La policía cree que una máquina de chispas en la discoteca Teatre de Murcia provocó el fuego que mató a 13 personas

El incendio en dos discotecas de Murcia que el pasado 1 de octubre causó la muerte a 13 personas pudo tener su origen en el “uso indebido de una máquina de fuego frío o chispas” en la sala Teatre y, desde allí, se propagó por el techo a la discoteca colindante, Fonda Milagros, donde fueron hallados los cuerpos de todas las víctimas. Son las conclusiones del informe del grupo de homicidios de la Policía Judicial, según han explicado este viernes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ).

El escrito pone el foco también en la ausencia “indiciariamente de un plan coordinado de emergencia y evacuación” en las discotecas, lo que provocó que se “retrasase la evacuación” en Fonda Milagros y que a las víctimas no les diera “tiempo a salir”. La jueza que instruye el caso considera que hay indicios de responsabilidad de los encargados de las discotecas pero por el momento deja fuera de la causa al Ayuntamiento de Murcia, a pesar de que los locales tenían pendiente una orden de cierre que nunca se ejecutó.

Las máquinas de fuego frío se utilizan de manera habitual en espectáculos y eventos en interiores, ya que no funcionan con sistemas de pirotecnia tradicional de pólvora sino que utilizan compuestos granulados de nitrocelulosa que generan un efecto de fuegos artificiales, pero que se enfrían al contacto con el aire. No están recomendadas, sin embargo, para usarse en el exterior, porque el sistema no es compatible con la presencia de humedad o agua.

La policía judicial advierte del posible incumplimiento de determinadas medidas de seguridad recogidas en el plan de emergencia de ambos locales, en los que han detectado indicios de defectos en el cuadro eléctrico, ausencia de extractores de humo, inexistencia de sistemas de alarma o de sirenas de emergencia y falta de suficientes salidas de emergencia libres, entre otras carencias.

Por todo ello, en un auto emitido este viernes por el Juzgado Número 3 de Murcia, que instruye el caso, la jueza considera que “existen sospechas fundadas delictivas” contra los propietarios de la máquina de fuego frío y también contra los administradores o encargados de las dos discotecas “por una supuesta actuación negligente compartida”. Sin embargo, no considera que haya los mismos indicios contra los funcionarios y cargos políticos del Ayuntamiento de Murcia, que había emitido una orden de cierre para las discotecas que nunca llegó a ejecutarse.

La instructora recuerda que las diligencias que se han abierto son para investigar 13 posibles homicidios por imprudencia, y añade: “Nos hallamos ante un suceso complejo que no obedece indiciariamente a una sola causa, sino a diversas”. Pero no considera que haya suficientes indicios para abrir una pieza separada que investigue la actuación del Ayuntamiento de Murcia, como habían pedido los abogados de las familias de algunas víctimas. Estos solicitaban investigar si existió un delito de prevaricación administrativa por omisión, al no haberse ejecutado las órdenes de cierre de las discotecas, pero la magistrada ha desestimado esa petición.

En su opinión, “respecto de los funcionarios —indeterminados— del Ayuntamiento de Murcia, no existen esas mínimas sospechas que justifiquen la apertura de la pieza separada interesada por presunto delito de prevaricación administrativa, no habiendo hasta la fecha más que conjeturas de que la no ejecución de la orden de cese contribuyó al resultado mortal”. El Consistorio ya apartó de sus tareas a los funcionamos vinculados con el expediente de cierre de las discotecas, aunque no han sido suspendidos, sino que siguen trabajando en otras cuestiones.

La jueza señala también en su auto que el Consistorio ha aportado extensa documentación referida a la situación urbanística y administrativa de las discotecas que todavía debe ser analizada pericialmente para poder determinar si hay “sospechas fundadas de que las posibles deficiencias e irregularidades administrativas y urbanísticas tuvieron que ver con el resultado mortal” del incendio.

“Irregularidad administrativa”

La instructora reconoce que había “una irregularidad en la situación administrativa de las discotecas” incendiadas y en la gestión administrativa de la orden de cese, pero insiste en que “esas conductas (por demostrar) podrían ser perfectamente cuestionables en el ámbito contencioso-administrativo” y que, según los datos aportados hasta ahora, no se atisban “mínimas sospechas” de que las “acciones de los responsables del Ayuntamiento de Murcia” entren en el ámbito penal. “La situación administrativa de la discoteca Teatre y Fonda Milagros, sea o no ajustada a la normativa, no puede relacionarse sin más con el resultado mortal producido”, añade el auto. No obstante, la magistrada deja abierta la puerta a abrir esa pieza separada si surgen “nuevos y relevantes datos” a lo largo de la investigación.

Esta misma semana, la jueza denegó también la personación del Ayuntamiento en esta causa, y autorizó que las dos discotecas incendiadas, que habían sido declaradas en estado de “ruina inminente” puedan ser demolidas, pero los derribos deberán hacerse en presencia de la policía judicial para aclarar detalles sobre la instalación eléctrica. Tanto la defensa de los propietarios de Teatre como los abogados de algunas de las víctimas han solicitado retrasar el derribo para que sus peritos privados puedan examinar los inmuebles.