Feijóo se parapeta en los gobiernos del PP y retrasa su recurso contra la amnistía ante el Constitucional

Cuando Alberto Núñez Feijóo todavía esperaba su turno para subir a la tribuna de oradores del Congreso en el debate sobre la ley de amnistía, Isabel Díaz Ayuso ya había anunciado la respuesta que iba a dar PP. Las 11 comunidades autónomas gobernadas por los populares, avanzó la presidenta de la Comunidad de Madrid adelantándose a la hora de explicar la acción política de los conservadores, presentarían un recurso contra la norma ante el Tribunal Constitucional. Tras ella, el resto de presidentes autonómicos del PP confirmaron en cascada sus propios recursos. No así el líder del PP, que en su discurso en el Parlamento soslayó este asunto y evitó decir que su partido recurrirá la norma ante los tribunales. Fuentes de la dirección del PP explicaron después del debate que el recurso, que sí confirman que presentará el Grupo Parlamentario Popular contra la ley, “no es”, sin embargo, “lo más urgente”. Génova se parapeta tras las comunidades populares y retrasa su impugnación a la espera de los movimientos de jueces y fiscales en la aplicación de la norma, para reunir argumentos ante un tribunal de garantías en el que “no se tiene mucha confianza”.

El anuncio de Ayuso provocó malestar en otros presidentes autonómicos, que se quejaban en privado de que “no era lo que se había hablado”. La líder madrileña se adelantó al dar la noticia, aunque la mayoría de gobiernos autonómicos del PP ya habían avanzado meses atrás su voluntad de recurrir la amnistía. Tras ella, este jueves, todos los barones populares comparecieron con mensajes coordinados. “Esto supone clarísimamente la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles”, proclamó sobre la medida de gracia el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla. “Hoy es un día triste para la igualdad de los territorios”, lamentó el valenciano Carlos Mazón. “La aprobación de la ley de amnistía es una de las páginas negras de nuestra historia”, percutió el aragonés Jorge Azcón.

“Como representantes del Estado no podemos permitir que se cree un Estado de privilegios para unos dirigentes, que haya comunidades autónomas y dirigentes que no sean sometidos a la ley”, había cuestionado Ayuso ya a primera hora. El mensaje político de rechazo frontal a la amnistía está claro en el PP, aunque hay más matices sobre la estrategia jurídica para tratar de derribar la norma.

En su discurso ante el Congreso, en el que centró sus críticas en el Partido Socialista ―hasta el punto de anunciar que este jueves se había asistido al “acta de defunción del PSOE”― Feijóo sugirió que el PP espera que ahora sea la justicia la que mueva ficha. “Jurídicamente”, dijo, “será cuestión de los tribunales y de la UE derrotar la ley de amnistía”. El líder del PP dejó abierta, además, la posibilidad de que la ley no se termine aplicando. “Si finalmente no se aplica”, deslizó, antes de dirigirse a los independentistas, “todos sabemos que ustedes no lo van a perdonar”. Ese escenario que maneja Feijóo, el de que no se despliegue una norma aprobada por la mayoría absoluta del Parlamento, depende de la actuación judicial. Ahí el PP también tendrá jugará su papel con sus recursos, por lo que los conservadores quieren medir muy bien sus pasos.

La dirección nacional del PP reconoce que no tiene ninguna prisa para presentar su propio recurso al Tribunal Constitucional, que corresponde formular a sus grupos parlamentarios en Congreso y Senado (ya que están legitimados para hacerlo 50 diputados o senadores). Génova confirma que la ley de amnistía se impugnará ante el tribunal de garantías, y que lo harán, en paralelo, tanto los Gobiernos autonómicos como la dirección por la vía de los grupos, pero no anticipa ninguna fecha para hacerlo. El recurso “no es inminente”, apuntan. El PP juega esta vez con la tranquilidad de que Vox ya no puede presentar recursos ante el Constitucional, porque solo tiene 33 diputados y no llega al mínimo exigido de medio centenar. Sin la presión de los ultras, el PP puede manejar sus tiempos, y prefiere esperar.

La estrategia, según explican fuentes de la dirección, es “madurar el recurso con la respiración de los fiscales y los tribunales”. “Se va a esperar a ver por dónde va el poder judicial”, indican estos interlocutores. El PP aguarda a los movimientos de jueces y fiscales, a quienes ahora corresponde la aplicación de la norma, que se da por hecho que quedará paralizada por las cuestiones prejudiciales que se planteen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los conservadores utilizarán los argumentos que se manejen en la justicia para incorporarlos a su recurso ante el TC, y buscar así ponerle más difícil al tribunal de garantías un aval a la norma.

El problema de fondo es que el PP sabe que tiene difícil que el Tribunal Constitucional, de mayoría progresista, tumbe la ley de amnistía. “No confiamos mucho en el TC”, admiten en la cúpula popular. El vicesecretario Esteban González Pons llegó a decir que este tribunal es “el cáncer de la democracia”, aunque después tuvo que retractarse. El miedo al varapalo está presente en el PP, que ya renunció a elevar el conflicto de competencias entre el Congreso y el Senado, y tampoco logró la respuesta que esperaba en el informe de la Comisión de Venecia.

Los populares esperarán, por tanto, a la actuación de los jueces para armar sus recursos ante un tribunal de garantías en el que no confían. Aunque las comunidades autónomas del PP han anunciado antes que Génova sus voluntades de recurrir al Constitucional, fuentes de varios gobiernos autonómicos del PP advierten de que los registrarán “cuando mejor proceda para su éxito”. Es decir, que también medirán sus pasos. Solo Ayuso parece dispuesta a seguir siendo la avanzadilla. El Gobierno de Madrid no esperará tanto para interponer su recurso: “Ya mismo”, dijo este jueves la presidenta.