Las demandas de la España rural no pisan la moqueta del Congreso

Los programas electorales se han llenado de alusiones rurales, pero estas no entran en el juego parlamentario. Las particularidades y necesidades de la España despoblada han empezado a asomar en las propuestas políticas, pero se desinflan cuando toca debatirlas y ejecutarlas. Solo el 6,7% de 612 las iniciativas parlamentarias de la XIV legislatura, iniciada en diciembre de 2019 y concluida con el adelanto electoral al 23 de julio, abordaban temáticas de este ámbito, según un estudio del observatorio Political Watch junto a la Fundación Cotec. El informe revela el escaso peso legislativo o ejecutivo de las habituales quejas de los habitantes rurales, pero reconoce un aumento de la temática en el discurso político, aunque no se traduzca en apenas avances. Los investigadores han tratado con 15 personalidades de esos entornos y extraído sendas conclusiones: hay que revalorizar los pueblos más allá del sector primario y dejar de idealizar lo rural bajo parámetros urbanos.

El pasado mandato contó con varios partidos provincialistas o regionalistas en el Congreso de los Diputados que el pasado julio perdieron su escaño. Para los autores, fuerzas como Teruel Existe impulsaron una temática recibida del activismo y manifestaciones de los implicados “desde las administraciones locales para movilizar el debate público”. La progresiva aparición en la esfera política, recoge el análisis, sigue un ritmo similar al de la presencia mediática: los participantes constataron en los informativos de TVE un muy escaso protagonismo de esta cuestión. En cambio, valora el estudio, los grandes partidos (PP, PSOE, Sumar y Vox) incluyen en sus programas electorales “secciones específicas dedicadas a lo rural con propuestas y promesas claras, además de otras iniciativas transversales a lo largo de sus programas, cada cual desde sus bases ideológicas”.

Los resultados se presentaron hace unos días en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco (4.500 habitantes), un municipio cabecero en el noroeste de la provincia y rodeado de núcleos mucho más pequeños y con menos servicios. El informe recoge 41 demandas fundamentales formuladas por diversos representantes de la España rural, algunos de ellos presentes en el acto, pero 9 de ellas ni siquiera se han tratado en iniciativas legislativas, al menos desde 2016, fecha donde comienza el análisis.

La responsable del proyecto, Belén Agüero, destaca del escenario político la falta de leyes específicas para el medio rural pese a la presión de grupos localistas, aunque sí cree que “la perspectiva rural” se ha incorporado gradualmente en leyes y medidas. El trabajo expone que de esas 41 propuestas recogidas entre representantes de la España rural 32 sí fueron abordadas en el Congreso de los Diputados, pero muchas de ellas con el cariz demográfico diluido en las leyes de Empleo, Movilidad Sostenible, Integridad sexual o Vivienda. Más confían en la Estrategia de Lucha contra la Despoblación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. “Sigue habiendo un sentimiento rural de no escucha, con demandas sin resolver. En el Senado, aun teniendo menos actividad por su funcionamiento, los grupos regionalistas han tenido más proyección y se han centrado en exclusión financiera rural o facilitar el acceso a Internet”, destaca Agüero. La coautora teme que esos programas ahora más implicados con esta España “se desdibujen en el día a día del Congreso” ahora que Teruel Existe o el Partido Regionalista de Cantabria han perdido su escaño.

“Muchas leyes se cocinan en Madrid sin consultar a la población y sin hacerle participar”, lamenta la investigadora. El proyecto ha contado con 15 voces de distintos ámbitos y procedencias rurales para atender sus peticiones y reflexiones. El mensaje, unánime: romper con los tópicos sobre la vida no urbana con el sector primario como única fuente de empleo y romper el concepto de España “vacía o vaciada” para eliminar el estigma de estaticidad, tradición o pesimismo.

Las respuestas procedieron de perfiles dispares como médicos, docentes, activistas o representantes públicos. Joaquín Alcalde, responsable del espacio de emprendimiento El Hueco en Soria, insiste en el “aumento en la sensibilidad” hacia la causa, pero teme que ante la ausencia de partidos provincialistas “los grandes se relajen y saquen el tema de la agenda”. Alcalde considera que la intensidad política nacional y los conflictos internacionales pueden difuminar el asunto, pero sí señala al coronavirus como agitador del pensamiento social para impulsar la vida rural. “Este año ha sido casi un año en blanco, el bullir se ha perdido”, incide, pues la agitada vida parlamentaria poco trata sobre los conflictos en los pueblos. Entre 2001 y 2017 el 61,9% de las localidades españolas perdieron población y casi la mitad de esas poblaciones tiene menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, según datos ministeriales. Los índices europeos cifran en situación de despoblación a aquellas zonas con menos de nueve personas por kilómetro cuadrado, como ocurre en muchas partes de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón.

La profesora rural en la Costa da Morte gallega Rosa Barreiro insiste en la perseverancia para defender esta forma de vida y las iniciativas necesarias: “No te puedes permitir frustrarte”. La docente ansía aplicar “el sentido común” a la elaboración legislativa, aunque asume la dificultad de traducirlo en intrincadas leyes o planteamientos. “Se habla mucho y no se hace nada, las actuaciones son muy pequeñas. El rural está lleno de vida, debemos tener los mismos derechos o facilidades que los colegios de ciudad”, sostiene Barreiro. La resignación no cabe ante esta problemática, remacha el soriano Alcalde, quien pide memoria: “En cinco años se ha avanzado en un problema complejo y de solución a largo plazo, antes no salía nunca”. Las soluciones, afirma con optimismo, llegarán porque existen “voluntades”, pero siempre con paciencia: “Es como preguntar cuándo se acabará con el cáncer, hay pasos imperceptibles, pero es a largo plazo”.