Más de 900 españoles en cárceles en el extranjero

El cocinero Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor Rodolfo Sancho detenido en Tailandia como autor confeso de la muerte del médico colombiano Edwin Arrieta, se sumó el lunes al cerca del millar de españoles encarcelados en el extranjero. Son 908 (793 hombres y 114 mujeres) los recluidos en prisiones de 69 países, según un documento fechado el 31 de julio por la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Este martes, un portavoz del departamento rebajó a este diario el número a 907. En todo caso, una cifra lejana a los 2.519 que había en 2011, año récord.

La Fundación +34, una ONG que asiste a estos reclusos para prestarles apoyo, ha visitado este año a 571 de ellos en prisiones de 39 países. Su director, Javier Casado, asegura que las condiciones en las que se encuentran son dispares. “En Tailandia [donde, tras el ingreso de Sancho, ya son cinco los reclusos españoles] los principales problemas son el hacinamiento, la escasa comida, el calor y el idioma, pero hay otros países donde las cárceles son más peligrosas”, señala, y pone como ejemplo las de Ecuador, donde hay 14 españoles. “Hace unos días pude hablar con uno de la prisión de Guayaquil que me contó que el mes pasado ni él ni sus compañeros de celda pudieron salir de ella en cuatro días porque había una guerra a tiros entre bandas”, añade. Aquel enfrentamiento provocó 31 muertos, según un recuento oficial del 26 de julio. Las autoridades ecuatorianas han admitido que, desde 2020, han fallecido más de 450 presos en las cárceles del país fruto de enfrentamientos entre grupos rivales.

Sin embargo, no es Latinoamérica, como hace unos años, la región que ahora suma más españoles presos ―en Perú llegó a haber más de 300 en 2016 y en la actualidad hay 26―, sino que ahora es Europa. De los cinco países con mayor número, cuatro pertenecen a la UE: Francia (187), Alemania (129), Bélgica (46) y Portugal (44). El quinto es Marruecos, con 99 internos. Casado destaca que este cambio es fruto, en primer lugar, del inicio, en 2017, de los vuelos de repatriación que permitieron trasladar a muchos de los presos en cárceles desde continente americano. Y en segundo lugar, de las restricciones de movilidad que hubo en 2020 y 2021 por la pandemia, que redujeron el número de mulas [personas que, a cambio de dinero, viajan al extranjero para traer droga en su equipaje] que iban a Latinoamérica. “Ahora, el perfil del español encarcelado predominante es el del transportista de hachís detenido cuando porta droga por carretera en Europa”, dice Casado.

Según un estudio de su fundación, el 57 % de los presos españoles en el extranjero están, de hecho, acusados de un delito relacionado con el narcotráfico. A otro 12,5 % se le imputa homicidio o asesinato, como a Daniel Sancho. No obstante, Asuntos Exteriores matiza que los datos sobre los delitos cometidos no son nunca exactos “porque hay detenidos que no quieren que se notifique la causa del arresto” y, por tanto, no se recoge en las estadísticas. Lo que sí figura en estas es que, de los que ya han sido juzgados, la mayoría tiene condenas inferiores a los 10 años, aunque más de un centenar se enfrenta a penas más duras. En septiembre del año pasado, había 27 condenados a cadena perpetua y uno a la pena de muerte, según una respuesta parlamentaria del Gobierno.

“El 77 % de los españoles presos en el extranjero son primarios, es decir, es la primera vez que ingresan en prisión. Esa circunstancia y la lejanía de su círculo familiar endurece su situación, sobre todo porque muchos son personas con pocos recursos económicos”, señala el director de la Fundación +34. “En nuestras visitas les llevamos ropa y productos de higiene personal, pero también complementos vitamínicos y de proteínas para intentar compensar las carencias alimenticias que sufren”, añade.

Exteriores también les ayuda. Un portavoz del ministerio detalla que, si el recluso lo pide, un funcionario consular lo visita al menos una vez cada seis meses, además de entregarle dinero —un máximo de 120 euros al mes, según se estipula en una orden ministerial de 2022— si el centro penitenciario no reúne unas condiciones mínimas similares a los de España. También le facilita una lista de abogados locales para que lleven su caso si lo piden y, cuando existe convenio con el país, se le asesora para que pueda pedir el traslado a España. “En general, las oficinas consulares hacen un seguimiento individualizado de cada caso, y pueden brindar otras formas de asistencia, como notificar el arresto a sus familiares, si la persona detenida así lo desea; entregar y recibir mensajes y correspondencia, o ayudar con otros trámites. La casuística es variada y depende tanto de cada caso como de las necesidades que pueda haber en cada país”, detalla este portavoz.

“El problema es si no existe convenio”, señala Casado, que pone el ejemplo de Santiago Sánchez, encarcelado en Irán desde el 2 de octubre cuando viajaba a pie por este país para asistir al Mundial de fútbol de Qatar; y que fue arrestado tras visitar la tumba de Masha Amini, la joven fallecida cuando estaba detenida por llevar mal puesto el pañuelo en la cabeza y cuya muerte provocó una oleada de protestas en el país asiático. “No hemos podido ir a visitarle porque las autoridades de Teherán no nos autorizan ni a entrar en el país”, denuncia el director de la Fundación +34.

Casado también cita el caso de un joven que lleva ocho años encarcelado en Qatar por tráfico de drogas y al que la disolución de las Cortes para celebrar las elecciones del pasado 23 de julio ha impedido beneficiarse de un reciente convenio entre el emirato y España. “Solo faltaba que fuera autorizado por el Senado para entrar en vigor y el adelanto electoral lo impidió”, se lamenta.

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