La Armada en la lucha contra el narco: el riesgo de confundir las aguas del Estrecho con las de Somalia

“Es normal y en muchas operaciones antidroga que coordina la Audiencia Nacional hace ya mucho tiempo que la Armada española está actuando”, declaró este jueves en Bruselas la ministra española de Defensa, Margarita Robles. El asesinato de dos guardias civiles, arrollados por una narcolancha el pasado viernes en el puerto de Barbate (Cádiz) mientras el público jaleaba a los contrabandistas desde el muelle, ha abierto el debate sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el tráfico de drogas. Dando por sentado que las fuerzas de seguridad están desbordadas y que las mafias de la droga campan a sus anchas por el estrecho de Gibraltar, se han escuchado voces invocando la intervención del Ejército como el único instrumento capaz de cortar por lo sano la gangrena.

Vox ha presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que declare la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho como “de interés para la Seguridad Nacional [el peldaño inferior a la declaración del estado de alarma que se decretó durante la pandemia], autorizando a tal efecto el despliegue de las Fuerzas Armadas”. Sin embargo, la activación de la Ley de Seguridad Nacional de 2015 no supone necesariamente la intervención de los militares en la lucha contra el narcotráfico. Y a la inversa: el paraguas de esta ley tampoco es imprescindible para que puedan ayudar a combatirlo.

De hecho, como recordaba Robles, hace años que la marina de guerra coopera con las fuerzas de seguridad y el Servicio de Vigilancia Aduanera en la persecución del contrabando de narcóticos. La propia página web de la Armada da cuenta de operaciones como la que se desarrolló el 15 de marzo de 2013, cuando un barco de guerra español interceptó a un pesquero cargado con dos toneladas de cocaína a 1.500 millas al suroeste de Canarias. El abordaje lo realizó un equipo del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional que iba a bordo del buque de la Armada. Y hay muchos otros ejemplos, alguno tan reciente como de la semana pasada.

La mayoría de estas operaciones se producen en mitad del Atlántico, donde no llegan las patrulleras de la Guardia Civil, contra embarcaciones que transportan droga desde Latinoamérica a África o Europa. El papel de los buques de la Armada consiste en servir de lanzaderas para que los agentes policiales puedan realizar en aguas internacionales los registros ordenados por la autoridad judicial. Precisamente, el hecho de que Defensa exija un mandamiento judicial para colaborar en estos abordajes es uno de los obstáculos señalados por la fiscal jefa Antidroga, Rosa Ana Morán, quien ha pedido que se flexibilice el vigente protocolo de colaboración con el Ministerio de Defensa para que los militares puedan intervenir antes de que la investigación se judicialice. Pero incluso en ese caso las Fuerzas Armadas se limitarían a actuar como auxiliares de las fuerzas de seguridad, facilitándoles transporte, suministrándoles la información captada por su red de radares y sensores o realizando misiones de vigilancia en el Estrecho con sus aviones de patrulla marítima.

En cambio, pretender que los militares den un paso más en su implicación en la lucha contra el narcotráfico y tomen el protagonismo, desplazando a los cuerpos policiales, supone adentrarse en un terreno muy resbaladizo, advierten los expertos. En primer lugar, subrayan, porque —salvo los efectivos de la policía militar— los miembros de las Fuerzas Armadas no tienen la condición de agentes de la autoridad y no pueden, por tanto, ordenar a un barco que se detenga en aguas internacionales, registrarlo en contra su voluntad o detener a su tripulación. Tampoco están jurídicamente protegidos, ya que quienes se enfrenten a ellos no cometen delito de desobediencia o atentado a la autoridad, al contrario de lo que sucede con los agentes. Sus procedimientos operativos se basan, además, en el uso disuasorio de la fuerza. Cuando una embarcación sospechosa desatiende sus llamadas por radio para que se detenga, los buques de guerra realizan disparos de advertencia, cada más próximos a su objetivo, hasta que le obligan a detenerse.

Estas son las normas de enfrentamiento (Roes) que rigen la actuación de los buques españoles desplegados en el Cuerno de África, donde combaten a los piratas somalíes en el marco de la Operación Atalanta de la Unión Europea. Allí los infantes de marina o los miembros de la Fuerza Naval Especial pueden abordar los barcos piratas, emplear la fuerza para liberar a sus rehenes y detener a los secuestradores. Todo ello sin una intervención judicial previa. “La cuestión es si de verdad creemos que el estrecho de Gibraltar se ha convertido en el Cuerno de África”, reflexiona un mando de la Armada.