Marlaska recibe de nuevo en el Congreso el rechazo a derecha e izquierda por su gestión migratoria

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido este miércoles en el Congreso para defender su política migratoria y ha recibido reproches de todo el arco parlamentario. De derecha a izquierda. De Vox a Sumar, pasando por sus aliados vascos y catalanes. Mientras Grande-Marlaska ha destacado su gestión migratoria, centrada en cooperar con los países de origen, luchar contra las mafias y evitar la demagogia, los diputados han vuelto a demostrar cierto consenso en un tema que divide a cualquier parlamento: la crítica a su gestión en el ministerio, aunque con diferentes enfoques.

La derecha le ha reprochado el aumento del 73% de las entradas irregulares, mientras que EH-Bildu ha denunciado el colapso del sistema de asilo en el que las dificultades para pedir cita imposibilitan en la práctica solicitarlo. Hasta Vox ha cargado contra “la parálisis” en la resolución de las solicitudes de asilo, que lleva a una situación “endiablada” que empuja a los solicitantes a la “marginalidad”.

Como era de esperar, la distribución de inmigrantes llegados a Canarias por diferentes territorios, ha sido motivo de crítica de varios diputados. Principalmente de Junts que, a pesar de un aparentemente discurso positivo ante la inmigración, se ha quejado de que Cataluña está asumiendo una acogida desproporcionada de las derivaciones a la Península de inmigrantes llegados a las islas. La afirmación es falsa, pues, a 27 de noviembre, Cataluña estaba asumiendo a 76 inmigrantes por cada 100.000 habitantes, frente a los 126 de Andalucía o los 133 de Murcia, según datos oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Grande-Marlaska ha destacado que España pide en Europa solidaridad obligatoria a la hora de ocuparse de los inmigrantes y que, por coherencia, esto debo aplicarse también en nuestro territorio. Con los adultos, pero también con los niños, “una asignatura pendiente de todos nosotros”.

El Pacto Europeo de Migración y Asilo ha ocupado buena parte de la comparecencia del ministro que aún confía en que salga adelante antes de que acabe la presidencia española del Consejo Europeo el próximo 31 de diciembre, una pretensión optimista ante la cantidad de obstáculos en la negociación que aún quedan por superar. El contenido de este acuerdo, que pretende sentar las bases de una nueva política europea ante la inmigración, ha motivado las críticas de varios diputados. El PNV ha mostrado su “inquietud” por el contenido del pacto europeo de inmigración, una preocupación a la que se han sumado ERC y Podemos. “Ningún pacto nos va a satisfacer”, ha reconocido el ministro.

Solo la representante de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha mostrado un discurso amable con Grande-Marlaska en su intervención, aunque ha hecho un reproche al Gobierno en su gestión de la inmigración en el archipiélago: “Necesitamos un interlocutor. No podemos llamar a cinco ministerios cada vez que tenemos una crisis, porque hay quien no coge el teléfono, ni devuelve la llamada”.

Llamó la atención la intervención de Enrique Santiago, de Sumar, socio de Gobierno del PSOE, que pidió al ministro que acabe de una vez con las devoluciones en caliente, “para que nunca más vuelva a haber decenas de muertos en la valla de Melilla”, en referencia a la tragedia del 24 de junio de 2022 en la que murieron al menos 23 personas. Un reproche a esta figura recogida en la ley de seguridad ciudadana ―la conocida como ley mordaza― que también le hizo Ana Vázquez (PP), aunque en el sentido totalmente contrario: “Ustedes han pasado de recurrir al Tribunal Constitucional los rechazos en frontera cuando estaban en la oposición, a ejecutar más rechazos en Ceuta y Melilla que ningún otro Gobierno”.

Santiago ha recordado al ministro una petición recurrente en los últimos meses, que cumpla con el compromiso de permitir que se pueda pedir refugio en delegaciones diplomáticas, como marca la ley y Grande-Marlaska se comprometió a regular el 30 de noviembre del año pasado en el Congreso. En este sentido, Jon Iñarritu (EH-BIldu) volvió a recordar el caso del sudanés que sobrevivió a la tragedia de Melilla y que lleva un año esperando a que se atienda su petición de asilo presentada en la Embajada de España en Marruecos ante el silencio de todos los ministerios implicados.

