Asociaciones de memoria piden al Gobierno que indague si el cortijo de Queipo de Llano puede expropiarse

Durante seis años, ciudadanos anónimos de varias plataformas memorialistas han investigado por su cuenta documentación que demuestre que el cortijo de Gambogaz, en la localidad sevillana de Camas, fue adquirido de manera fraudulenta por el general golpista Gonzalo Queipo de Llano. Tras este tiempo, en el que aseguran han recopilado valiosa documentación que lo atestigua, creen que ahora es el momento de pasarle el testigo al Estado. Piden que utilicen la información recopilada para determinar si es posible recurrir a los tribunales para expropiar la finca, donde se empleó mano de obra forzosa, y que pase al dominio público.

La reclamación se ha formalizado esta mañana y la han dirigido a la Secretaría de Memoria Democrática los representantes de la Plataforma Gambogaz, que reúne a varias asociaciones memorialistas. Lo hacen en un escrito en el que solicitan que, como en el caso del pazo de Meirás la residencia de verano del general Franco en Galicia, el Gobierno impulse una comisión de expertos que investigue la situación del cortijo y que, si constatan que hay evidencias de esa posible adquisición irregular, den traslado a la Abogacía del Estado para que lleve el asunto a los tribunales y el inmueble pueda pasar al patrimonio público.

Bonifacio Cañibano, el responsable del equipo de investigación de la plataforma, ha destacado que en estos años se han ido sumando “historiadores profesionales” a la labor de los miembros de Gambogaz. “Lo sabemos casi todo, tenemos casi todos los documentos y los que no tenemos, sabemos dónde están; la Abogacía del Estado podría localizarlos y con ellos estudiar qué posibilidades hay de que los tribunales entren en este asunto”, ha pedido.

Sin embargo, aplicar la vía Meirás no es tan sencillo, porque a diferencia del pazo del que disfrutaba Franco y que era una residencia oficial, el cortijo de Gambogaz es una propiedad privada y, como tal, la Ley de Memoria Democrática tampoco permite expropiarla. “Queremos que se implique la Secretaría de Memoria Democrática y que promueva esa comisión de juristas e historiadores, para que sean capaces de ver las ranuras [legales] para que este caso pueda prosperar”, ha reconocido Cañibano.

La Plataforma ha dado con “dos puertas” que pueden dar acceso a esos resquicios legales. Se trata de dos vías que demostrarían que se utilizó dinero público y se abusó y esquilmó una fundación pública —la que constituyó Queipo en el cortijo en el mismo acto de compraventa de la propiedad en 1937―. Y que exista una vinculación con lo público es esencial para explorar la vía Meirás. En este tiempo, Cañibano y su equipo han obtenido una profusión de documentos que han depositado en la sede de la Delegación del Gobierno para que la pueda considerar el Gobierno. “Es evidente que Queipo se apropió de Gambogaz mediante operaciones simuladas, artimañas, falsificaciones y flagrantes irregularidades”, afirma el investigador sobre el general del bando nacional.

La primera posible puerta lleva a la hipoteca de 750.000 pesetas que pesaba sobre el cortijo de Gambogaz cuando Queipo firmó en la Nochebuena de 1937 la compraventa del cortijo con fondos adquiridos a través de una cuestación popular en su favor entre los vecinos de Sevilla. El crédito fue concedido por la sucursal del Banco de España en Cádiz a Manuel Camacho, en enero de 1937, un mes antes de ser detenido e ingresar en prisión por tráfico de divisas, “Queipo nunca pagó esa hipoteca. No existe ningún registro de esa operación”, indica Cañibano.

La segunda posible puerta es la Fundación Benéfica Social Agraria Gonzalo Queipo de Llano, que el general golpista constituyó en el mismo acto de compraventa del cortijo. Cuando regresó de Roma en 1943, Queipo decidió poner a su nombre esa propiedad, una cesión que se realizó “a título de venta” y por la que el militar se comprometió a pagar dos millones de pesetas antes de septiembre de 1944. “Queipo compró dos veces Gambogaz y no pagó en ninguna de ellas, porque esos dos millones no constan en ningún registro, ni en las cuentas de la fundación, que siempre han sido un desastre, ni en el Banco de España, ni en el Banco Hipotecario que es quien le concedió supuestamente esa cantidad”, señala Cañibano. “Ni el notario, ni el registrador se percataron no solo de que los bienes de una fundación pública eran intransferibles, sino que Queipo no había pagado esos dos millones”, añade.

“Gambogaz es la punta del iceberg del expolio que llevaron a cabo los golpistas en Andalucía”, señalan desde la plataforma. “No estamos hablando solo de una residencia particular, estamos hablando de un saqueo llevado a cabo por el señor que masacró a miles de personas en Andalucía”, abunda Cañibano. “Creemos que existen suficientes elementos en la investigación para que la Administración inicie su propia investigación oficial, pero son sus expertos ahora los que deberían determinarlo”, añade.

La actual propiedad del cortijo está dividida entre los múltiples descendientes del militar. La familia Vázquez, heredera del los propietarios originales del cortijo y que vendieron buena parte a Camacho, explican que el resto de los terrenos vendiéndoselos a Queipo bajo amenazas de llevar al frente a familiares. José Manuel Vázquez, uno de esos descendientes y que posee la escritura original, también quiere que el cortijo pase a ser propiedad pública y que pueda ser visitado como un lugar de memoria. Queda la incógnita de los herederos de Camacho. “No creo que nadie quiera ahora adquirir un cortijo cuya propiedad está tan cuestionada y no hemos dado ningún paso legal para que se impidiera en tanto no quedará claro cómo se adquirió, pero es un tema que sí nos gustaría tratar con el secretario de Estado” apunta Cañibano.

En estos seis años, el hecho de investigar por cuenta propia, ha hecho que el equipo de la Plataforma Gambogaz se topara con obstáculos difíciles de salvar, como la ley del notariado andaluza que prohíbe acceder a anotaciones en registros notariales a personas que no tengan relación de parentesco con los titulares, lo que les ha impedido por ejemplo acceder al acta de compra-venta del cortijo de 1937. “El Estado podría haberlo conseguido antes”, señala Cañibano. Con todo, en estos años se han sumado a sus pesquisas historiadores como Paul Preston, que cifró en 100.000 pesetas la cantidad recaudada en la cuestación popular a favor de Queipo y con la que se adquirió la propiedad, Antonio Martín o José María García Márquez, que ha documentado episodios de “esclavitud” en el cortijo.