España y el Reino Unido llegan a un “principio de acuerdo” para derribar la verja de Gibraltar

La Verja que separa Gibraltar de La Línea de la Concepción (Cádiz), cerrada a cal y canto durante 13 años (1969-1982), separando a familias y vecinos, dejará de existir en seis meses. España y el Reino Unido han alcanzado un “principio de acuerdo” para evitar que Gibraltar se convierta en frontera exterior de la UE. Las dos delegaciones, encabezadas por los respectivos ministros de Exteriores, la española Arancha González Laya y el británico Dominic Raab, estuvieron negociando por videoconferencia hasta bien avanzada la madrugada del jueves, a pocas horas de que la pasada medianoche se consumara el Brexit, el desenganche definitivo del Reino Unido de la UE.

BREXIT | Arancha González Laya anuncia un acuerdo con Reino Unido

Según ha explicado la jefa de la diplomacia española en rueda de prensa desde La Moncloa, Gibraltar se unirá a Schengen, el espacio europeo de libre circulación que integran 26 países (22 comunitarios, más Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein), de forma que la frontera de la colonia dejará de estar en la Verja para situarse en su puerto y aeropuerto. Quienes entren desde territorio español a Gibraltar no necesitarán pasaporte, pero sí los británicos que quieran viajar a su colonia, ya que el Reino Unido no forma parte de Schengen.

Durante el denominado “periodo de implementación”, que se prolongará cuatro años, los controles en el puerto y aeropuerto gibraltareños correrán a cargo de la agencia europea de fronteras (Frontex), pero España será la responsable de que las normas de Schengen se cumplan en el Peñón. Eso quiere decir que los agentes europeos tendrán que dar cuenta a las autoridades españolas, que tendrán la última palabra a la hora de permitir la entrada de una persona o concederle un visado de corta duración (90 días), según la información disponible en la base de datos Schengen.

El pacto, que fuentes de La Moncloa no dudan en calificar de “histórico”, se venía negociando desde junio pasado entre una delegación española y otra británica (con representantes gibraltareños formando parte de la misma), pero hizo falta un sprint final, con las dos últimas noches casi en blanco, al aproximarse la hora límite, (las doce de la noche de este 31 de diciembre), sin haberlo cerrado. El texto ya ha sido remitido por el Gobierno español a Bruselas y ahora deberá plasmarse en un tratado entre el Reino Unido y la UE, ya que la competencia corresponde a la Comisión Europea. El acuerdo no hubiera sido posible si España no hubiera logrado, durante la negociación del Brexit, tener derecho de veto sobre la futura relación de Gibraltar con la Unión.

La ministra española ha subrayado que las medidas acordadas con Londres se aplicarán “sin perjuicio de las pretensiones irrenunciables de ambas partes en materia de soberanía [sobre Gibraltar], que han quedado salvaguardadas”; es decir, que España no renuncia a reivindicar tanto la colonia en su conjunto como el aeropuerto en particular; construido sobre un istmo ocupado ilegalmente por el Reino Unido.

Mientras se completan los trámites necesarios para culminar ese tratado, que se estiman en un máximo de seis meses, se aplicarán “las modalidades que permite Schengen para flexibilizar los controles en la Verja”, de forma que la movilidad (ya muy limitada a causa de la pandemia) sea “lo más fluida posible”, en palabras de la ministra. A partir de este 1 de enero, Gibraltar pasa a ser territorio de un país tercero, por lo que será necesario el pasaporte para cruzar la Verja con dirección a España, aunque los controles de documentación serán muy someros al existir un principio de acuerdo para suprimirlos, según las fuentes consultadas.