Grande-Marlaska fue el único ministro que fue reprobado en la pasada legislatura. Su gestión de la tragedia de Melilla le provocó una cascada de críticas de los parlamentarios que le acusaron de mentir. Finalmente, el pasado 9 de febrero los populares sumaron el apoyo de Vox, Ciudadanos, ERC, Junts y la CUP ―un total de 173 síes― para reprobar al titular de Interior.

El ministro, tras escuchar las intervenciones de los parlamentarios, ha acusado a muchos de ellos de desconocimiento. Ante las críticas de inacción de la derecha, ha asegurado que España es el país que más retornos realiza, aunque no ha dado ningún dato que sostenga esa afirmación. Sí ha planteado de forma clara (y esto es algo inusual) las dificultades que cualquier país afronta a la hora de convencer a los países de origen para que acepten vuelos de retorno con sus nacionales. “¿Ustedes que creen, que los países van a aceptar el retorno [de sus nacionales]? ¿Saben lo que representan las remesas de la inmigración en países como Senegal y Gambia? Entre un 10 y un 15% de su PIB. ¿Ustedes se creen que si no hay una cooperación los países van a aceptar?”.

La actuación policial durante los graves altercados durante las manifestaciones contra la ley de amnistía cerca de la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, también ha provocado momentos broncos durante la comparecencia de Grande-Marlaska, sobre todo con los portavoces de PP y Vox. El ministro ha defendido que la respuesta de los agentes ante los incidentes ha sido “exquisita y ejemplar” y ha acusado a los populares, que son los que habían pedido la comparecencia de Grande-Marlaska por estos sucesos, de “sumarse al coro de los que pretenden denigrar, de forma partidaria y oportunista, la labor de nuestros agentes”. “No politicen a los cuerpos policiales, son esenciales para la estabilidad constitucional”, ha reclamado a los populares.

Cargas en Ferraz

La representante del PP, Ana Vázquez ―que en su primer turno de palabra no mencionó los altercados de Ferraz― acusó a Grande-Marlaska de haber tardado “solo 20 minutos” en ordenar cargar en la manifestación ante la sede del PSOE del pasado 6 de noviembre y de que se lanzasen aquel día gases lacrimógenos que, en su opinión, “no se debían usar en ese momento”. Vázquez lo ha comparado con los “seis días” que tardaron los agentes en recibir la misma orden durante los graves incidentes registrados en Barcelona en 2019, tras conocerse la sentencia del procés contra los líderes independentistas. “Ustedes van a amnistiar la violencia más dura que existió”, ha rematado en referencia a la posible aplicación de la ley de perdón para los investigados por aquellos sucesos.

También dura ha sido la respuesta del representante de Vox, Ignacio Gil Lázaro, quien ha acusado a Marlaska de “diseñar una operación política para intentar deslegitimar las manifestaciones pacíficas” ante Ferraz y de utilizar “espuriamente” a la policía para ello. El ministro le ha recordado al diputado de la ultraderecha la polémica asistencia de su compañero de partido, Javier Ortega-Smith, en una de aquellas manifestaciones en la que esgrimió su condición de parlamentario para advertir a los agentes que no cometieran “abusos de autoridad” al hacer frente a los disturbios. “A ver si se aplican el cuento y respetan el principio de autoridad de la Policía”, le ha espetado Grande-Marlaska.

Las portavoces de Junts y ERC, Marta Madrenas y Pilar Vallugera, han reprochado también la actuación policial en Ferraz, aunque en un sentido diferente. Las dos diputadas independentistas han criticado que los agentes actuasen “con una exquisitez, una dulzura, un cariño” con los manifestantes de Ferraz ―en palabras de Vallugera― que los agentes no tuvieron, en su opinión, con los ciudadanos en Cataluña durante los incidentes del 1 de octubre de 2017, día del referéndum ilegal. Marlaska ha negado esa diferencia y ha insistido en que la policía siempre actúa con criterios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”.