El Gobierno y el PP se enzarzan por la investigación judicial contra la esposa de Pedro Sánchez

Contra pronóstico, ha sido el propio Pedro Sánchez y no el PP quien ha sacado este miércoles en la sesión de control un asunto que tiene indignado al Gobierno. “En un día como hoy, y a pesar de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país”, ha dicho el presidente en tono contenido. En realidad, en La Moncloa se ha instalado un enorme malestar por la actuación del magistrado Juan Carlos Peinado, que dirige el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y que ha decidido abrir una investigación contra Begoña Gómez, la esposa del presidente, tras recibir una denuncia de Manos Limpias. Esta organización, especializada en presentar denuncias desde hace lustros contra dirigentes políticos (especialmente de izquierdas) que suelen quedar en nada, ha sido investigada en varias ocasiones precisamente por denuncias falsas.

Félix Bolaños, ministro de Justicia, ha añadido abiertamente en los pasillos del Congreso: “Es una denuncia falsa más”. Y la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha remachado: “Estamos ante el peor PP de la historia, el señor [Alberto Núñez] Feijóo se confunde con las prácticas y los discursos de ultraderecha”, ha apuntado la ministra de Hacienda después de que los populares, a través de su vicesecretaria Esther Muñoz, se hicieran eco de la denuncia, exigieran explicaciones al presidente y amenazaran con la posibilidad de convocar a la esposa de Sánchez a la comisión de investigación abierta en el Senado sobre el caso Koldo.

La denuncia de Manos Limpias, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se encuentra fechada el 8 de abril y la firma Miguel Bernad, secretario general de este autodenominado “sindicato de funcionarios”. El escrito se dirige contra Begoña Gómez por “recomendar o avalar con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas”, “prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del Gobierno”. Pero, según admite el propio Bernad en el documento, sus acusaciones se sustentan en informaciones publicadas por “varios diarios digitales y de papel, y posteriormente en tertulias televisivas”. De hecho, de seguido, enumera una serie de titulares de El Confidencial, Vozpopuli, Libertad Digital y The Objective.

Tras procederse al reparto de la denuncia, esta recayó en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, encabezado por el magistrado Juan Carlos Peinado —quien en 2019 ya citó como imputados a varios periodistas por informar sobre el sumario abierto por terrorismo contra miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), aunque a los pocos días dejó sin efecto la medida después de un informe en contra de la Fiscalía—. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha detallado este miércoles que Peinado, tras recibir el escrito de Manos Limpias, abrió diligencias de investigación contra Begoña Gómez el 16 de abril, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Además, el magistrado ha decretado la causa secreta y ha citado a declarar a varios testigos, según ha avanzado El Confidencial. En su denuncia, Miguel Bernad pedía que se interrogara a Gómez y se recogiera también el testimonio de los “responsables de los medios digitales que han publicado las notitias criminis”. Fuentes de La Moncloa han asegurado que a la esposa del presidente del Gobierno no se le ha notificado nada. Y fuentes del ministerio público aseveran que la Fiscalía no se ha posicionado en ningún sentido en la causa porque el juez instructor no le ha informado.

“Primero intentaron inhabilitar al presidente en la Oficina de Conflictos de Intereses. Luego manipularon al Senado creando una comisión falsa, como falsa fue la denuncia ante la Oficina de Conflictos. Y ahora también utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la Presidencia del Gobierno”, ha afirmado este miércoles la vicepresidenta María Jesús Montero. El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha ido más lejos: “Uno empieza a estar un poco harto. Este es un país donde hay que demostrar la inocencia. Se lanzan acusaciones sin datos o información veraz, sin pruebas. Solo para hacer daño, para difamar. Ayer lo volvió a hacer el PP. Trae una información de un [diario] digital y pide explicaciones al Gobierno, no al digital, para que presente las pruebas. Hablamos de una persona a la que se ensucia porque sí”, ha protestado, mostrando el ambiente de indignación que se vive en el Gobierno y el PSOE.

“Indefensión absoluta”

Fuentes de La Moncloa denuncian la “indefensión absoluta” en la que se encuentra Begoña Gómez, porque se ha enterado de estas actuaciones judiciales por la prensa, en concreto por El Confidencial, y no ha sido ni siquiera notificada. Además, anuncian que se recurrirá de inmediato cualquier actuación. “No todo vale en política. La derecha y la ultraderecha han cruzado una línea nunca antes traspasada en la política española”, aseguran estas fuentes gubernamentales.

“Resulta de extrema gravedad que se conozca una actuación judicial por un medio de comunicación sin que haya sido ni siquiera notificado a la parte interesada, lo que provocaría una indefensión intolerable para cualquier ciudadano”, señala La Moncloa. “Podemos afirmar con rotundidad que la actividad profesional de la mujer del presidente del Gobierno es intachable. Se trata de una denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias basada en bulos y noticias falsas, por lo que carece de toda base legal y responde a una estrategia de la derecha y la extrema derecha y sus terminales. La Oficina de Conflicto de Intereses ya archivó en dos ocasiones sendas denuncias del PP. Begoña Gómez ha ejercido el derecho de rectificación ante la publicación de falsedades en varias cabeceras digitales”, rematan fuentes del Ejecutivo.

El PP ha decidido esta vez no llevar el asunto a la sesión de control, donde curiosamente ha sido Sánchez quien lo ha sacado en una respuesta a Gabriel Rufián (ERC), que se solidarizaba con él y trataba de convencerle de que decisiones judiciales como esta demuestran que en España existe “lawfare [guerra jurídica]”, algo que el presidente ha rechazado para mantener su respeto a la independencia judicial. Los populares han optado así por un cierto perfil bajo, al hacer que su líder no lleve directamente la cuestión al debate con el jefe del Ejecutivo, aunque otros dirigentes sí están manteniendo vivo este tema, que ha concentrado en las últimas semanas buena parte de la estrategia de oposición del PP. “Todo es muy grave y todo se acabará sabiendo”, ha resumido el portavoz de los conservadores, Borja Sémper. Los populares parecen decididos a seguir adelante con este asunto, mientras en el entorno del presidente están desolados porque consideran que se ha cruzado una línea roja que en la política española siempre se respetó.