encuentro decidió la creación de un equipo de trabajo encargado de vigilar que la negociación sobre los detalles del fondo incorpore los criterios estrictos exigidos por varias delegaciones nacionales del grupo.

El endurecimiento de la posición del mayor grupo del Parlamento Europeo refuerza las tesis de los llamados frugales (Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca), que se han resignado a la creación de un fondo y a que la mayor parte se destine a subsidios, pero exigen a cambio una condicionalidad muy estricta ligada a reformas que mejoren la competitividad y capacidad de resistencia de los países socorridos. Los halcones no reclaman, de momento, una reducción del déficit público ni la deuda, dos requisitos que han quedado congelados desde que la Comisión Europea activó la cláusula general de escape del Pacto de Estabilidad.

Fuentes de los populares atribuyen la iniciativa de crear el grupo de trabajo a varios eurodiputados alemanes, a los de los cuatro países llamados frugales y a la delegación española. Fuentes del PP español confirman su apoyo al plan, pero insisten en que no se trata en absoluto de imponer recortes ni ajustes presupuestarios, sino de garantizar que el dinero se gasta de manera adecuada.

El líder del grupo, el eurodiputado alemán Manfred Weber, asegura que es una iniciativa compartida por toda la formación. “Todo el grupo apoya la idea de que la solidaridad va acompañada de responsabilidad. También los colegas españoles como Dolors [Montserrat], Esteban [González Pons] o Pablo Casado, tienen muy claro que debemos insistir en que el dinero se invierta en el futuro del país para ayudar a crear oportunidades de trabajo y perspectivas para los jóvenes y en que eso debe quedar claro”, aseguró el jueves Weber durante una entrevista por videoconferencia con EL PAÍS y otros cuatro diarios europeos.

Weber subraya: “Desde el PPE tenemos, por decirlo así, dos condiciones. La primera es que no queremos desperdiciar el dinero en gastos del pasado, sino invertir en el futuro”. Y el eurodiputado alemán colocó la diana de su vigilancia en España. “El PPE no está dispuesto a que se financien las falsas promesas de Podemos”, advierte.

Fuentes próximas al Gobierno de Pedro Sánchez aseguran que “España nunca ha tenido miedo a las reformas”. Y recuerdan, por ejemplo, que el reciente proyecto de ley contra el cambio climático está a la vanguardia de las políticas medioambientales, que serán uno de los objetivos prioritarios del fondo.

Fuentes diplomáticas advierten, sin embargo, del riesgo de convertir esa ayuda en una especie de plan de reformas a medio o largo plazo, porque se pondría en peligro su principal finalidad, que es reactivar la economía rápidamente a partir de 2021. La propia Comisión Europea desea que al menos el 60% del fondo se desembolse en los dos primeros ejercicios de su vigencia (2021-2024), para que el estímulo facilite el esperado rebote de la economía tras la pandemia.

Fuentes del Grupo popular consideran, en cambio, que la propuesta de la Comisión ha relajado en exceso las condiciones para la liberación de recursos y abogan “por una condicionalidad más fuerte”.

La segunda reivindicación de los populares también choca con la propuesta de la Comisión y de nuevo puede resultar perjudicial para la recuperación de los países más afectados por la pandemia, como España o Italia. El organismo presidido por Ursula von der Leyen propone que la amortización del fondo no comience hasta 2028, una vez terminado el próximo período presupuestario (2021-2027), para no sobrecargar los presupuestos nacionales en los próximos años.

El PPE no se fía. Y teme que al final de la década, si hubiera dificultades de amortización, se comience a refinanciar el fondo, lo que prolongaría durante un plazo indeterminado, mucho más allá de 2058, el saldo de las cuentas pendientes.

“Queremos un plan claro y fiable de amortización”, exige Weber en nombre de su grupo. “Aplazar todo hasta 2028 no es honesto”, añade el eurodiputado. “Insistimos en comenzar la amortización durante el próximo Marco Presupuestario, para tener un plan claro de devolución de la deuda en 2026 o 2027”. Weber insiste en que el objetivo de la amortización es aliviar la carga financiera que se dejará a futuras generaciones.

Pero la propuesta de los populares, si sale adelante, obligaría a detraer recursos del presupuesto comunitario para empezar a pagar la deuda antes de lo previsto. De ser así, el saldo neto de los países socorridos, como España o Italia, se reduciría, porque su contribución al presupuesto, previsiblemente, debería aumentar a partir de 2026 o podrían rebajarse las ayudas a la cohesión o a la agricultura.

Nuevas fuentes de ingresos

La Comisión prefiere retrasar la amortización para dar tiempo a que se puedan aprobar nuevas fuentes de ingresos (como una tasa digital, al mercado de emisiones o a las importaciones de países con exceso de emisiones de CO2). De esa manera, el saldo neto de los socios no se deterioraría durante un período presupuestario en el que Europa deberá superar la mayor crisis económica de los últimos 70 años y enfrentarse a unos volúmenes de deuda pública desconocidos en la historia reciente.

La intención inicial de países como Francia apuntaba a la creación de un fondo intergubernamental que destinara recursos a los países más golpeados por la crisis. Pero Berlín primero, y luego la Comisión Europea, exigieron que se vinculase el fondo al presupuesto comunitario, lo que ha convertido al Parlamento Europeo en un actor clave en la gestión de las futuras ayudas.

Weber asegura que los populares defenderán durante la tramitación legislativa del proyecto una arquitectura normativa que garantice la compatibilidad de las ayudas con los objetivos prioritarios de la UE (en política medioambiental o digital) y con las reformas recomendadas en cada país en el marco de vigilancia macroeconómica anual conocido como Semestre europeo. “Está claro que para el grueso del dinero, que es la Facilidad de recuperación y resistencia [560.000 millones de euros], los países deberán presentar planes que detallen el destino del dinero y su encaje con los objetivos generales de la Unión y con los planes de reformas ligados al Semestre europeo”, señala el líder del Grupo popular. Weber añade que “el dinero debe desembolsarse por tramos, paso a paso. Y deberían pactarse unos baremos, con cifras claras e inteligibles, que permitan verificar en qué se ha gastado el dinero y comprobar que se ha gastado bien”.

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