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Nueve años de lucha contra la burocracia española para traer a un hijo preso en Qatar: “Su madre no lo va a abandonar nunca”

Una mujer batalla por desatascar el acuerdo de traslado de condenados entre España y el país árabe paralizado de forma excepcional desde hace año y medio en el Congreso

Cristina (nombre ficticio), madre de un español preso en Qatar desde hace una década, en la redacción de EL PAÍS.
Cristina (nombre ficticio), madre de un español preso en Qatar desde hace una década, en la redacción de EL PAÍS.Alex Onciu
Patricia Peiró

Cristina se despidió de su hijo en la terminal de salidas del aeropuerto un día de julio de 2015. Fue la última vez que lo vio en libertad. Unas horas después fue detenido en Qatar acusado de tráfico de drogas. Ese delito está penado en el país árabe con la cadena perpetua. Esa fue la condena que recibió un año y medio después. Cristina, un nombre ficticio para proteger la identidad de ambos porque algunos de sus allegados no conocen la historia, lucha desde entonces por el traslado a España de su hijo, que ahora tiene 37 años y es el único preso español en Qatar. El trámite burocrático podría ser sencillo, pero ha vivido parones, retrocesos y demoras que han puesto a prueba la paciencia, la testarudez de esta madre y el frágil estado mental y físico del preso. El último escollo, la convocatoria de elecciones en mayo de 2023, que llevó el proceso prácticamente a la casilla de salida.

Cristina y su marido se conocieron en Andalucía hace cinco décadas. Poco después les ofrecieron a ambos un puesto de trabajo en Qatar y se mudaron al país árabe en los años ochenta. Allí formaron su familia, aunque su hijo encarcelado nació en España, donde también cursó parte de sus estudios. Aunque prefiere no entrar en detalles sobre los hechos que llevaron a su hijo a ser condenado, ella explica que se vio envuelto por las amenazas de unos narcotraficantes. Se dejaron las energías y la economía en costosos abogados, pero nada sirvió: fue condenado a cadena perpetua. En la sentencia se recoge que él colaboró para extraer fardos de hachís del fondo del mar. Ella no discute la condena ni lucha por cambiarla, eso ya quedó en el pasado, pero dice que no parará hasta conseguir trasladar a su hijo a España.

La perseverancia de Cristina comenzó a ponerse a prueba desde el mismo día de la detención. Hasta 2021 Qatar no disponía de acuerdos de traslado de presos a ningún país, pero la celebración del mundial de fútbol motivó una cierta apertura en sus relaciones internacionales. Ese año firmó el primero, con Colombia. A Cristina le dio igual que cuando condenaron a su hijo no existiera ningún tratado y comenzó a insistir en la embajada y el consulado en Qatar para abrir el proceso de negociación con España. Lo consiguió en 2018, cuando su hijo llevaba ya tres años en prisión. La pandemia paralizó esas conversaciones temporalmente y se reanudaron en 2021. Un portavoz del Ministerio de Exteriores explica que, según la experiencia previa en este tipo de acuerdos, las negociaciones siguieron un trámite ordinario y dentro de los tiempos establecidos, teniendo en cuenta que se produjeron situaciones como “el cambio de embajador en Qatar, elecciones gubernamentales y el periodo de la pandemia”.

En mayo de 2022 le comunicaron a Cristina que el acuerdo estaba redactado, pero no fue hasta octubre cuando la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el embajador de Qatar lo firmaron. En diciembre de ese año llegó al Consejo de Estado. En abril de 2023 fue debatido y aprobado en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados y el 11 de mayo por el pleno. El siguiente paso era la ratificación en el Senado, pero la convocatoria de elecciones generales paralizó los trámites. Todo quedó en un limbo. La mujer estaba en vilo, no sabía qué decirle a su hijo, al que había ido informando al detalle del avance que, esta vez sí, parecía definitivo.

