La reforma de la Ley de Seguridad Nacional impone una reserva estratégica para afrontar crisis y pandemias

El Gobierno ha tomado nota de los problemas de desabastecimiento que se produjeron al inicio de la pandemia, cuando escaseaban respiradores y mascarillas, y de la vulnerabilidad de las cadenas de suministro de semiconductores y otros productos industriales que todavía persiste. Para evitar que esta situación pueda repetirse en nuevas crisis sanitarias o de otro tipo, el Consejo de Ministros tiene previsto abordar este martes la reforma de la Ley de Seguridad Nacional de 2015. Además, dará luz verde a la nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2021, que analiza los riesgos y amenazas a los que se enfrenta España y diseña las líneas de acción para hacerles frente.

El principal objetivo del anteproyecto de ley es crear una reserva estratégica de aquellos bienes que se consideran esenciales para preservar los derechos y libertades, el bienestar de los ciudadanos, el suministro de los servicios esenciales y los recursos de primera necesidad y de carácter estratégico. Entre otros, cita los componentes electrónicos, materiales estratégicos, maquinaria de alta tecnología, aeronáutica, semiconductores, química esencial, tecnologías de la comunicación o equipos sanitarios, en una relación que no es exhaustiva.

No se trata de tener estos productos almacenados, sino de disponer de un listado de productos críticos y de las capacidades de producción nacional, susceptibles de movilizarse con rapidez ante una situación de crisis para atender una demanda alta e inesperada. El objetivo es asegurar la capacidad autónoma de producción nacional de estos productos esenciales en una situación de crisis en la que no esté asegurado el suministro exterior o puedan interrumpirse las cadenas de flujo comercial internacional.

El Gobierno se propone reunir en los próximos días la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional, en la que participan gobiernos autonómicos y ayuntamientos para darles cuenta del anteproyecto. De hecho, comunidades autónomas y entes locales tienen un papel relevante en la puesta en marcha de la denominada Reserva Estratégica basada en las Capacidades Industriales de Producción Industrial (Recapi), ya que deberán disponer de un sistema de identificación, evaluación y planificación de medios correspondientes a sus respectivas competencias. Además, colaborarán en la elaboración de los planes de preparación y disposición de medios materiales y humanos para hacer frente a situaciones de crisis.

El anteproyecto cita como sectores de interés para la seguridad nacional, a los que se puede aplicar la ley, la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la marítima, la del espacio aéreo y ultraterrestre, la energética, la sanitaria, la preservación del medioambiente y la salvaguardia de la base industrial que proporciona bienes de primera necesidad.

La reforma tiene muchas implicaciones legales, pues permite obligar a las empresas a mantener, junto a sus habituales líneas de producción de carácter comercial, una capacidad latente de adaptación a la producción de bienes estratégicos capaz de ponerse en marcha y escalar la producción con gran rapidez en caso de emergencia.

Una vez que el presidente del Gobierno declare una situación de interés para la seguridad nacional —es decir, en caso de que declare una situación de crisis— se podrá proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, a la ocupación o intervención transitoria de los mismos o a la suspensión de actividades. Los ciudadanos también podrán ser requeridos a realizar prestaciones personales. De hecho, la reserva estratégica deberá incluir también un listado e identificación de los recursos humanos disponibles según el carácter de la emergencia: personal sanitario, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, militares, conductores, etcétera.

El anteproyecto señala que “la aportación de recursos humanos y materiales, tanto públicos como privados [...] se basará en los principios de contribución gradual y proporcionada a la situación que sea necesario afrontar y de indemnidad”. La contribución del sector privado deberá estar prevista en el decreto en el que declare la crisis y tendrá una vigencia limitada al tiempo necesario para afrontar la emergencia. Quienes sufran perjuicios en sus bienes deberán ser indemnizados.

El anteproyecto modifica la ley 19/2003 de prevención del blanqueo de capitales para incluir la “seguridad nacional” entre los motivos que permiten suspender el régimen de liberalización previsto en la misma.

El Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde también a la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, la primera bajo el mandato de Pedro Sánchez, que sustituye a la aprobada en 2017. El documento, cuyo borrador adelantó Abc, prevé “el desarrollo de un plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla”, sin más precisiones. También se refiere a las “campañas de desinformación”, cuyo objetivo es “generar confusión y socavar la cohesión social”, como una “grave amenaza para los procesos electorales”.