El secesionismo más duro pone a prueba a Puigdemont

Una de las grandes incógnitas de las negociaciones para que Pedro Sánchez revalide la presidencia del Gobierno es el punto de torsión de Junts per Catalunya. Hasta ahora, el tránsito de la estrategia de confrontación directa con el Estado a aceptar sentarse para hablar de la investidura lo sostiene que sea Carles Puigdemont — fundador y alma del partido— el que avale el acercamiento. Esa pátina de confianza, sin embargo, se enfrenta esta semana a una prueba de estrés con la consulta interna del Consell de la República, el gobierno paralelo que lidera el expresident desde Bruselas. Un Puigdemont desacostumbrado a que los suyos le tosan, se enfrenta ahora a que sus bases puedan enmendar tanto su gestión en la organización como su giro pactista ante la investidura.

Junts y la entidad que nació para institucionalizar la “vía del exilio” y el mandato republicano supuestamente emanado del referéndum ilegal de 2017 no tienen ninguna vinculación orgánica. Y aunque la figura de Puigdemont es tutelar ambas partes, el expresident dejó de ser el líder del partido en mayo de 2022 para centrarse en presidir el ente con sede en un chalet de Waterloo, que funciona gracias a las cuotas que abonan sus más de 100.000 socios.

En marzo de ese mismo año, cuando fue reelegido como presidente del Consell por 102 votos frente a los siete de su contrincante, Puigdemont dijo que la entidad estaba llamada a culminar el camino a la secesión, “reduciendo su dependencia” de los partidos secesionistas a los que afeó su incapacidad de consensuar una nueva estrategia.

Esquerra, tras un primer momento de simpatizar con la idea del Consell, terminó alejándose al sospechar que el expresident maniobraba para retener la batuta política del independentismo. Junts, por su parte, acusó a sus entonces socios de querer denigrar la figura de Puigdemont al renunciar a esa fórmula de unir a las formaciones secesionistas en “el territorio libre” de Bélgica.

Ese cisma de nacimiento no impidió que el Consell desplegara su estructura, compuesta de un órgano ejecutivo (el govern que preside Puigdemont y donde también está el eurodiputado Toni Comín) y un “legislativo”, la asamblea de representantes, 100 personas que votan los afiliados y que tiene la potestad para controlar la “acción política”.

El Consell terminó por insertarse como una entidad más en el ecosistema independentista, aunque sin alcanzar jamás el peso e influencia de la Assemblea Nacional Catalana u Òmnium Cultural. Iniciativas tales como querer dar al carné de afiliado (que costaba 12 euros) el estatus de “identidad digital republicana” facilitó que sus detractores la ubicaran casi en el terreno de la nostalgia por el momento álgido del procés.

Esa vida casi anodina dio un vuelco total tras las elecciones generales del 23 de julio y la necesidad de los socialistas de contar con los siete votos de Junts para revalidar el actual Ejecutivo. El militante de base Carles Puigdemont automáticamente asumió el protagonismo de las negociaciones de Junts. Algo que se solapó con el anuncio, el 28 de agosto, de que disolvía la asamblea de representantes y se proponía retocar su funcionamiento. La decisión generó descontento entre un sector y en un manifiesto suscrito por una treintena de miembros la calificaron de “ejercicio de autoritarismo de corte bonapartista”, tras recordar que faltaba poco más de dos meses para que se celebraran las elecciones correspondientes.

La propuesta de cambios en la arquitectura del Consell, que anunció en agosto Puigdemont, se sometería a una consulta que acaba este lunes y cuyos resultados se conocerán este martes. Comín, que ha capitaneado una tormenta que directamente salpica a Puigdemont, defiende que la división en dos cámaras por la que abogan recoge la experiencia de rodaje de estos años. El resultado, con consecuencias relativas sobre lo que haga Junts, efectivamente permitirá medir la extensión del malestar por la gestión de quien hasta ahora era un líder intocable.

Y fue precisamente en ese clima de desencanto cuando se forzó otra votación que comienza este martes y claramente se enfrenta al camino defendido por Puigdemont. El Consell permite consultar a sus afiliados temas concretos si reciben el aval de más del 1% de los inscritos y así lo confirma su sindicatura electoral propia. A principios de octubre se dio el visto bueno a que se pregunte si el ente “tiene que promover el bloqueo a la investidura” por parte de los partidos independentistas.

El Consell no sería la primera entidad independentista que abiertamente se oponga a un pacto en Madrid. De hecho, la ANC lleva semanas insistiendo en que la única negociación que debería hacerse es la de los términos de la independencia de Cataluña. Pero a nadie se le escapa que Puigdemont quedaría en una posición incómoda en caso de un voto a favor del bloqueo.

El golpe sería más de carácter emocional que efectivo. Si bien políticamente los socios del Consell estarían más cerca de las tesis de confrontación en el independentismo, algunas voces de Junts aceptan en privado que dependiendo de la movilización sería posible hacer cierto esbozo sobre el apoyo y la percepción en parte de las bases independentistas del giro negociador.

El peso de la posición de las entidades independentistas en los virajes de los partidos ha respondido más a una confluencia de intereses que a un ejercicio real de escucha. Junts, en otros momentos decisorios, ha sometido a sus bases la toma de decisiones como, por ejemplo, salir del Govern hace un año. En el partido no confirman si esta vez habrá votación y sobre qué. Allí nadie osa cuestionar la autoridad de Puigdemont.