González Laya no ha querido ofrecer detalles sobre cómo ejercerá España su responsabilidad sobre la frontera de Gibraltar, ni tampoco si, transcurridos los cuatro años, policías españoles se desplegarán en el puerto y aeropuerto de la colonia. Solo ha señalado que, al final de este periodo, está prevista la realización de consultas y que el papel de Frontex es el de “asistir a las autoridades españolas” y servir de “constructor de confianza”; es decir, disipar los recelos gibraltareños. Fuentes de su departamento han asegurado que, pasado el periodo de transición, serán agentes españoles los que se hagan cargo del control fronterizo.

Además de la incorporación a Schengen, Gibraltar podrá beneficiarse de otras políticas de la UE, como un régimen aduanero para el tráfico de mercancías, siempre con la intermediación y el apoyo de España y garantizando una competencia leal en materia de fiscalidad, medioambiente y relaciones laborales. Se da la paradoja de que Gibraltar (cuyos habitantes votaron casi en un 96% a favor de permanecer en la Unión en el referéndum del Brexit de 2016) podría acabar más integrada en la UE ahora que está fuera que cuando formaba parte del club de la mano del Reino Unido, pues no estaba en Schengen, ni en la unión aduanera ni en el mercado interior.

En teoría, los casi 10.000 españoles que trabajan en Gibraltar (dos tercios de los 15.000 transfronterizos) tenían garantizado el paso fluido por la Verja, incluso sin acuerdo, siempre que estuvieran inscritos en un registro, lo que les habría permitido entrar y salir de la colonia mostrando solo un documento de identidad, a diferencia de los turistas que quisieran entrar al Peñón o de los gibraltareños que pasaran a España para comprar o disfrutar de su segunda residencia.

El problema es que una frontera dura acabaría con muchos de sus empleos en Gibraltar, además de privar a las poblaciones españolas cercanas de una clientela con alto poder adquisitivo. Por eso, el pasado lunes, los alcaldes de los ocho municipios de la comarca hicieron un llamamiento a los Gobiernos de Madrid y Londres para que llegaran a un acuerdo “urgente y positivo en el que los intereses de la ciudadanía prevalezcan sobre cualquier otro tipo de aspecto”. En una declaración institucional, los alcaldes de Algeciras, La Línea, San Roque, Jimena, Tarifa, Los Barrios, Castellar y San Martín del Tesorillo advirtieron de las “nefastas consecuencias económicas, sociales y políticas” que tendría para la zona, con casi 270.000 habitantes, no llegar a un acuerdo.

Por su parte, la ministra González Laya aseguró el lunes que España estaba dispuesta a “levantar la Verja” para facilitar la libre circulación de personas con Gibraltar, pero, advirtió de que, en caso de que no se lograra un acuerdo, el Peñón sería “el único lugar donde haya un Brexit duro”.

El Peñón fue expresamente excluido del pacto al que Bruselas y Londres llegaron el pasado día 24 para regular las relaciones que, a partir del 1 de enero, mantendrá la UE con su antiguo miembro, por lo que su encaje en Europa dependía del desenlace de las negociaciones que España y el Reino Unido (con Gibraltar en la delegación británica) mantenían desde junio.

A través de un comunicado, el ministro británico, Dominic Raab, se ha felicitado del acuerdo alcanzado, “trabajando codo a codo con el ministro principal de Gibraltar y tras intensas discusiones con el Gobierno español”, que servirá de “marco político” para un futuro “tratado separado entre el Reino Unido y la UE con respecto a Gibraltar”. Mientras este culmina, “todas las partes están comprometidas con mitigar los efectos del final del período de transición en Gibraltar y, en particular, garantizar la fluidez de la frontera, que claramente redunda en el mejor interés de las personas que viven en ambos lados”, ha subrayado. Raab ha reiterado el apoyo firme de Londres a “Gibraltar y su soberanía” y ha agradecido a la ministra española “su enfoque positivo y constructivo. Tenemos una relación cordial y sólida con España, y esperamos seguir construyendo sobre ella en 2021″, ha añadido.

Antes de comparecer ante la prensa, González Laya ha llamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para informarle del acuerdo.