Vox ata corto a sus 1.700 concejales y lamina la autonomía de los grupos municipales

Vox quiere atar corto a los casi 1.700 concejales que obtuvo en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. La dirección del partido que preside Santiago Abascal ha aprobado un nuevo reglamento interno, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que lamina la autonomía de los grupos municipales y transfiere la mayor parte de sus competencias al aparato de la formación.

“El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tiene la plena potestad de cesar en sus cargos a cualquiera de las personas designadas para formar parte de los órganos de gobierno del grupo municipal”, afirma en su disposición final esta normativa, sin parangón en otros grandes partidos de ámbito nacional. Se trata de una batería de disposiciones que privan a los cargos electos de Vox de facultades como la de nombrar responsables de empresas públicas municipales o presentar denuncias en defensa de sus vecinos. Para asegurar su cumplimiento, impone una férrea disciplina: a los que incumplan les amenaza con sanciones que pueden llegar a la expulsión del partido.

El Reglamento Interno General para los Cargos Locales de Vox, con 30 artículos y cuatro disposiciones, fue remitido a principios de este mes a todos los concejales, diputados provinciales y consejeros insulares del partido, sin explicación alguna ni más indicación que la de que había sido aprobado “recientemente” por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Se supone que lo hizo el anterior, ya que este órgano se renovó el 27 de enero, en la asamblea general de Vox, y no se ha reunido con su nueva composición hasta el pasado lunes.

El reglamento obliga a los cargos electos a “guardar total confidencialidad respecto a toda información que reciban del grupo o del partido”, así como a mantener en secreto “las deliberaciones, acuerdos, documentación e informes; en suma, la actividad municipal del grupo”, subraya el texto, salvo aquella que los responsables de comunicación de Vox decidan hacer pública o cuando “la propia tramitación legal así lo requiera”. Todos los ediles deberán firmar un documento de confidencialidad y otro por el que ceden a la formación ultra “los derechos de imagen y propiedad intelectual de su trabajo”.

Según este reglamento, los grupos de Vox en las instituciones locales deberán seguir las indicaciones del responsable provincial, nombrado por la Vicesecretaría Nacional de Organización, que les trasladará “argumentarios e instrucciones políticas y técnicas”, así como “los posicionamientos políticos y los sentidos de voto” en las distintas votaciones del consistorio, todo ello para garantizar “la necesaria unidad de doctrina del partido”. En caso de ausencia del portavoz del grupo, corresponderá a la dirección nacional decidir quién asume sus funciones; así como elegir a los sustitutos en los cargos internos de los ediles que dejen el grupo o rompan su disciplina.

El reglamento detalla la forma en que deben elegirse los cargos de empresas de titularidad municipal cuya designación corresponda a Vox. Los grupos municipales remitirán unas fichas con los requerimientos técnicos del puesto, tres o más currículos de posibles candidatos y una propuesta de nombramiento a las vicesecretarías de Organización y Gerencia; pero serán estas últimas —es decir, el aparato del partido en Madrid— las que tengan la última palabra. “Cualquier nombramiento que no se realice por este procedimiento no contará con el beneplácito del partido, que podrá exigir el cese del nombrado y, en su caso, determinar las responsabilidades exigibles”, advierte el artículo 12 del reglamento.

Especialmente estrictas son las normas sobre el derecho a la tutela judicial de los concejales. “Los cargos electos del partido […] no se encuentran facultados en ningún caso para formular, en su propio nombre ni en nombre del partido, denuncias, querellas ni cualquier escrito que suponga interponer reclamación, queja o similar ante cualquier órgano, sea jurisdiccional o no”, advierte taxativamente.

Las únicas excepciones son las denuncias en defensa de sus intereses “estrictamente particulares y pertenecientes a su esfera privada”; pero, incluso en este caso, si la actuación va dirigida contra la institución en la que desarrolla su labor contra personas de la misma, el edil deberá informar al partido, que podrá oponerse. En los demás casos, la interposición de denuncias penales o de recursos contencioso-administrativos requerirá la autorización previa del área jurídica de la formación.

Las normas impuestas a los grupos municipales son tan amplias y prolijas que, para asegurar su cumplimiento, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) ha incluido en el reglamento un régimen disciplinario específico para sus concejales, diferente y más duro que el que figura en sus estatutos, el único que ha sido aprobado por la Asamblea General de Vox.

Así, castiga como falta grave, sancionable con la suspensión de militancia y la inhabilitación para ocupar cargos públicos en representación del partido por un tiempo de hasta dos años, incumplir el deber de confidencialidad o desatender “las instrucciones” de los órganos dirigentes de la formación. Y tipifica como falta muy grave, que puede conllevar la expulsión del partido, el interponer denuncias, querellas o recursos incumpliendo las órdenes del área jurídica de la formación.

Tras haber intentado inicialmente que los grupos municipales entregaran a Vox las subvenciones públicas que reciben para su funcionamiento, lo que se acabó desechando por ilegal, el reglamento consagra la fórmula utilizada por la formación en los últimos años: la firma de convenios de colaboración entre dichos grupos y el aparato del partido en virtud de los cuales este último les presta servicios de “asesoramiento político y estratégico, comunicación política formal e informal, redes sociales, formación política e institucional...”, a cambio de un importe fijo anual, al margen de la cantidad o calidad de las prestaciones efectivamente realizadas. Hasta ahora, estos convenios no han sido cuestionados por el Tribunal de Cuentas.