El uso conjunto del aeropuerto, último escollo para el acuerdo sobre Gibraltar

El gibraltareño Bruno Callaghan habla con entusiasmo del primer hotel de cinco estrellas que levantará en el Peñón, justo donde estaba el emblemático Caleta. “Cuando cerramos en 2022 teníamos 80 trabajadores y cuando abra en 2028 serán 150″, explica el empresario. Pero a Callaghan la voz se le torna sombría cuando se le pregunta qué será del proyecto presupuestado en 160 millones de libras si el tratado post-Brexit para la Roca no fructifica: “Sin tratado, no hay inversión. Aunque yo fuese un poco loco, los bancos no me prestarían el dinero”. El empresario no es el único que espera impaciente una fumata blanca que nunca llega; asociaciones, sindicatos y trabajadores no ocultan ya su hartazgo ante la falta de resultados tras casi tres años de negociación.

“Quizás haya que salir a la calle para decirle al ministro [José Manuel Albares, titular español de Exteriores] que lo solucione. La presión social siempre aporta”, tercia sin rodeos Alfredo Valencia, trabajador transfronterizo en una empresa de reparto. El linense de 53 años lleva toda la semana escudriñando medios españoles e ingleses para averiguar qué ha dado de sí la entrevista entre Albares y el enésimo titular de Exteriores del Reino Unido, David Cameron. Ha leído las buenas palabras de las dos partes, pero no oculta su decepción porque no haya luz verde: “Yo no tengo la culpa que usted no alcance un acuerdo después de tanto tiempo, me limito a trabajar. Cada gobierno tiene que velar por sus ciudadanos”, protesta.

Tras reunirse el pasado miércoles en Bruselas con el nuevo responsable del Foreign Office y exprimer ministro británico, Albares aseguró que la mayor parte del tratado que regulará las relaciones entre la UE y Gibraltar “está ya acordado” y “solo quedan aspectos puntuales”. Fuentes conocedoras de las negociaciones confirman que el 60-70% del texto está ya redactado pero añaden, parafraseando al propio Albares, que “hasta que todo está acordado, nada está acordado”.

Entre los “flecos” pendientes está el uso conjunto del aeropuerto. No se trata solo de quién hace los controles, sino de determinar si es o no un “aeropuerto comunitario”. Serlo tendría grandes ventajas a la hora de realizar vuelos interiores en la UE, lo que incluye conexiones aéreas con aeropuertos españoles hasta ahora inexistentes, pero también muchas implicaciones legales, pues supone que se le apliquen las directivas europeas en materia de slots o derechos de los pasajeros y que las disputas queden bajo la jurisdicción del tribunal de Justicia de la Unión. El tema se complica porque el aeropuerto está construido sobre un istmo cuya soberanía no reconoce España al Reino Unido y donde los negociadores se mueven en un terreno muy resbaladizo.

La parte británica quiere dejar el aeropuerto fuera del tratado y abordarlo más adelante, cuando la nueva relación del Peñón con su entorno se haya normalizado. Alega, además, que este punto no figuraba en el acuerdo de la Nochevieja de 2020 entre Madrid y Londres, que ha servido de hoja de ruta para la negociación con la Comisión Europea. España alega, sin embargo, que el aeropuerto es un elemento central para la “zona de prosperidad compartida” que se quiere crear entre la colonia británica y el Campo de Gibraltar y condiciona su éxito a este punto. El tema sigue sobre la mesa de negociación y Exteriores sostiene que es posible hallar una fórmula satisfactoria para todos.

Los controles de pasajeros, tanto en el puerto como el aeropuerto, se solventarían con la participación temporal de los agentes de Frontex, el cuerpo europeo de fronteras. Llevarían uniforme europeo, aunque fueran españoles, quienes estuvieran en contacto con el público; mientras que el control de la documentación correría a cargo de la Policía Nacional. La letra pequeña, la más endiablada, es la que debe regular las excepciones.

La más importante de estas es la referida a la base militar. Reino Unido no está dispuesto a que las fuerzas de seguridad españolas, que tienen en su mano la llave para entrar al espacio europeo sin fronteras (Schengen), controlen el acceso de los militares británicos a la colonia, por lo que el tratado incluirá con toda probabilidad un régimen especial para este personal. Londres quiere además un acuerdo paralelo en materia de defensa que permita la cooperación entre las Fuerzas Armadas británicas desplegadas en la colonia y las españolas y que acabe con las restricciones que padecen las primeras.

Otros puntos, como la homologación de las pensiones de los trabajadores españoles, se solucionan con dinero, mientras que el control aduanero de las escasas mercancías que exporta el Peñón a España debe solventar un obstáculo técnico: la incapacidad de la burocracia gibraltareña para aplicar la minuciosa normativa comunitaria.

La entrevista de Albares y Cameron ha servido para reactivar unas negociaciones congeladas más de cinco meses: desde que, tras las elecciones del 28 de mayo, Pedro Sánchez adelantó las generales. Ahora el tiempo corre en contra: el acuerdo sobre Gibraltar debe ser ratificado por el Parlamento europeo, que se disolverá a finales de abril, y la propia Comisión, encargada de la negociación, será renovada tras las elecciones europeas del 9 de junio. Ambas partes aseguran que hay tiempo para cerrar el acuerdo, aunque el calendario presiona: dejarlo para la próxima legislatura europea sería arriesgarse a que naufragara. Por parte británica, un portavoz de Cameron reitera su “compromiso de concluir un tratado entre el Reino Unido y la UE sobre Gibraltar lo antes posible”.

La paradoja es que sea el primer ministro que convocó el referéndum del Brexit —en el que más del 95% de los llanitos votó por seguir en la UE— quien tenga que recomponer los platos rotos y “deshacer lo que hizo tan mal en su momento”, según Juan José Uceda, portavoz de la asociación de trabajadores españoles en Gibraltar (Ascteg). Fuentes cercanas al Gobierno de Gibraltar creen, sin embargo, que puede ser la persona indicada para deshacer el nudo gordiano de unas negociaciones trufadas de desconfianza y complejidades técnicas.

“Estamos muy preocupados, tanto tiempo de incertidumbre para los trabajadores les pasa factura”, apunta Manuel Triano, secretario general de CCOO Campo de Gibraltar. El malestar también tiene que ver con las colas que, esporádicamente, se forman en una frontera que cada día atraviesan 27.000 personas; 15.500 de ellas, trabajadores transfronterizos, según el Gobierno de Gibraltar. Interior asegura que no ha cambiado las directrices de controles aduaneros desde que se iniciaron las negociaciones actuales, lo que da alas a quienes creen que, además de la carencia de infraestructuras, las colas se deben al exceso de celo de algunos funcionarios. Alfredo Valencia no señala culpables, pero denuncia el “suplicio” de atravesar la verja: “Cuando llegas a casa te das cuenta de que lo que pensabas que iban a ser dos horas, son tres”.