España mantiene sus niveles de percepción de la corrupción pero cae un puesto en la clasificación mundial

España mantiene la misma puntuación del último año en percepción de la corrupción, pero cae un puesto en la clasificación mundial, según recoge el Índice de Percepciones de la Corrupción y critica la ONG que lo elabora, Transparencia Internacional. El país llevaba dos años perdiendo posiciones entre los países mejor valorados, y ahora mantiene la nota anterior (60 puntos sobre 100), aunque en el ranking de 180 Estados analizados desciende un puesto (pasa del 35 al 36), cuatro si se toma como referencia el informe de 2020. Queda rezagado respecto a Lituania y Portugal, los dos Estados miembros de la UE más próximos en la lista, y se queda solo una posición por encima de Botsuana.

Transparencia Internacional denuncia que para revertir la tendencia descendiente general descrita desde 2020 un país “requiere esfuerzos sustanciales” en la mejora de sus instituciones, sus leyes y su jurisdicción. Y detalla que, además de reformas legislativas, España en concreto precisa mejorar el funcionamiento institucional, con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que sigue en el debe del país un año más, y que está pendiente desde hace cuatro años y cuyos miembros ya doblan su mandato caducado.

Pero el informe recién publicado pero referido al año 2023 no solo apunta a la reforma del órgano de los jueces, sino que también aboga, para reducir la corrupción en el sector público, por que se reforme la Ley de Transparencia, se elimine el programa de golden visa o visados dorados —que concede la residencia en España a grandes inversores de fuera de la UE, puesta en marcha en 2013 dentro de la Ley de Emprendedores y cuando la peor crisis económica en décadas lastraba las cifras de empleo y crecimiento—, del que el año pasado la ONG ya lamentó que no hubiera un registro central de sus titulares.

El informe insta, para que España vuelva a escalar puestos tras tantos años de bajadas, a mejorar la transparencia parlamentaria, crear una autoridad independiente de protección de whistleblowers, los informantes que filtran datos que revelen ilegalidades, una figura que está protegida por la UE y que el país incorporó, con añadidos, a su normativa nacional el pasado febrero. También entiende y recuerda que España carece de “impulso” para regular un registro obligatorio de los grupos de interés, una medida que ya mencionó en su informe para 2022.

Transparencia pone de relieve que la marca de España cayó siete puntos entre 2012 y 2018, con una mejora, que luego se reveló solo puntual, en 2019. La puntuación actual, 60, está cinco puntos por debajo de la de 2012. Según detalla el informe, “solo se puede afirmar que hay una mejora significativa en la posición de un país cuando este logra elevar su puntuación de manera continua en años consecutivos”. Y advierte que el país “no debe conformarse con la posición actual (...) por debajo de países que hace dos años estaban claramente lejos de su posición, como (...) Israel o Cabo Verde”. Ambos países superan ahora a España, que comparte puntuación con Letonia y San Vicente y las Granadinas.

El resultado de España se enmarca dentro de un descenso medio, este inaudito en una década, de los países de Europa occidental y la Unión Europea, que logran una puntuación de 65 sobre 100, aunque sigue siendo la región mundial que mejores marcas logra en el índice. Parte de la bajada se debe a la peor puntuación que registran Suecia (82), Países Bajos (79), Islandia (72) y el Reino Unido (71), que la ONG destaca como las más bajas desde que comenzó a hacerse el estudio, en 1995, fruto de 13 encuestas y evaluaciones elaboradas por especialistas que luego se unifican. Solo seis de los 31 países de este grupo mejoran, frente a ocho que sacan peor nota; entre ellos, la más baja, 42 puntos, recae en la Hungría de Víktor Orban. La región global con peor valoración es el África Subsahariana (33 puntos).

Con todo, varios países europeos ocupan buena parte de la cabecera del ranking, liderado por Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega y Singapur, Estados que además acreditan un buen funcionamiento de sus sistemas de justicia, y lo mide en otro índice la misma ONG. En el vagón de cola están Somalia, Venezuela, Siria, Sudán del Sur y Yemen, varios de ellos sumidos en conflictos armados, una causa que Transparencia Internacional esgrime para explicar en parte sus pobres resultados. Y para entender, de manera más general, los países el informe detalla que los democráticos tienden en general a superar a los autoritarios en lo que a control de la corrupción se refiere. Entre los primeros, los que se consideran democracias plenas logran una puntuación media de 73 —es decir, 13 puntos mayor que España—, mientras que las democracias fallidas se quedan en 48 y los regímenes antidemocráticos, solo 32.