Los amagos de pactos sucumben bajo la amnistía

No hay un solo elemento a favor de que el Gobierno y el PP alcancen algún acuerdo dentro de la panoplia de asuntos de urgencia pendientes de antigua o de nueva data, pero del todo necesarios. Lo que le puede venir bien a uno de los actores al otro le perjudica o se sale de su marco estratégico. Demasiada pluralidad territorial para avanzar en un nuevo acuerdo de financiación autonómica; demasiados intereses contrapuestos para sacar del hoyo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos miembros siguen optando por el apalancamiento un lustro después de que el PP decidiera que no iba a soltar su mayoría aunque no le correspondiera. No hay garantías de que el Senado, con la mayoría absoluta del PP, apruebe el techo de gasto acordado por la mayoría contraria del Congreso. Pueden salir estos acuerdos, alguno o ninguno. Esta ausencia total de certezas se desprende de testimonios de interlocutores de diferentes partidos. La palabra “pacto” desaparecerá en los comienzos de semana, solo centrada en el debate y segura aprobación de la ley de amnistía de mañana. El miércoles se producirá la primera reunión del Gobierno y del PP con el mediador europeo sobre el CGPJ. En Bruselas.

Si llega el caso se pactará, como ha ocurrido con la reforma del artículo 49 de la Constitución para dignificar a las personas con discapacidad, pero las condiciones no pueden ser más adversas. Ayer salieron miles de personas a las calles de Madrid para manifestarse contra el Gobierno, en respuesta a la llamada del PP y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, acompañado por los presidentes autonómicos del PP, muy incorporada ya a su agenda las mañanas de domingo en Madrid. “Este es un Gobierno que no tiene vergüenza, que no tiene dignidad...”, clamó Núñez Feijóo. No hay rodeos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez va a amnistiar a terroristas, adelantan en el PP sin esperar a constatar en los procesos judiciales si los indicios que el juez Manuel García-Castellón ve en las actuaciones de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat fugado a Bruselas en 2019, corresponden con el delito de terrorismo, como sí ocurrió con las causas de 12 activistas de los llamados CDR, Comandos de Defensa de la República. Decenas de veces figurará en el diario de sesiones del pleno del Congreso de mañana el vocablo terrorismo, dentro del debate sobre la proposición de ley de amnistía. El texto ha ido transformándose sorpresivamente y a toda prisa, a medida que el juez García-Castellón emitía nuevos autos. A cada auto, le sobrevenía su enmienda en este inédito forcejeo entre dos poderes del Estado. El Ejecutivo, para llevar adelante su decisión de amnistiar a los encausados o fugados por el procés; el juez, para que no lo consigan, en general, y Puigdemont en particular.

La aprobación mañana de la ley de amnistía tiene aún por delante el paso por el Senado y, su vuelta al Congreso. Se aprobará pero todavía quedan horas parlamentarias con discursos encendidos en los que de palabra se situará a España, no solo en “el extrarradio de la Constitución”, como señaló el socialista y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sino a un paso de un régimen al margen del Estado de Derecho, a decir del PP y Vox.

“Frente a amnistía, libertad, democracia y España”, hiló ayer la presidenta madrileña. Isabel Díaz Ayuso, escuchada por Feijóo y los gobernantes territoriales de su partido. Este es el clima en el que el Gobierno tiene como prioridad de legislatura, además de “la convivencia”, referida a Cataluña y al resto de España, llevar adelante un nuevo modelo de financiación autonómica. Quizá es una pretensión excesivamente ambiciosa –el modelo actual lleva caducado nueve años— pero puede haber otras opciones para aliviar la carga de las comunidades autónomas con una financiación inadecuada desde hace años, como tiene en cartera la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Desde la oposición el expresidente socialista de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, vive el reconocimiento de que su reivindicación permanente de una imprescindible mayor dotación para su comunidad es reconocida. Esa comunidad, gobernada ahora por el PP, junto a Andalucía, Murcia y la socialista Castilla-La Mancha exhibieron esta semana una suerte de unidad —“conjura”— para demandar del Gobierno un fondo de nivelación para las cuatro. No ve el Ejecutivo mimbres para que las autonomías del PP se pongan de acuerdo ni que Feijóo vaya a tratar de hacerlo. Madrid está pergeñando su respuesta pero ahora mismo lo esencial en el PP es no distraerse y no salirse del discurso contra Sánchez, y su decisión de “amnistiar a terroristas”, como apuntan en público los dirigentes del PP.

Sin ambiente de pactos, el miércoles el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, se reúnen con el mediador, Didier Reynders, comisario europeo de Justicia. Reynders tiene una ardua tarea de mediación. “Con quien distingue entre terrorismo bueno y malo, de pactos nada, no se puede ir ni a cobrar una herencia”, ha avisado el líder del PP catalán, Alejandro Fernández. Vox, por su parte, sigue de cerca todo lo que pueda hacer el PP. “Se manifiestan los domingos y acuerdan los lunes”, interpretó ayer su líder, Santiago Abascal. Con el pleno de la amnistía de mañana, no será fácil hablar de pactos. No esta semana.