Un juzgado paraliza la licencia de las obras que requieren las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros

Un juzgado de Madrid ha anulado el acuerdo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) por el que se concedió licencia urbanística para las obras necesarias para acometerlas exhumaciones del Basílica del Valle de los Caídos, denominado “Valle de Cuelgamuros” desde 2022. En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid ha anulado ese acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, como demandaban los recurrentes, entre los que se encuentra la Fundación Francisco Franco. Ese mismo juzgado ya suspendió de forma cautelar la licencia en noviembre de 2021, una decisión que revirtió posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una resolución que este mes de marzo avaló el Tribunal Supremo.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática recurrirá la sentencia, han anunciado fuentes del Ministerio de la Presidencia, que han reafirmado el compromiso del Gobierno con la localización y recuperación de los restos de las víctimas, “tal y como desean sus familiares”.

La anulación llega después de que este verano hayan empezado los trabajos forenses para exhumar a 128 víctimas del Valle de Cuelgamuros. Se trata de un nuevo obstáculo para el cumplimiento de la resolución judicial que en 2016 reconoció el derecho de los familiares de los hermanos Lapeña a recuperar sus cuerpos.

Los trabajos forenses para exhumar a 128 víctimas del antiguo Valle de los Caídos comenzaron el pasado 12 de junio con la búsqueda de 18 cuerpos reclamados por sus familiares ubicados en la cripta de la capilla del Santo Sepulcro, entre ellos los hermanos Lapeña, naturales de Villarroya de la Sierra (Zaragoza) y fusilados en 1936 por los franquistas.

El abogado de las familias de 128 víctimas del Valle de Cuelgamuros, Eduardo Ranz, ha lamentado el nuevo retraso de las exhumaciones que supondrá la anulación judicial de la licencia urbanística que permitía la extracción de los cuerpos. “Es un abuso que define ideológicamente a quien dicta la resolución”, ha dicho a EFE el letrado, que ha recordado que ese mismo juzgado ya suspendió de forma cautelar la licencia municipal en noviembre de 2021. Ranz ha reconocido que desconoce aún el alcance exacto de esta segunda sentencia, dado que el pleito no iba contra las familias, sino contra Patrimonio Nacional. Pero les afecta directamente, porque supone retrasar el proceso de extracción de los cuerpos y “no tenemos tiempo”, ha advertido Ranz, que ha lamentado este nuevo obstáculo para el cumplimiento de la resolución que en 2016 reconoció el derecho de los familiares de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña a recuperar sus cuerpos. De ellos, ya solo queda uno vivo y es muy mayor, ha explicado el abogado, que ha insistido en que “esto no ayuda a que vea cumplida la sentencia” que obliga a exhumar los restos.

Tras solicitarlo el Gobierno, la licencia de obras salió aprobada en junio de 2021 en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (gobernado por el PP), y autorizaba los trabajos de exhumación para identificar posteriormente los restos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista inhumadas en las criptas de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

El pasado miércoles, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a paralizar las labores de exhumación que, desde el pasado junio, se desarrollan en el Valle de Cuelgamuros, nombre que adquirió el Valle de los Caídos tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. El ministerio público respondía así al intento de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos de frenar estos trabajos, con los que se busca recuperar los restos reclamados por familiares de más de un centenar de víctimas de la Guerra Civil; la mayoría, represaliados de la dictadura franquista.

En un escrito presentado en la Audiencia Nacional, la Fiscalía subraya que la suspensión de las exhumaciones “generaría en sí misma un evidente perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”: “Y, en concreto, al cumplimiento del deber de la Administración Pública de proceder a la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas”. El artículo 16 de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre del pasado año, establece que “corresponde a la Administración General del Estado la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura”.