La Guardia Civil construirá en Sevilla un gran almacén para alijos tras desbordarse sus depósitos

Sus éxitos en la lucha policial contra el narcotráfico se han convertido en un importante problema logístico para la Guardia Civil. El instituto armado planea construir un gran almacén en Sevilla donde custodiar los alijos de droga que interviene en Andalucía ―principal puerta de entrada del estupefaciente en España― tras constatar que el volumen de aprehensiones ha desbordado en los últimos años “la capacidad de los depósitos existentes en la actualidad” y se haya visto obligado a utilizar espacios no habilitados para ello con el riesgo en seguridad que eso supone, según se recoge en el expediente para licitar la edificación de las nuevas instalaciones al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El nuevo almacén se levantarán en el recinto de la Comandancia de la Guardia Civil en la avenida Villanueva del Pítamo de la capital andaluza. En concreto, donde ahora se acumulan “los vehículos de desguace” del destacamento móvil. Está previsto que tenga una planta de 530 metros cuadrados (de los que al menos 324 estarán ocupados con estanterías para la droga) y capacidad para almacenar “unas 50 toneladas” de diferentes drogas, principalmente cocaína, hachís y marihuana. En 2023, Guardia Civil y Policía Nacional intervinieron, solo dentro del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, 239 toneladas de hachís, 45 de cocaína y 22 de marihuana, según las estadísticas del Ministerio del Interior. En los dos primeros meses de este año ya van 18 toneladas de hachís, seis de cocaína y casi tres de marihuana.

El proyecto contempla que, para acelerar su construcción, la nueva instalación se levante mediante muros “prefabricados” que, además, permitan adaptarla “al uso que se le pretende dar”. La Guardia Civil quiere que el espacio interior resultante permita habilitar nueve zonas de almacenaje, destinada cada una a las aprehensiones de cada comandancia andaluza. También que el diseño tenga en cuenta el formato en el que habitualmente es intervenido el estupefaciente. Así, el expediente de licitación recuerda que la cocaína se presenta habitualmente “en pequeños paquetes de kilo”; que la marihuana “se suele coger a granel y que se embolsa en sacos de distinto tamaño”, y que el hachís viene “en fardos de arpillería [de] 33-35 kilos de peso” que suelen ser “los que más problemas de almacenaje suscitan”. El proyecto plantea que la nueva instalación permita que los alijos puedan ser dispuestos sobre palés para facilitar su almacenarlo mediante maquinaria industrial. También contempla que en el recinto puedan entrar vehículos de gran tonelaje para facilitar la descarga de la droga directamente en el interior.

El expediente del concurso ―que se encuentra en su primera fase, la de redacción del anteproyecto y proyecto de ejecución― recuerda que “el riesgo inherente a la naturaleza de dichas sustancias, así como las situaciones de peligro que genera su almacenamiento y custodia” requiere que el almacén cuente con “medidas de seguridad y vigilancia adecuadas” para evitar sustracciones como la que sufrió un depósito judicial en Cádiz en 2012, donde fueron robados 290 kilos de cocaína. En concreto, la documentación cita la necesidad de que cuente con “elementos pasivos y activos, tales como alarma anti intrusión, detectores sísmicos y volumétricos, cámaras de videovigilancia, etcétera”, que han sido fijados de manera conjunta por el Centro de Inteligencias contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad) y el Estado Mayor de Logística de la Guardia Civil.

Desde la sustracción en las instalaciones gaditanas, se han sucedido las medidas para que los jueces autoricen la destrucción de la droga intervenida lo más rápido posible y, de este modo, reducir el riesgo que supone su almacenaje durante largo tiempo. El instituto armado asegura ahora que esos plazos suponen en la actualidad “mínimo de un mes”, lo que considera “más tiempo del deseado”. No obstante, la memoria de Fiscalía General del Estado de 2022 era menos optimista y elevaba este plazo a entre mes y medio y tres meses. En la última memoria, la del año pasado, el ministerio público volvía a incidir en el mismo problema, aunque sin citar plazos, al hablar de la cada vez mayores cantidades de marihuana intervenida: “Aunque la nueva legislación procesal favorece la destrucción, que es automática salvo prohibición judicial expresa, se constata que los problemas de la destrucción de drogas subsisten y, por tanto, continúan los riesgos de conservación de la sustancia y los costes asociados”.

En 2022, último año del que hay estadísticas públicas, Interior destruyó por orden judicial 1.231 toneladas de droga, de las que algo más de un tercio, 474.012 kilos, lo fueron por quema en grandes hornos industriales, en su inmensa mayoría hachís y cocaína. Las elevadas cantidades de droga que se intervienen cada año ha llevado al Ministerio del Interior a buscar ampliar esta capacidad de destrucción. El año pasado buscó un nuevo punto de incineración y, desde 2022, ha licitado varios concursos para contratar empresas de jardinería que desmantelen las plantaciones de marihuana más grandes, las que cuentan con más de 10.000 plantas, y que son cada vez más numerosas, según las estadísticas policiales. El último de estos contratos ha sido adjudicado este lunes con un presupuesto de más de 700.000 euros.

Interior también ha apostado en los últimos años por la compra de máquinas destructoras de biomasa (desde 2017 ha adquirido medio centenar) para que sean manejadas por los propios miembros de las fuerzas de seguridad y así hacer frente a los problemas que ocasionaba, tanto de seguridad como de salubridad, la acumulación de estas plantas en almacenes policiales hasta que el juez decidía su destrucción.