La Fiscalía de Murcia investigará la actuación del Ayuntamiento con las discotecas incendiadas

La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha abierto diligencias de investigación penal sobre la actuación del Ayuntamiento de Murcia en relación con las discotecas incendiadas el 1 de octubre pasado, en las que murieron 13 personas, para determinar si existe alguna irregularidad y las consecuencias penales y civiles que puedan derivarse de ello.

En declaraciones a la emisora de radio pública autonómica Onda Regional de Murcia, el fiscal, José Luis Díaz Manzanera, ha explicado que puesto que el juzgado que investiga las causas del incendio por las que abrió diligencias por 13 homicidios imprudentes “no se va a centrar ahora mismo en este otro apartado de la actuación municipal, será el fiscal el que recabará esta información”. “Después, las investigaciones que realice y las conclusiones a las que llegue se aportarán al procedimiento judicial o en su caso se pueden llevar también en un procedimiento judicial distinto”, ha agregado.

Díaz Manzanera ha dado casi por seguro que serán llamados a declarar como testigos o investigados funcionarios o cargos políticos de la corporación actual y de la anterior, pues el cese de actividad dictado para la discoteca Teatre se dictó en 2022, cuando el equipo de Gobierno estaba formado por el PSOE y Ciudadanos tras la moción de censura que rompió la coalición anterior entre CS y el PP. Se va a recabar toda la documentación de los expedientes administrativos o de otra índole en relación con los locales incendiados “y luego ya se irá concretando si existe algún tipo de irregularidad en esa actuación municipal y sus consecuencias penales y civiles”, ha concluido.

Durante el domingo 1 de octubre no trascendió nada acerca de la situación legal de las discotecas. El alcalde de Murcia, José Ballesta (PP), se enteró a las 23.50 de que ninguno de las dos tenían licencia y que el Ayuntamiento había dictado una orden de cierre que no se había cumplido. Al día siguiente, lunes, el Consistorio hizo pública la existencia del decreto de cierre, asumió un fallo en el mecanismo de verificación de la normativa y apuntó también al empresario por incumplir el cese de la actividad. Días después, un juzgado de Murcia abrió diligencias por 13 presuntos delitos de homicidio imprudente.