Interior busca empresa para quemar alijos de droga a 990 euros la tonelada

Una tonelada de cocaína, con el 72% de pureza que habitualmente tienen los grandes alijos que llegan a España, se paga en el mercado negro a 30 millones de euros, según las estimaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Una de hachís, a dos millones. Sin embargo, destruir una u otra por incineración cuesta mucho menos. Exactamente, 990 euros, IVA incluido, según el expediente de una reciente licitación puesta en marcha por el Ministerio del Interior para aumentar su capacidad de destrucción de alijos. El año pasado, Interior destruyó por orden judicial 1.231 toneladas de droga, de las que algo más de un tercio, 474.012 kilos, lo fueron precisamente por quema en grandes hornos industriales, en su inmensa mayoría hachís y cocaína, según las estadísticas del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

El concurso, que se encuentra paralizado por “razones de seguridad” y en el que Interior había presupuestado gastar 148.500 euros para quemar 150 toneladas en un año, es consecuencia de la eficacia policial contra el narcotráfico. Los grandes alijos intervenidos se han convertido en “uno de los principales problemas logísticos a los que se enfrentan en la actualidad” los cuerpos policiales por el problema de seguridad que supone su almacenamiento, según reconocía hace un año Interior en un documento interno.

Tras el robo en 2012 de 290 kilos de cocaína de un depósito de Cádiz, se impulsó un protocolo para evitar, precisamente, la acumulación de miles de kilos de droga en locales oficiales. Desde entonces, se han sucedido las medidas para que los jueces autoricen la destrucción de la droga intervenida lo más rápido posible. Según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, en la actualidad, el plazo oscila entre mes y medio y tres meses. Eso sí, siempre quedan muestras de los alijos “para garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones” antes de la celebración de los juicios contra los narcotraficantes.

Para la destrucción, Interior emplea dos sistemas: lo que denomina “eliminación térmica” o incineración, destinado a cocaína, hachís y otros tipos de drogas y sustancias vinculadas a ellas —como los precursores que se emplean para elaborarlas o los productos donde van camuflados—, y el desbrozado, triturado y posterior traslado a vertederos para su mezcla con deshechos en el caso de las plantas de cannabis. Según detalla el CITCO, para el primero Interior mantiene en la actualidad acuerdos con cinco empresas con hornos, que se someten a un estricto protocolo de seguridad que incluye la presencia permanente de agentes de policía durante el proceso de destrucción, tras el que se elabora un acta que se envía a la autoridad judicial. En este documento se recoge la identificación de los policías intervinientes, el número de bultos, el peso bruto del alijo, una descripción de este e, incluso, el pesaje del camión que hizo el transporte a la entrada de las instalaciones (con la carga) y a la salida (sin la carga).

Interior no facilita información sobre cuáles son estas mercantiles colaboradoras, a petición de las mismas. “No quieren que se las señale”, explican fuentes de Interior. No obstante, entre ellas está desde hace años la empresa pública asturiana Cogersa, especializada en el reciclado de residuos, y con la que el ministerio tiene un contrato hasta final de año, según confirman fuentes de la compañía. La mayor parte de estas empresas están situadas en la zona norte de la Península, lo que obliga a que, por ejemplo, los numerosos alijos aprehendidos en Andalucía tengan que recorrer largos trayectos por carretera, con el consiguiente riesgo que obliga a hacer un importante despliegue policial de seguridad. El concurso ahora anulado pretendía, precisamente, utilizar un horno situado en una zona céntrica de España para que la droga intervenida “en la zona centro-sur de la Península” no tuviera que hacer viajes tan largos. Finalmente, la pasada semana, Interior anuló la adjudicación del contrato a una empresa con sede en Castilla-La Mancha, con la que había formalizado el contrato el 27 de marzo, según el expediente de licitación.

Empresas de jardinería

Para las plantaciones de marihuana el sistema es diferente. “En el caso de pequeñas plantaciones son los propios agentes los encargados de desmantelar las plantaciones, pero en las grandes extensiones se contratan empresas del sector privado que con sus conocimientos y medios técnicos estén en disposición de desarrollar estos trabajos, siempre bajo la vigilancia y dirección de las propias fuerzas policiales”, detallan fuentes del CITCO.

Interior ya contrató el año pasado, con un coste de 163.350 euros, a empresas de jardinería para desmantelar las grandes plantaciones, las que cuentan con más de 10.000 plantas, y proceder cuando se pudiera a su destrucción in situ, uno de los objetivos que el ministerio se fijó en el Plan contra la Criminalidad Organizada asociada a la Producción y Tráfico de Marihuana, presentado en diciembre de 2021. El año pasado, Interior destruyó 757.602 kilos de plantas de cannabis, según los datos del CITCO. “Los trabajos a realizar por las empresas, bajo vigilancia policial, incluyen el arrancado de las plantas, previa extracción de muestras, ensacado y traslado al lugar que determine la autoridad judicial, que puede ser directamente la eliminación o conservación durante el tiempo que se determine”, añaden fuentes del mismo organismo.

Hasta el momento en el que se contrataron estas compañías, el ministerio había apostado por la compra de máquinas destructoras de biomasa (desde 2017 ha adquirido cerca de medio centenar) que manejaban los propios agentes para hacer frente a los problemas que ocasionaba, tanto de seguridad como de salubridad, la acumulación de estas plantas en almacenes policiales hasta que el juez decidía su destrucción. Sin embargo, estas trituradoras se han demostrado insuficientes tras constatar el exponencial aumento de las incautaciones de plantas de cannabis registrado en los últimos años que han situado a España a la cabeza de la producción de esta droga en Europa: en 2021 fueron más de tres millones, lo que supuso un incremento próximo al 100% respecto al año anterior, en el que fueron 1,7 millones. Interior aún no ha facilitado datos sobre las aprehendidas el año pasado.