Cristóbal Milán, director de la oficina anticorrupción de Baleares: “Somos incómodos, nuestro cierre es un retroceso absoluto”

El economista Cristóbal Milán (Palma, 57 años) ha acudido este miércoles, como cada mañana, a su despacho como director en la sede de la oficina anticorrupción de Baleares, ubicada en Palma. Tiene ganas de cerrar la agenda y poner punto final a la tensión de los últimos días, que culminó este martes con la aprobación por parte del Parlamento autonómico de la ley de Transparencia y Control de los Cargos Públicos de Baleares. Una normativa impulsada por PP y Vox que contempla la liquidación del organismo de control independiente que dirige desde mayo de 2022 y en el que, hasta hace unos meses, trabajaban otros 13 funcionarios que han tramitado más de medio millar de denuncias en sus ocho años de vida. El cierre de la oficina se llevaba fraguando meses, con declaraciones de diputados de PP y Vox en los plenos del Parlamento que ya avanzaban las intenciones de la presidenta del Gobierno regional, la popular Marga Prohens.

No era ajeno a ello Milán, que empezó a escuchar los ecos de cierre en julio del año pasado hasta que en septiembre comenzaron las primeras declaraciones públicas de diputados del PP. Apenas un mes después de esa declaración de intenciones, una información de Diario de Mallorca destapó que la oficina dirigida por Milán acusaba al director general de Emergencias del Gobierno autónomo, Sebastià Sureda, de encabezar una trama de corrupción urbanística en el municipio de Campos desde 2015, cuando era concejal y socio en una empresa del padre de la presidenta Prohens. “Que este expediente lo precipitara o no, pues no lo sé. Por la forma que tenía la redacción original del texto de la nueva ley, pues todo parecía un poco precipitado, pero creo que la oficina sí se iba a cerrar. No sé decir si se precipitó por esa noticia. Somos incómodos”, dice Milán.

El expediente que investiga al director general de Emergencias y socio del padre de la presidenta Prohens es uno de los que, previsiblemente, terminará en un cajón. La oficina tiene actualmente 207 expedientes en tramitación —once de ellos investigados en fiscalía— que, con la nueva ley, pasarán a manos de la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios de la comunidad autónoma. Este organismo, que no tiene competencias para investigar, remitirá los expedientes a las administraciones que sean competentes por razón del objeto de la denuncia. Si el expediente versa sobre presuntas irregularidades en la consejería de Medio Ambiente, será la propia consejería la que, en teoría, lo resuelva. “El Gobierno será juez y parte” dice Milán, para quien la nueva ley permite al Ejecutivo regional “hacer lo que quiera” porque en ningún caso la nueva normativa obliga a la Inspección General de Calidad a investigar o instruir esos expedientes. “Tiene visos de que los expedientes terminen archivados” lamenta.

La nueva ley aprobada por PP y Vox que pretende, según ambas formaciones, fomentar la transparencia de los cargos públicos no hace sino poner trabas al acceso ciudadano de las declaraciones de bienes y patrimonio de los altos cargos, que solo podrán ser consultadas por determinadas administraciones al tener carácter reservado cuando hasta ahora eran públicas. Además, la ley tampoco contempla un régimen sancionador para quien no cumpla con esa obligación. Para Milán, la ley está hecha de “parches” porque no deja “claro” cómo se tendrá que publicar y qué es lo que se tendrá que publicar, siendo “incongruente” en su articulado. Sin embargo, uno de los aspectos más lesivos es, a juicio del director de la oficina, la situación de desprotección en la que queda el ciudadano a la hora de presentar denuncias por irregularidades administrativas. “Al ciudadano le quedará la vía judicial, la fiscalía y la policía, pero ¿cómo te vas a la policía a presentar una denuncia de carácter administrativo? Un tema de urbanismo, de personal, de contratación pública... hasta ahora podías presentar en la oficina cualquier tipo de denuncia y nosotros investigábamos, porque la fiscalía, cuando no es un delito, lo archiva porque no les corresponde a ellos”, sostiene.

Milán rechaza las acusaciones de PP y Vox de que el organismo que dirige esté politizado y lamenta que nadie del actual gobierno regional o de los partidos políticos haya acudido a la oficina para comprobar el trabajo que se hace. “Decir que estamos politizados es desconocer cómo funcionamos, para poder juzgar algo tienes que conocerlo, los datos subjetivos a nivel político no los discuto, pero no pueden ser un argumento objetivo para el cierre de una oficina” dice Milán. Según explica, los expedientes se instruyen “por riguroso orden de entrada” y sin ningún tipo de instrucción para que la resolución “se guíe de un lado a otro”. “Aún es el momento de que alguien venga a esta oficina o pregunte sobre cómo tramitamos los expedientes” lamenta e insiste en negar cualquier tipo de directriz política.

Tampoco la hubo cuando la oficina anticorrupción examinó el contrato que el Gobierno presidido por la socialista Francina Armengol realizó con la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la investigación del llamado caso Koldo. Baleares compró más de un millón y medio de mascarillas por 3,7 millones de euros a esta empresa en plena pandemia. “He visto el expediente, porque yo no dirigía la oficina cuando se examinó. Se analizó toda la compra que se hizo en periodo de pandemia, cuando se utilizaba la compra de emergencia y una vez realizada la adquisición se montaba el expediente de contratación. Por lo que he visto en el informe se pone de manifiesto que hay una serie de compras, porque se analizaron todas, en las que se ve que puede haber algún tipo de irregularidad. Nosotros no estábamos para hacer una investigación de esos casos porque no había ninguna denuncia en concreto y el informe se hizo de oficio sobre todas las compras”. La investigación, dice Milán, habría llegado si alguien lo hubiera denunciado, aunque cree que en el expediente “no hay nada” que indique que pudiera haber un delito.

La oficina que dirige se disolverá en un plazo máximo de seis meses y él abandonará el cargo una vez la nueva ley esté publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad. Lamenta la liquidación del organismo que dirige en Baleares mientras comunidades como Euskadi están apostando precisamente, por lo contrario, con la creación en esa comunidad de la Agencia Independiente de Protección del Informante. De hecho, considera que la vía a seguir es la marcada por la Unión Europa y por la ONU para el fomento de la transparencia y de este tipo de organismos. “Espero que no sea el primero de más cierres, porque es un retroceso absoluto, un retroceso democrático y en los derechos de los ciudadanos”, concluye.