Gibraltar desoye la queja de España y confía en que no afecte a las negociaciones pos-Brexit

El Gobierno de Gibraltar ha respondido este miércoles con frialdad a la protesta diplomática planteada ante el Reino Unido por el Ministerio de Exteriores español tras producirse tres incidentes entre buques españoles y británicos en aguas próximas al Peñón este mes de agosto. Aunque la nota verbal, publicada por EL PAÍS, la presentó el departamento de José Manuel Albares ante la Embajada del Reino Unido en Madrid y corresponde a este país dar respuesta, las autoridades gibraltareñas han emitido un comunicado en el que sostienen que no albergan “ninguna duda” sobre la “soberanía británica” de las aguas que circundan el Peñón y afirman que la queja española “no debería tener ningún efecto” en las “positivas negociaciones” para el tratado pos-Brexit.

En la protesta diplomática presentada el lunes, Exteriores enumeraba “tres graves incidentes” registrados este mes en las aguas que rodean al Peñón, y manifestaba su “más enérgica protesta”. La queja aludía a la actuación de embarcaciones oficiales del Reino Unido en aguas que España considera bajo su jurisdicción. El gabinete de Albares recordaba que la posición de la diplomacia española respecto a las aguas de Gibraltar sigue siendo la fijada en el Tratado de Utrecht de 1713; es decir, que no se reconoce a la colonia británica más aguas que las interiores del puerto.

De hecho, la nota verbal remite al artículo X de dicho tratado con el Reino Unido y añade que “España seguirá ejerciendo su soberanía en aguas españolas del mismo modo que lo ha hecho desde tiempo inmemorial”. Ese artículo menciona como propiedades cedidas a la Corona británica “la ciudad y el castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensa y fortalezas”, pero no se incluyen aguas territoriales. Sin embargo, el Gobierno gibraltareño asegura que “no alberga ninguna duda sobre la soberanía británica de las aguas que rodean Gibraltar”. Y añade que “deben evitarse los incidentes innecesarios en ellas, ya que suponen un riesgo para las tripulaciones de las embarcaciones implicadas”.

Gibraltar considera que la nota verbal española, pese a elevar el tono, “no debería tener ningún efecto sobre aquellas positivas negociaciones que están a la espera del resultado de la investidura de un nuevo Gobierno en España”, en referencia al acuerdo con el que ambas partes pretenden regular el escenario pos-Brexit. El Gobierno del Peñón ha asegurado que, pese a que ese acuerdo —que preveía el derribo de la Verja— lleva ya casi tres años pendiente, Gibraltar “sigue comprometido con alcanzar un resultado satisfactorio para todas las partes en las negociaciones del Tratado entre el Reino Unido y la UE para la libertad de movimiento de las personas entre Gibraltar y la UE y la consiguiente creación de una zona de prosperidad compartida en el área circundante”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores hacía referencia en su queja a un incidente ocurrido el día 14, cuando la embarcación Colimbo II, del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), “se vio entorpecida en el desarrollo de su labor” por tres embarcaciones del Reino Unido —del servicio aduanero británico y de la Royal Navy—. También aludía a lo sucedido el día 21 con el pesquero Mi Daniela, cuyo patrón y tripulantes “fueron hostigados por embarcaciones de Estado británicas de nuevo en aguas españolas próximas al Peñón, en clara violación de la soberanía española y actuando fuera de su jurisdicción”. A estas acusaciones replica el Gobierno de Gibraltar afirmando que dicha faena de pesca es “ilegal”. Esos asuntos “han sido durante mucho tiempo un punto de conflicto, ya que Gibraltar cuenta con un estándar de protección del medio ambiente más estricto que España en lo que se refiere al uso de redes y la pesca de arrastre”, añade en el comunicado.

El tercer hecho que motivó la queja española se produjo el día 1, cuando el buque metanero Gas Venus, de bandera panameña, sufrió un vertido de combustible en aguas cercanas al Peñón en una maniobra de repostaje en el mar, conocida como bunkering que es legal pero está denunciada por los ecologistas por su peligrosidad. El incidente provocó un vertido que la Capitanía gibraltareña cifró entre 1.500 y 2.000 litros de fuel, en una zona que está reconocida por la Unión Europea como LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y se encuadra en la Red Natura 2000. El Gobierno gibraltareño se limita a defender que “la normativa de Gibraltar en la materia está reconocida como una de las que tienen mayores estándares a escala internacional”.