Organizaciones de policías y guardias civiles se suman a la ofensiva de la derecha contra la ley de amnistía

El anuncio, el pasado jueves, del pacto entre PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente ha terminado de soliviantar a los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que en las últimas semanas ya habían mostrado su oposición a la ley de amnistía que finalmente se ha recogido en el acuerdo. La práctica totalidad de las organizaciones de agentes de ambos cuerpos se han sumado a la ofensiva contra este proyecto ya iniciada por los partidos de la derecha y otros colectivos profesionales, como la judicatura.

Cinco asociaciones de guardias civiles ―entre las que estaba Justicia para la Guardia Civil (Jucil), la mayoritaria― han calificado este sábado el pacto en un comunicado como “un ataque a la línea de flotación de la independencia judicial” al considerar que “quebranta la separación de poderes, el pilar básico de un Estado de derecho”. El día anterior, una sexta, la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc, minoritaria, pero con implantación en la escala de mandos del instituto armado) hablaba incluso de “derramar” su sangre “en defensa de la soberanía e independencia de España y su ordenamiento constitucional”. En el texto, esta asociación aplaudía también la salida en tromba de diferentes asociaciones judiciales contra la futura ley de amnistía.

Aunque han sido estos pronunciamientos los que en los últimos días han alcanzado mayor resonancia, los representantes de policías y guardias civiles viene mostrando desde hace semanas su abierta oposición a una futura amnistía. El mismo día en que se difundía el comunicado de Aprogc, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), dos organizaciones que hasta hace unos años se situaban cerca del PSOE, se manifestaban en Barcelona en contra del acuerdo alentadas por dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos. Las dos organizaciones, que habían convocado la protesta en apoyo a 45 agentes de ambos cuerpos procesados por su actuación durante diferentes altercados ocurrido en Cataluña durante el procés, calificaron la futura ley de amnistía de “atropello a la Constitución y humillación para Policía y Guardia Civil”.

Ya antes, el 25 de septiembre, cuando aún no había acuerdo entre los socialistas y los independentistas, otra organización, Justicia Policial (Jupol, mayoritario entre la policía), lanzaba un ataque a lo que entonces era un futurible acuerdo con un comunicado en el que se calificaba de “indecente la nueva Ley de Amnistía” y la consideraba “un ataque directo a la democracia y a la Constitución española”. El texto recogía palabras de su secretario general, Aaron Rivero, en el que este tildaba la norma de “menosprecio absoluto a los 10.000 policías que se trasladaron a Cataluña en octubre de 2017 [durante el referéndum ilegal del 1 de octubre], que acudieron a cumplir un mandato judicial y a defender la unidad de España en unas condiciones pésimas de trabajo”. En las elecciones al Consejo de la Policía, celebradas el pasado junio, Jupol incluyó en su lista conjunta con otro sindicato, Alternativa Sindical de Policía (ASP), a un agente, Samuel Vázquez, que en la actualidad es asesor parlamentario de Vox, el partido que ha jaleado buena parte de las protestas callejeras de los últimos días que en varias ocasiones han acabado en graves disturbios.

Hasta el pasado 29 de octubre, el Ministerio del Interior había tenido una política de tolerancia contras estos comunicados. Ese día, el departamento de Grande-Marlaska cambió de estrategia y ordenó a los servicios jurídicos de la Dirección General de la Guardia Civil que analizara si un mensaje de Jucil en la red social X (antes Twitter) con motivo de la defensa que Sánchez había hecho en defensa de la amnistía en el Comité Federal del PSOE incurría en algún tipo de responsabilidad disciplinaria o, incluso, penal. “La mayor felonía que se puede cometer contra una nación es la traición de quienes tienen el deber de defenderla. El interés personal de un individuo por encima de la libertad del pueblo español”, afirmaba el tuit.

Interior consideró entonces que el mensaje quebrantaba el principio de neutralidad política al que están obligados todos los agentes “en el cumplimiento de sus funciones”, recogido en el preámbulo y en el artículo 5 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de 1986, e inició el expediente. Agustín Leal, portavoz de Jucil, negaba entonces a esta acusación: “No hacemos política. Hacemos crítica política como representantes que somos legalmente elegidos de los guardias civiles”.

El argumento del supuesto quebrantamiento de la neutralidad política es el que también ha servido ahora al departamento de Grande-Marlaska para abrir una segunda investigación interna, en este caso contra los dirigentes de la Aprogc por su polémico comunicado del pasado viernes. En el texto, además de hablar de “derramar” su sangre, sus autores justificaban su difusión en la “profunda preocupación” que les había provocado el pacto firmado por los socialistas con el partido del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. “Hoy tenemos que hablar alto y claro. Nos lo exigen un mandado constitucional, moral y con el ciudadano”, añadían.

Fuentes de Interior explican que el cambio de postura ante este tipo de pronunciamientos se ha tomado al considerar que los representantes de los agentes han superado con sus últimas manifestaciones públicas los límites de la defensa de los derechos laborales de sus afiliados para intentar ser lo que califican como “una suerte de actores políticos”, papel que consideran que no les corresponde.