En todos estos años ha llamado a todas las puertas, ha reclamado en todas las instancias y ha enviado cartas a todos los representantes políticos e institucionales posibles, incluida la Casa Real española. Se ha reunido con los responsables de prisiones de Qatar, con el fiscal encargado del caso de su hijo, con el cónsul y el embajador español, con diputados de todos los colores políticos, ha contactado con el Defensor del Pueblo y con el Ministerio de Justicia y el de Exteriores, por citar parte de todos los actores que se han cruzado en la película en la que se convirtió su vida desde aquel día de julio.

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En este recorrido, también dio con Javier Casado, de la Fundación +34, una organización dedicada a asesorar y atender a presos españoles encarcelados en el extranjero. “Conseguir la elaboración y ratificación del acuerdo de traslado llevará un mínimo de cinco años”, le advirtió él desde el primer día. “Yo no creía que algo tan simple pudiera tomar tanto tiempo, pero ya llevamos seis. El proceso de negociación hasta llegar a la firma siguió los tiempos habituales, unos cinco años, pero ha sido en la última parte, la ratificación en España donde ha encallado.

El 9 de febrero, Cristina leyó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales un apartado que no entendió, pero sabía que se refería al acuerdo de traslado entre Qatar y España. Se lo mandó a Javier Casado, que le dio la noticia demoledora: el trámite regresaba casi al punto de partida, la comisión de Exteriores del Congreso. Hasta ahora, no ha tenido información de cuándo se convocará de nuevo la reunión en la que se apruebe ese punto del día. “Hay veces que no puedo más, pero luego hablo con él y le digo: ‘Tenemos que sostenernos el uno al otro’. Y entonces sigo para adelante”, afirma. Hace tres semanas, Javier y Cristina estuvieron en el Congreso y se entrevistaron con los portavoces de exteriores de todos los partidos. Obtuvieron la promesa de agilizar la burocracia. Hana Jalloul, la portavoz socialista, explica que la situación es fruto de un “cúmulo de circunstancias” y apunta que “hay unos plazos que no nos podemos saltar, pero he hablado con Carlos Floriano (PP) para tratar de tramitar con urgencia este asunto”.

“Lo normal es que desde que firman el acuerdo el Ministerio de Justicia y el embajador, los trámites finalicen en seis meses. En este caso ya ha pasado un año y medio desde que eso sucedió, así que estamos hablando de unos plazos muy por encima de lo habitual”, apunta Casado. El responsable de la fundación explica que la convocatoria de la comisión de exteriores no es regular y que por eso es imposible saber cuándo se celebrará la próxima y se podrá incluir de nuevo la firma del acuerdo.

Esta experiencia ha supuesto un desgaste diario, Cristina he tenido que luchar literalmente cada paso. “Pero es mi hijo y su madre no lo va a abandonar nunca. Nunca”, señala. No lo dice por decir. Cristina ha batallado para conseguir para su hijo resonancias, poder llevarle libros, volver a disfrutar de visitas después de la pandemia y hasta llevarle palitos y pinturas de colores con los que él construye casas de juguete.

Según datos del Ministerio de Exteriores, hay 945 españoles presos en el exterior a fecha del 1 de febrero de 2024. Según un estudio de la Fundación +34, el 57% de ellos se encontraba privado de libertad, acusado de un delito relacionado con el narcotráfico, como es el caso del hijo de Cristina.

“Estoy cansada de darme hostias”, suelta la mujer en el único exabrupto que pronuncia en dos horas de conversación, pero que demuestra su hartazgo. “Y mi hijo está en unas condiciones mentales muy complicadas. Me ha pedido que no le cuente nada más del proceso de su traslado, que solo le avise de que va a abandonar la cárcel de Qatar el día de antes para anunciarle que haga la maleta”. Ese es el día con el que Cristina y su hijo han fantaseado hasta la desesperación.

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Sobre la firma

Patricia Peiró
Redactora de la sección de Madrid, con el foco en los sucesos y los tribunales. Colabora en La Ventana de la Cadena Ser en una sección sobre crónica negra. Realizó el podcast ‘Igor el ruso: la huida de un asesino’ con Podium Podcast.
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