Suspendidos dos guardias civiles que hablaron de “derramar” su sangre por la amnistía

El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha comunicado este lunes formalmente a tres agentes del instituto armado la apertura de sendos expedientes contra ellos por falta muy grave —que puede acarrear la pérdida de destino e, incluso, la expulsión del cuerpo— por haber hecho diversas manifestaciones en los últimos días contra las negociaciones y el posterior acuerdo entre el PSOE y Junts para investir presidente a Pedro Sánchez. La medida, adelantada por eldiario.es y confirmada por EL PAÍS con los afectados y el Ministerio del Interior, supone también la suspensión cautelar de sus funciones (y con ello la perdida de parte de sus retribuciones) de todos ellos durante tres meses.

Dos de los agentes expedientados, un sargento primero y un guardia, son el presidente y el secretario de la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc), el colectivo profesional que el pasado viernes lanzó un comunicado en el que se mostraban dispuestos “a derramar hasta la última gota” de su sangre “en defensa de la soberanía e independencia de España y su ordenamiento constitucional”. Esta asociación ―que defiende el carácter militar de la institución y que en las últimas elecciones al Consejo de la Guardia Civil, de octubre de 2021 solo obtuvo 865 votos entre los más de 82.000 agentes, la mayoría en la escala de mandos― acusaba a los dirigentes políticos de haber vaciado de contenido “la misión constitucional” que tienen las fuerzas de seguridad al permitir la “impunidad” de los líderes del procés.

El tercer expedientado es el guardia que ejerce la función de portavoz de Justicia para la Guardia Civil (Jucil, la asociación mayoritaria dentro del instituto armado) por un mensaje difundido el 29 de octubre en la red social X (antes Twitter) en el que se critica a Pedro Sánchez por la defensa de la amnistía a los encausados del procés que había hecho el día anterior: “La mayor felonía que se puede cometer contra una nación es la traición de quienes tienen el deber de defenderla. El interés personal de un individuo por encima de la libertad del pueblo español”.

Principio de neutralidad

Interior considera que estos mensajes quebrantan el principio de neutralidad política que obliga a todos los miembros de la Guardia Civil, recogido en el preámbulo y el artículo 5 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de 1986. Fuentes de la Guardia Civil detallan que el proceso que se inicia ahora tardará meses el resolverse. Hasta ahora, Interior había mantenido una política de permisividad hacia este tipo de pronunciamientos públicos, que decidió cambiar, precisamente, cuando Jucil lanzó el mensaje en X. Entonces, el departamento de Fernando Grande-Marlaska ordenó a los equipos jurídicos del instituto armado estudiar si el autor de aquella crítica incurría en algún tipo de responsabilidad disciplinaria o, incluso, penal. Idéntica medida adoptó cuando se conoció el comunicado de Aprogc..

Fuentes de Interior explican que el cambio de postura ante este tipo de pronunciamientos se ha tomado al considerar que los representantes de los agentes han superado con sus últimas manifestaciones públicas los límites de la defensa de los derechos laborales de sus afiliados para intentar ser lo que califican como “una suerte de actores políticos”, papel que consideran que no les corresponde. Los pronunciamientos de los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil contra la ley de amnistía se han multiplicado en las últimas semanas. La práctica totalidad de las organizaciones de agentes de ambos cuerpos se han sumado a la ofensiva contra este proyecto ya iniciada por los partidos de la derecha y otros colectivos profesionales, como la judicatura.