El Tribunal Constitucional avala la legislación de la Región de Murcia para proteger el Mar Menor

El Tribunal Constitucional ha avalado el decreto ley del Gobierno de la Región de Murcia aprobado en 2020 para la recuperación y protección del Mar Menor. La impugnación fue formulada por el Gobierno contra la normativa que modificaba una ley autonómica del mismo año y cuyo objetivo fue dar más atribuciones a la propia comunidad, pero el Ejecutivo central consideró que invadían las competencias del Estado.

La norma perseguía un control más eficaz de los regadíos ilegales y sus consecuencias sobre la preservación del medio ambiente, y se aprobó con los votos del PSOE, PP y Ciudadanos. Se preveía en la nueva legislación que esos regadíos volvieran a “un estado natural”, de modo que se suprimieran las instalaciones de riego que hubieran sido puestas en marcha, así como los cultivos a que hubieran dado lugar. El Gobierno de Murcia —presidido ya por Fernando López Miras (PP), ahora en coalición con Vox— consideró necesario reformar por decreto la propia ley por razones de urgencia a la vista de la “crítica” situación ecológica de la zona.

La sentencia —de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez, del sector progresista del tribunal— explica que los preceptos impugnados habían sido aprobados para aclarar determinados extremos de carácter técnico‑procedimental de la regulación autonómica preexistente, y que la finalidad del decreto era “agilizar la tramitación de los expedientes de restitución de cultivos, que constituyen una de las herramientas centrales de la política autonómica de protección del Mar Menor frente al vertido de nutrientes de origen agrario”.

El fallo —aprobado por unanimidad— desestima íntegramente el recurso, concluyendo que los preceptos e incisos impugnados son conformes con la exigencia de “presupuesto habilitante de la legislación de urgencia”. La demanda del Gobierno, en cambio, consideraba que no existía una situación de “extraordinaria y urgente necesidad” que tanto la legislación autonómica como la propia Constitución exigen para actuar por la vía de un decreto ley.

El Ejecutivo también reprochó a la iniciativa autonómica una invasión de las competencias del Estado sobre legislación, ordenación de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma. Alegó asimismo que se alteraban las normas del procedimiento administrativo común.

El tribunal ha rechazado estos argumentos, considerando que aparte la urgencia de las normas puestas en marcha, el gobierno de la Región definió la situación “de forma explícita, razonada, y a través de una precisa referencia a una concreta coyuntura medioambiental que exige una rápida respuesta (la situación crítica del estado ecológico del Mar Menor, agravada por un grave episodio de hipoxia desde el 16 de agosto de 2021), situación con la cual las medidas adoptadas guardan una evidente conexión de sentido”.