Un juez investiga si el despacho que fundó Montoro se valió de sus “influencias” en Hacienda para cobrar comisiones por beneficiar a sus clientes

El Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona investiga si el despacho de abogados Equipo Económico (EE), fundado en 2006 por quien fuera ministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, se valió de sus influencias en ese ministerio para beneficiar a empresas gasísticas a cambio de comisiones. Según un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la investigación, adelantada por El Periódico de España, se centra en una trama supuestamente creada “para intervenir e influir decisivamente” en reformas legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM). Estas sociedades contrataron supuestamente los servicios del despacho de abogados porque sus miembros “estaban desempeñando cargos al más alto nivel del Gobierno, Administración Central y Autonómicas”, lo que les permitió crear “una red de influencias sobre altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda”.

Cristóbal Montoro fue ministro de Hacienda entre los años 2000 y 2004, con José María Aznar, y entre 2011 y 2018, con Mariano Rajoy. En 2006, entre una incursión en el Gobierno y la siguiente, fundó el despacho Montoro Asociados, al frente del cual estuvo hasta 2008, fecha en la que él se desvinculó y el bufete pasó a llamarse Equipo Económico. A los mandos se puso Ricardo Martínez Rico, que fue secretario de Estado de Presupuestos y Gastos con Montoro en el Gobierno de Aznar. De la nueva sociedad formaban parte también Ricardo Montoro, hermano del exministro; Francisco Piedras Camacho, exdirector de gabinete del ministro; Manuel de Vicente-Tutor, que ocupó diversos cargos en la Agencia Tributaria (AEAT); y Salvador Ruiz Gallud, director general de la AEAT desde agosto de 2001 hasta abril de 2004.

La causa, que se mantiene secreta y en la que participa la Fiscalía Anticorrupción, se abrió en 2018 tras el “hallazgo casual” de unos correos electrónicos de 2013 incautados durante un registro en la empresa Messer Ibérica de Gases, en la localidad de Villaseca y Morell (Tarragona), que estaba siendo investigada por un delito contra la ordenación del territorio. Con las primeras pruebas practicadas tras encontrar los correos y una denuncia anónima, Anticorrupción presentó una querella en 2018 por supuestos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, malversación, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, corrupción en los negocios, falsedad en documentos, contra la libre competencia y de pertenencia a organización criminal.

Según un auto dictado por la Audiencia Provincial en enero de 2022, el centro de la investigación es una supuesta trama “cuya finalidad no sería otra que la de intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM)”. Para ello, añade la Audiencia, contrataron los servicios de la mercantil Equipo Económico (EE) antes “Montoro Asociados” y actualmente desde el año 2016 “Global Afteli” (GA). “Sociedades cuyos miembros vendrían desempeñando cargos al más alto nivel del Gobierno, Administración Central y Autonómicas, creando una red de influencias sobre altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda para la obtención de beneficios fiscales a favor de dichas sociedades gasísticas, mediante modificaciones legislativas que comportaba rebaja del impuesto eléctrico para dichas empresas”. Las cantidades obtenidas por dichos servicios “por su cuantía y vacío valor jurídicos” son, según los investigadores, “las comisiones encubiertas para la consecución de las reformas legislativas pretendidas”.

Fuentes policiales aseguran que la investigación fue tomando envergadura y complejidad a medida que avanzó y que incluso llevó en dos ocasiones (en 2021 y 2022) a los agentes al Ministerio de Hacienda a requerir información. Los primeros correos intervenidos en la investigación que afectaba a Messer Ibérica señalaban los intentos de las gasísticas, a través de informes de una consultora, de actuar como lobby y forzar un cambio legislativo para lograr ser incluidos en un tipo de ayudas públicas. Ante la negativa de Hacienda, los Mossos encontraron un correo donde los investigados señalaban que el único camino que les quedaba a partir de ese momento era al antiguo despacho de Montoro. “Hay que ir a Equipo Económico”, glosan fuentes policiales sobre el contenido del correo electrónico. Un tiempo después, y tras un informe de una quincena de páginas del despacho, la misma administración dio luz verde al cambio que perseguían las gasísticas, indican esas mismas fuentes. La investigación sostiene que la operativa se repitió en otros sectores, como el del juego online o el de las renovables. “Pero hay muchas formas de justificar ese tipo de cambios legislativos”, añaden fuentes de la investigación y admiten la complejidad para demostrar la implicación de los sospechosos en una trama de cobro de mordidas a cambio de reformas legales.

Coto a la intervención de comunicaciones

El auto de la Audiencia da por buena la investigación llevada a cabo hasta ahora por el juzgado 2 de Tarragona, Anticorrupción, la Guardia Civil y los Mossos d´Esquadra, pero pone coto a la intención de la juez de intervenir las comunicaciones de cuatro de los investigados, una medida a la que se opuso la Fiscalía por considerarla excesiva para los indicios acumulados. El tribunal provincial da la razón al ministerio público. “La información trasladada por el grupo de investigación criminal de los Mossos d’Esquadra, valorada en su conjunto, no permite traspasar en este momento el umbral de la sospecha o conjetura”, señala el auto, que subraya “la escasa calidad de los resultados aportados” hasta ahora por los investigadores.

No es la primera vez que el despacho fundado por Montoro se encuentra bajo el foco judicial. El Juzgado número 22 de Madrid admitió a trámite en 2017 una querella presentada por Anticorrupción contra varios miembros del despacho por la adjudicación, presuntamente irregular en 2012, de un contrato de 91.000 euros con las cámaras de comercio saltándose la Ley de Contratos del Estado. Entre los querellados estaban Ricardo Montoro, Martínez Rico, Ruiz Gallud y Piedras Camacho. La investigación acabó cerrándose por falta de indicios sólidos.