Más trituradoras contra la avalancha de marihuana

El narcotráfico se combate con policías, armas, confidentes y largas investigaciones, pero también con maquinaria de jardinería. Sobre todo en el caso de la marihuana, en la que la custodia de los cada vez más voluminosos alijos de plantas de cannabis incautados se ha convertido en un auténtico problema logístico para la justicia. Por ello, el Ministerio del Interior inició el pasado lunes la licitación de un concurso público para adquirir, al menos, 20 nuevas máquinas destructoras de biomasa para triturar la cada vez mayor cantidad de marihuana intervenida en operaciones antidroga y, así, duplicar la capacidad que tenía hasta ahora. Todo ello, después de que el año pasado las Fuerzas de Seguridad del Estado, incluidas las policías autonómicas, intervinieran una cifra récord: 1.538.995 plantas de cannabis, un 57% más que en 2018, cuando fueron 981.148.

Estas trituradoras se sumarán en los próximos meses a las siete compradas en 2017 y a las 15 adquiridas en 2019, y que se han revelado insuficientes ante el aumento exponencial de los alijos. La Fiscalía alertaba en su última memoria, hecha pública recientemente, sobre los “importantes problemas de salubridad” que la acumulación de estas plantas está provocando en los almacenes donde se custodian hasta que se procede a su destrucción final. El documento del ministerio público apuntaba además a que el problema irá en aumento al alertar sobre “la proliferación de plantaciones de cannabis, especialmente indoor [bajo techo] con instalaciones muy sofisticadas”, así como de “su progresivo desarrollo e implantación en todo el territorio nacional”.

Interior ha presupuestado 50.699 euros, IVA incluido, para la compra de estas 20 nuevas trituradoras, algo más de 2.500 euros por cada una. Busca, en concreto, máquinas de las que se utilizan habitualmente en labores de jardinería con dos características muy concretas: que sean capaces de triturar ramas de hasta siete centímetros de diámetro y que sean de “reducido tamaño” y con ruedas para facilitar su traslado, según recoge el documento de licitación al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Es necesario que las Unidades Territoriales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se encuentren dotados de esta maquinaria para la reducción del volumen mediante el triturado de plantaciones de marihuana aprehendidas para su posterior destrucción, al objeto de contribuir con operaciones relacionadas con el crimen organizado, así como con el tráfico de drogas”, añade el documento.

El ministerio adquirió la primera de estas máquinas en 2017, un año en el que las aprehensiones de marihuana se dispararon hasta las 1.124.674 plantas, un 538% más que el año anterior, cuando habían sido intervenidas tan solo 176.165 unidades. Aquella trituradora se puso a prueba en Granada, al ser esta la provincia en la que, en aquel momento, más volumen de esta droga se incautaba. El resultado fue tan positivo que el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO), el organismo de Interior que se encarga de gestionar la destrucción de la droga, adquirió ese mismo año otras seis máquinas y las distribuyó por otras tantas provincias. Dos años después, compró 15 más.

A todas ellas se sumarán ahora 20 —habrá, por tanto, 42 en total—, que se repartirán de dos en dos (una para la Guardia Civil y otra para la Policía Nacional) en provincias que hasta ahora no cuentan con ellas. Fuentes policiales señalan que el objetivo es continuar con las adquisiciones en los próximos años hasta cubrir todo el territorio. Pese a la nueva maquinaria, Interior seguirá contratando puntualmente a empresas externas para triturar marihuana, sobre todo cuando las plantaciones clandestinas desmanteladas tienen 1.500 plantas o más, donde la capacidad de las trituradoras adquiridas es insuficiente.

No obstante, estas máquinas no son el punto final de la marihuana intervenida. El triturado permite reducir de manera considerable su volumen y, de este modo, atenuar los graves problemas de almacenaje que sufren los depósitos policiales y judiciales. “Las plantas son seres vivos que tienen insectos y que terminan pudriéndose, con el consiguiente desprendimiento de olores y humedad. Este proceso termina afectando a los sistemas de alarma de los propios depósitos”, detallan fuentes policiales.

Una situación que se intenta atenuar acelerando los procesos de destrucción. De hecho, entre el 20% y el 50% de la droga intervenida es enviada por Interior “por razones de urgencia” y con autorización judicial, directamente desde las dependencias policiales a los puntos de destrucción, sin pasar por las llamadas Unidades Regionales de Custodia y Depósito (URCD) ante la situación cercana al colapso que han sufrido estas últimas, según apuntan fuentes policiales.

Tras ser triturada, la marihuana es destruida. Para ello, el CITCO ha buscado alternativas a su incineración en hornos tradicionales y llegado a acuerdos para deshacerse de ella en vertederos de basura, donde es mezclada con residuos sólidos. La Fiscalía destaca que, en la actualidad, el tiempo que transcurre entre la incautación de un alijo de cualquier tipo de droga y su destrucción final oscila entre el mes y medio y los tres meses. Fuentes policiales insisten en la necesidad de acortar estos plazos con la marihuana “por los grandes problemas que su almacenaje ocasiona”. Las máquinas destructoras de biomasa pueden ser la solución.